La ONG Acceso a la Justicia concluye que la Asamblea Nacional Constituyente solo dio más poder al gobierno para perseguir a la disidencia.
Primer boletín de la organización contabiliza 114 trabajadores de la salud fallecidos durante la crisis sanitaria por la COVID-19, de los cuales 12 corresponden al estado Bolívar.
Frente a las dictaduras no hay que resignarse nunca. En el caso Venezuela, sin embargo, a veces hay que admitir que algo de razón tiene aquellos que advierten que no se puede hacer por los venezolanos lo que ellos no son capaces de hacer por sí mismos.
Sería un esquizoide contrasentido señalar que la regularidad constitucional fracturada por la fuerza usurpadora y que explica la provisionalidad constitucional, sigue operando con relación al legítimo poder que tiene la responsabilidad de realizar la transición.
No es fácil la tarea para el rey Felipe VI. Le han dejado una pista muy resbalosa. Además, con un gobierno que decididamente no está a la altura, ni de cerca, de las circunstancias que se viven en la península.
En un país sin garantías hospitalarias ni alimenticias, las fundaciones han aparecido para colaborar en comunidades y centros de salud. A pesar de la pandemia continúan su trabajo, no exento de momentos dolorosos y grandes esfuerzos.
En abril de 2008, el entonces presidente Hugo Chávez nacionalizó la Siderúrgica del Orinoco, empresa en la que Pedro Candurí trabajaba como obrero. A partir de entonces comenzó un progresivo declive económico de su familia. Por eso, en sus ratos libres, trabajaba como taxista con su carro. Paolis Candurí, su hija, cuenta en este podcast cómo ese oficio enfrentó a su padre con la muerte.
El analista en materia laboral Héctor Lucena destaca que los consejos productivos de trabajadores (CPT) y el control obrero fueron, desde un primer momento, los lobos del gobierno para amenazar a las empresas… pero también a los sindicatos.
Que el régimen diga que los niños venezolanos van a concluir su año escolar de manera virtual ya es una mentira del tamaño de la represa del Guri.
Néstor Astudillo ya formó parte de la gerencia de Sidor y, luego del escándalo de las cabillas en 2011, se comprometió a garantizar que el material no fuese desviado al mercado negro.