La CIDH constató que el defensor estuvo detenido en el Centro Nacional de Procesados Militares de Ramo Verde en un régimen de aislamiento, donde no le permitió ser visitado por sus familiares.
La CIDH destacó que el proyecto “se enmarca en una serie de actos gubernamentales que tendrían como finalidad controlar y limitar el trabajo que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil y restringir el espacio cívico”.
El Gobierno de Venezuela, según denuncias, no ha hecho gran avance para que el Sistema de Procura de Órganos y Tejidos del país vuelva a funcionar, el cual está suspendido desde el 1 de junio de 2017.
Varias organizaciones, a través de un comunicado, afirmaron que las medidas cautelares decretadas hace tres años para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las mujeres no se están cumpliendo.
Lissette González insistió en que todas las detenciones son una violación del derecho a la protestas, así como de la libertad de expresión y comunicación de los dirigentes sindicales.
La situación es compleja y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos está entendiendo lo que está en juego con la minería en la región.
“El Estado debe propiciar las condiciones y mecanismos para que dichos derechos puedan ser ejercidos de forma efectiva y sin ningún tipo de discriminación”, insistió.
El Foro Penal Venezolano señaló que en el país hay 270 presos políticos, de los cuales al menos 50 tiene graves padecimientos de salud como Emirlendris Benítez, Guillermo Zárraga, Javier Tarazona o Igbert Marín Chaparro.
Los crímenes en las zonas mineras afectan a las mujeres y niñas de manera diferenciada por razones de género, edad y etnia.
En Venezuela a un homosexual no le permiten donar sangre, una persona trans está obligada a identificarse legalmente con un nombre que no la representa y parejas del mismo sexo no tienen derecho a casarse.