Los perjudicados no solo reclaman el pago de sus pasivos laborales cuando fueron despedidos de la industria, sino también, la violación de derechos humanos como el derecho al trabajo, a la defensa, a la vida, entre otros.
La estatal venezolana, con sede en Costa Rica, adeuda dos meses y medio de salario a los extrabajadores y las expectativas de que pague la liquidación a tiempo son bajas. Mientras tanto, los despedidos recurren a trabajos mal remunerados y a la caridad para sobrevivir.