Cámara de Comercio Electrónico reportó crecimiento de 20% en el primer trimestre del año
13 May, 2024 - 11:38 PM
Para este lunes 18 de enero a la 1:30 de la tarde está pautada la audiencia preliminar del alcalde de Caroní, José Ramón López, detenido el 27 de septiembre por presuntos hechos de corrupción. A su caso se suman nuevos implicados, de los cuales trascendió que tres de ellos fueron aprehendidos el viernes 15 de enero por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), correspondiendo su audiencia de presentación este mismo lunes. Las boletas de captura fueron emitidas el 14 de enero. Los detenidos son: Mohamed Abboud Jaber, pareja sentimental de una funcionaria de la alcaldía; Hassan Hussein Abboud y Rawia Ismail De Saheli; los tres pertenecen a la Asociación Cooperativa Venesur, R. L., según consta en el Registro Nacional de Contratista (RNC), y que recibió contratos con la Alcaldía de Caroní. Dos miembros más de esta cooperativa también tienen orden de captura. Trascendió también que son 18 las órdenes de aprehensión por el expediente contra el alcalde José Ramón López, rumoreándose que varios de los implicados estarán fuera del país. El juego político El caso del alcalde López, sobre quien se mantiene una ausencia temporal de su despacho, a razón de que no hay sentencia firme por parte del tribunal, según explica el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se ha manejado como una maniobra política gestionada por la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), por la evidente pugna con el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez. Desde su permiso por problemas de salud, se supo que en realidad se trataba de una salida elegante de la máxima autoridad municipal, pero el incumplimiento de acuerdos previos y la falta de consenso en otros terminaron por provocar su detención para sacarlo del juego político. En caso de darse una falta absoluta, a partir de ahora, no habría adelanto de elecciones municipales, ya que se cumplió la mitad de su período gubernamental. En este caso, especifica el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, corresponde a la Cámara Municipal designar entre sus integrantes al alcalde (e), quien completaría el mandato. Así transcurre el caso del «hijo de Chirica» -28 de agosto de 2015: El alcalde José Ramón López solicitó a Cámara Municipal un permiso de hasta por 90 días por motivos de salud, el cual vencía el 27 de noviembre. -31 de agosto: López es sometido a cinco intervenciones quirúrgicas por tres hernias (una umbilical y dos inguinales) y dos varicoceles. -16 de septiembre: El alcalde suspende el permiso de salud y solicita inmediatamente un nuevo salvoconducto de hasta por 90 días, venciéndose el 15 de diciembre, dos días después de cumplirse la mitad de su período gubernamental. -25 de septiembre: López se reincorpora a su cargo, suspendiendo el permiso de salud, luego de una protesta a las afueras del Palacio Municipal por la presunta designación del general y presidente de la CVG, Justo Noguera Pietri, como coordinador de la alcaldía -27 de septiembre: tras una orden de captura en su contra, el burgomaestre se entrega ante el Sebin en Vista al Sol, San Félix. -29 de septiembre: luego de su audiencia de presentación, el tribunal ordenó la privativa de libertad por los delitos de peculado doloso, concierto de funcionario público con contratista y evasión de proceso licitatorio. El lugar de reclusión fue el Sebin en El Tigre, estado Anzoátegui. –9 de octubre: Eriberto Aguilera fue ratificado como alcalde encargado, tras dos semanas de silencio por parte de la Cámara Municipal. -15 de octubre: López es trasladado hasta el Hospital Militar Dr. Manuel Siverio Castillo, en Puerto Ordaz, para chequeos médicos. Se determinó una inflamación en las heridas post-operatorios, pero igual fue llevado nuevamente hasta su sitio de reclusión. -22 de octubre: convocan a audiencia preliminar, que es diferida para el 17 de diciembre. Ese mismo día el presidente del Concejo Municipal, Pedro Mata, confirmó el nombramiento del general Noguera como coordinador general de la alcaldía. -17 de diciembre: por segunda vez es diferida la audiencia preliminar de José Ramón López, pautada nuevamente para el 18 de enero de 2016. Cámara Municipal ratificó a Eriberto Aguilera en la figura de alcalde encargado.
