Gómez puntualiza que en la actualidad se está registrando el mismo escenario del 2020, donde la emisión de gases de carros, humo de industrias y de incendios forestales, no está subiendo a la estratósfera sino que se mantiene a una altura cercana a la superficie terrestre.
Las medidas buscan mitigar los niveles de contaminación del aire y serán levantadas una vez se logre el objetivo.
La tragedia de esta semana en la llamada Bulla Loca, una mina de oro que se desplomó en el estado Bolívar, no es algo aislado de lo que ha significado para ese estado la economía extractivista.
Habitantes de La Paragua, en Bolívar, aseguran que la cifra oficial de fallecidos por el derrumbe en la mina Bulla Loca no es real y aún quedan personas sin rescatar.
La ONG advierte que en Venezuela aumentó el uso de embarcaciones llamadas “dragas”, que excarvan y succionan el fondo de los ríos para extraer los minerales, rompiendo la flora y eliminando la fauna de las profundidades.
Según el informe de HumanVenezuela 86% de la población está expuesta a un agua no apta para consumo humano.
En el 70% de los municipios investigados en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela actúan grupos de civiles armados. Todos deforestan y actúan sin control.
Aunque Néstor Reverol anunció el 10 de noviembre que se han limpiado 1.200 kilómetros de costa, solo se ha enfocado en la remoción de desechos sólidos y petrolizados.
El ejercicio de la minería y el uso indiscriminado del mercurio obligó a los indígenas de San Francisco de Paruruwaka a darle la espalda al río Cuyuní y, por ende, abandonar sus costumbres y su fuente de alimentación.
Los crímenes en las zonas mineras afectan a las mujeres y niñas de manera diferenciada por razones de género, edad y etnia.