Las desapariciones se han convertido en un flagelo que las autoridades suelen “ignorar”. A juicio de la directora de FundaRedes, Clara Ramírez, el Estado niega a los desaparecidos porque asumir que los tiene es reconocer que algo está muy mal.
La desaparición forzada, según estándares internacionales, es una violación grave de los derechos humanos, tanto así que se considera un crimen de lesa humanidad.
A pesar de la preocupación que causó el despliegue policial y militar en el centro de detención preventiva Guaiparo, por posibles traslados, el director de la Policía del estado Bolívar, Jesús Arteaga, aseguró a familiares de reclusos que solamente se trataba de una requisa.
Saab afirmó que sostuvo entrevistas con los familiares del cantante y que las averiguaciones sobre el caso iniciaron desde cero.
Bajo el obelisco que decora la plaza caraqueña, los manifestantes pegaron los nombres de los 281 presos políticos que la ONG Foro Penal actualiza cada mes.
Miembros del comité de familiares aseguran que el Ministerio Público ha llevado las averiguaciones “a destiempo, de forma negligente y precaria”.
Después de prestar su sede al ejecutivo regional durante la pandemia de COVID-19, la Gobernación la entregó en pésimas condiciones. Ahora, casi recuperada, les piden nuevamente “compartir” el espacio.
La ONG Espacio Público denunció las amenazas contra ocho familiares de la periodista de investigación venezolana. El Tren de Aragua se ha hecho sinónimo de brutalidad en los noticieros de América del Sur.
El abogado Eduardo Torres aseguró que acudirán a organismos internacionales para así denunciar los atropellos que comente el Gobierno nacional.
Los seis de Citgo, filial de Petróleos de Venezuela en EE UU, es un grupo de ejecutivos que en noviembre de 2017 fueron detenidos por presunta corrupción.