Detenciones, amenazas y persecución continúa siendo la realidad que azota a los trabajadores de Guayana quienes alzan la voz en pro de sus beneficios.
La organización, liderada por Rubén González, rechazó la sentencia y exige al TSJ resarcir el daño para los afectados y sus familias.
La temática clave es la depauperación colectiva para entendernos sobre si existe reacción social o no, sobre si hay respuesta anímica a la posibilidad de adhesión a una fórmula política alternativa de cambios para Guayana y para el país.
El precandidato presidencial realizó un breve acto político en Ciudad Guayana, donde expuso temas como las inhabilitaciones políticas, la posibilidad de recuperación del aparato productivo junto con los servicios públicos, así como los hechos de violencia de los que junto a su equipo han sido víctimas en la gira por el país.
Ramón Gómez explicó que la masa de empleados en un principio creyó que se trataba de una “broma” o “fake news”.
En relación a la situación en el arco minero, el candidato sostuvo que la solución de raíz es “un cambio político en Venezuela”.
La oficina del alto comisionado rechazó los bajos salarios y el clima de intimidación contra trabajadores de empresas básicas, del sector salud y maestros.
Personal de salud reporta que las cirugías están paralizadas desde enero por deudas acumuladas con clínicas y médicos desde julio de 2022. A su vez, la CVG adeuda tres meses de honorarios a sus médicos.
El presidente de Futseb, Josué Tremaria, declaró que la junta asumió el compromiso de dar respuesta a sus peticiones sobre el pago de beneficios y la reincorporación de los no requeridos a sus puestos laborales.
El también director de la Escuela de Comunicación Social de la UCAB señaló que el Arco Minero lo percibe como “una fachada” para grupos criminales que operan a través de la violencia para aprovechar el oro de la zona.