Si se concreta la venta, esos tenedores obtendrían parte de las ganancias de PDV Holding, algo que puede interferir o desalentar el proceso de licitación, según los abogados.
Tarek William Saab indicó que durante su gestión han investigado 32 tramas de corrupción vinculadas a la industria petrolera y se han judicializado 290 personas y 76 han sido condenadas.
“Ante silencio de la Asamblea Nacional 2015 se produce acuerdo entre sindicatos petroleros para defender la propiedad de Citgo y los derechos humanos de los trabajadores perseguidos”, explicó un comunicado difundido por los sindicatos.
Un abogado que representa a Citgo había calificado la primera ronda de licitación de “decepcionante”.
Entre los aspectos financieros se destaca que en todo 2023, Citgo invirtió 394 millones de dólares en gastos anuales de paradas de planta programadas y catalizadores, y 329 millones de dólares adicionales en inversiones de capital.
De acuerdo con la agencia Bloomberg, una segunda ronda está por determinarse y la audiencia final para aprobar la venta está prevista tentativamente para el 15 de julio.
Los perjudicados no solo reclaman el pago de sus pasivos laborales cuando fueron despedidos de la industria, sino también, la violación de derechos humanos como el derecho al trabajo, a la defensa, a la vida, entre otros.
El diputado Jorge Rodríguez pidió al primer vicepresidente, Pedro Infante (PSUV), presentar en una semana un informe a la directiva y a la plenaria sobre el caso.
Washington protege desde hace cuatros años a Citgo de sus acreedores, pero con la futura subasta Venezuela podría perder la petrolera sin recibir nada a cambio.
La venta de Citgo podría convertirse en la subasta judicial más grande jamás hecha, un proceso que se extenderá durante casi todo un año al fijar la fecha de la audiencia final de venta para el 15 de julio.