La ONG recordó que en múltiples ocasiones se han presentado denuncias por corrupción en los recintos penitenciarios del territorio. Afirmó que “esto se ha convertido en un verdadero negocio instaurado por los funcionarios”.
“Ya tenemos adelantado un protocolo (…) para el uso masivo de los brazaletes electrónicos, para confinar en los hogares a quienes hayan incurrido en delitos menores o no violentos”.
Noboa expresó felicitaciones a la fuerza pública y a sus ministros de gobierno y de Defensa “por lograr la liberación” del personal penitenciario.
“Los gobernantes deben entender que los problemas no se resuelven por decreto, sino con acciones”.
El mandatario delegó a la Autoridad Nacional de Defensa la ejecución del decreto que firmó, bajo la condición de que se informe de manera constante y urgente sobre el avance de la operación.
Ceballos celebró los resultados de la Operación Gran Cacique Guaicaipuro, el despliegue policial en los últimos siete centros penitenciarios que estaban bajo control de las mafias carcelarias.
Aseguró que el objetivo del 2024 debe ser lograr que las 83 cárceles estén bajo un régimen penitenciario verdadero.
Ceballos ofreció las primeras declaraciones tras la toma del Internado Judicial de San Felipe, horas después de haberse ejecutado las acciones; tal y como ha venido sucediendo en otros centros de reclusión intervenidos.
El director del OVP señaló que le preocupa la paralización del sistema de justicia con el movimiento de los internos a otras jurisdicciones porque, entre otras cosas, “el juez natural no podrá movilizarse”.
Una Ventana Libre añadió que las condiciones sanitarias de los centros de reclusión no son aptas, ya que muchos no cuentan con baños, otros no tienen agua potable, muchas celdas no tienen ventilación.