El representante del oficialismo explicó que ambas partes están “en el proceso de ver cómo se cumple” con el acuerdo establecido de la creación de un fondo fiduciario por 3.250 millones de dólares que iban a ser manejados por las Naciones Unidas.
“La fijación del salario mínimo es potestad del Ejecutivo y la evolución de la instancia técnica no impide que esto ocurra a discreción del Ejecutivo”.
Los sancionados forman parte de la mesa de diálogo y llevan dos días exigiendo una reunión con el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, Pedro Maldonado.
La secretaria de Fapuv afirma que se necesita que el diálogo sea efectivo con acuerdos que se cumplan, pues no se trata de sentarse a hablar para luego ver que el Gobierno “hace lo que le da la gana”.
Las autoridades regionales admitieron no poder dar respuesta a las exigencias salariales de los obreros, comprometiéndose a elevar las peticiones al Ejecutivo nacional.
La reunión se celebró a petición de la Plataforma Unitaria de la oposición venezolana, que eligió a España, país al que considera un actor principal, para iniciar una ronda por diferentes países europeos.
Dos meses después de aquel anuncio, solo queda la incredulidad, una sensación que hoy afecta la valoración de la mesa de diálogo y su efectividad, o no, para resolver los grandes problemas de Venezuela.
Mientras que en la mesa de trabajo conformada por sidoristas no se ha obtenido ninguna respuesta; los trabajadores de Alcasa y Ferrominera Orinoco fueron plantados por las autoridades en las fechas de conformación de sus respectivas instancias de diálogo.
El reclamo de los obreros es claro: salario indexado al dólar y de 600 dólares mensuales. A esto se suman el cese del acoso laboral, mejoras en materia de pensiones y el pago de beneficios vencidos.
La organización apuesta a que, a través del diálogo franco y genuino, las fuerzas productivas y la administración de Maduro puedan avanzar en consensos que se traduzcan en desarrollo, progreso y mayor productividad nuestro país.