El caos del transporte público es un punto neurálgico de la conflictividad social en Ciudad Guayana. Las recurrentes protestas de los pasajeros, que esperan hasta dos horas por abordar una unidad, patentan la situación a diario. Pero los autobuses de la Misión Transporte no faltan cuando se trata de movilizar a los militantes a los actos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como el de este viernes en el centro de San Félix. En la avenida Guayana yacían las unidades marcadas con “Misión Transporte” y “Gobierno Bolivariano”, así como otros autobuses que, aunque particulares, estaban en perfectas condiciones. Allí estaban, mientras trabajadores de las empresas básicas y demás entes públicos del estado Bolívar y militantes del Gran Polo Patriótico (GPP) asistían a la concentración del PSUV, en la calle Ramírez. “Hicimos este acto precisamente aquí, para dar una demostración de fuerza, de unidad férrea del proceso revolucionario”, dijo el vocero principal de la actividad, el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, quien estuvo acompañado por los candidatos a la Asamblea Nacional (AN) Ángel Marcano y Nancy Asencio. El alcalde encargado de Caroní, Eriberto Aguilera, también estuvo al lado del gobernador, como viene apareciendo en la escena pública desde el 25 de septiembre, momento en que Rangel Gómez ya le decía “ciudadano alcalde”. El que no vino fue Diosdado Cabello. El mandamás del PSUV y presidente de la Asamblea Nacional lo esperaban para esta actividad, entre otras razones, para que fijara posición sobre la salida -vía enjuciamiento judicial- del alcalde de Caroní, José Ramón López, y reafirmara la necesidad de mantener la «unida revolucionaria» pese al resquebrajamiento de la tolda oficialista en el municipio más importante del estado Bolívar. “Defender la revolución” La principal consigna de Rangel Gómez fue la promoción de Asencio y Marcano como “los candidatos de la patria, los que garantizan al país que haya Misión Vivienda pa’ rato, asistencia médica con Barrio Adentro (…) esos candidatos que levantan la mano para aprobar los recursos que pide el presidente Nicolás Maduro”. El candidato Héctor Rodríguez, número 1 de la lista del PSUV en estado Bolívar, quien visita constantemente Ciudad Guayana desde antes de su postulación, no asistió al acto este viernes, pues su hijo estaba enfermo, según explicó Rangel Gómez. En medio de la algarabía, el golpe del bumbac y la banda que se presentó en vivo para amenizar el encuentro chavista, Asencio recalcó que el lugar de la concentración, la calle Ramírez, “es una calle chavista y revolucionaria (…) le demostramos aquí a la oposición rancia que el PSUV y el GPP está unido como el macizo guayanés” desestimando el escenario del partido de Gobierno durante esta semana, con la detención de López. Por su parte, Marcano reiteró que la llegada del presidente Hugo Chávez representó “la dignificación de los trabajadores, de los movimientos sociales (…) se consolidó el proceso distinto de participación y protagonismo del pueblo y eso es lo que defiende el pueblo hoy en la calle”. Apoyo popular Aunque era evidente la movilización de los trabajadores públicos para la concentración de este viernes en la calle Ramírez de San Félix, y las camisas de Ferrominera, Sidor, Corpoelec, Briqven, Comsigua, Asfaltos Bolívar, entre otras, estaban por doquier entre los asistentes, también estaban la juventud del PSUV, el frente de estudiantes Manuel Piar y el llamado “poder popular” representado en consejos comunales y diversos frentes ciudadanos, quienes cerraron el acto danzando en las calles del centro de San Félix. “Este acto estuvo muy bien, hay que defender la revolución, para que la AN sea roja rojita, 100 por ciento revolucionaria”, dijo Wilmery Guevara, del consejo comunal Triangulo Vencedor, del sector Nueva Chirica. Elizabet Farfán, de la misma agrupación vecinal, sí reconoce la coyuntura actual del PSUV en Caroní pero considera que “el que salga a votar el 6 de diciembre lo tiene que hacer por la revolución y no por un hombre. El hombre puede fallar. Este es el proyecto de Chávez. Que las instituciones se encarguen de la justicia”, afirmó.
