Familiares exigieron a las autoridades información y que aquellos que son del estado Bolívar se mantengan en la entidad hasta cumplir su condena.
La intervención del penal en Ciudad Bolívar transcurrió de forma tranquila para este sector residencial. La mayor preocupación y desesperación para familiares de reclusos era saber a dónde los trasladaban.
Vecinos manifestaron que desde la 5:00 de la mañana de este viernes se restringió la circulación vehicular en la parroquia La Pica, en Maturín.
Los servicios de telefonía fija y celular e internet fueron interrumpidos en el pueblo de Tocorón y sectores aledaños. Presuntamente sería para evitar la comunicación desde y hacia la cárcel.
El brasileño es una suerte de capo, un faraute del socialcomunismo, un pran progre “formado” en la cárcel, pero que corta el bacalao a su gusto y reparte según su saber y entender.
OVP aseguró que familiares de las reclusas reportaron esta situación y que, ante la propagación de las enfermedades, “las presas son obligadas a usar tapabocas, pero no se los proporcionan”.
De unos 1.790 privados de libertad en el Internado Judicial de Ciudad Bolívar, al menos 400 de ellos están calificados como “manchados” por no pagar la cuota que impone el líder de esta cárcel.
Un portavoz del Departamento de Estado aseveró que Álvarez fue “injustamente encarcelado” e insistió en el compromiso que mantiene Estados Unidos para presionar por su liberación.
Carolina Girón informó que hace un año se excarcelaron 7 mil personas y en los últimos años se han cerrado 11 centros penitenciarios, pero ninguno se ha vuelto a abrir.
23 de los sublevados fueron condenados a siete años de prisión, mientras que Alexander Bandres, quien lideró el alzamiento contra el gobierno de Nicolás Maduro, fue sentenciado a 15 años de cárcel.