La dirigencia municipal de Proyecto Venezuela rechaza la situación en la que permanece la alcaldía de Caroní, dada la pugna interna en el Partido socialista Unido de Venezuela (PSUV) , al punto de hoy no estar definida quien representa la investidura de alcalde. “Mientras ellos (PSUV) se matan por ese botín de la alcaldía, los ciudadanos sufren”, manifestó Antonio Cheremo, coordinador del partido, quien exige el cumplimiento de la ley en torno al caso del alcalde José Ramón López. “Si es verdad que es responsable de los delitos que se le imputan, que haya una sentencia firme y se convoquen a elecciones… Guayana tiene derecho a elegir quién será su alcalde”, agregó. Por su parte, el coordinador de Proyecto Venezuela en Puerto Ordaz, Yoel Castro, destacó las irregularidades en torno al caso de López, y la violación al debido proceso, afirmando que “el PSUV creó un golpe institucional al alcaldía de Caroní”. Ante un eventual adelanto de comicios municipales, en caso de declararse falta absoluta del alcalde, Proyecto Venezuela segura contar con un perfil de candidato que sería propuesto a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para ser su abanderado.
El Gobierno ha decidido quitar del medio al alcalde chavista José Ramón López antes del 6 de diciembre, fecha de las elecciones parlamentarias, destapando un presunto hecho de corrupción en el seno de la municipalidad. Se trata de uno de los primeros casos del período de Nicolás Maduro en el que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) destierra a un burgomaestre en funciones, como lo ha hecho este martes en la noche al imputar al alcalde y solicitar su privativa de libertad. Hasta entonces el Gobierno solo había actuado en contra de los suyos una vez que estos salieran del poder, tal como pasó con cuatro de sus exalcaldes. Esa fue la sumatoria de administradores municipales al final de 2013, año en que Maduro utilizó la bandera de la lucha anticorrupción para imprimir transparencia a su gestión. Pero no es el municipio Caroní una jurisdicción cualquiera. Desde la era Hugo Chávez, Ciudad Guayana ha jugado un papel trascendente para la “revolución bolivariana” tanto por lo estratégico de su localidad, como por la fuerza sindical concentrada al sur del país. A escasos dos meses para unas elecciones legislativas con visos de plebiscito para la administración central, el Gobierno ha decidido arriesgarse y sacrificar el liderazgo que en las dos últimas elecciones y, con ventaja, José Ramón López atesoró al servicio del partido. ¿Por qué desplazar al alcalde de Caroní? ¿Cuál fue el pecado de López? ¿Qué busca el PSUV con esta estrategia? La bandera anticorrupción Como en otros casos en el país, la corrupción ha sido el ardid que ha activado al Ejecutivo para deslastrarse de los dirigentes en desgracia. Desde 2005, Chávez hizo de todo para consolidar la “unidad perfecta” en Bolívar pese a las diferencias internas devenidas, en principio, por la contraposición entre militares y civiles, y posteriormente porque la Alcaldía de Caroní había sido el único espacio -hasta entonces- donde el gobernador Francisco Rangel Gómez no tenía absoluto control. López sirvió para consolidar el liderazgo de Chávez en las bases donde Rangel nunca ha gozado de buena fama. Así, Francisco Rangel garantizaba la organización y movilización, y López el pueblo. Pero en algún momento la fórmula comenzó a fallar. Las últimas elecciones presidenciales, donde el PSUV perdió el municipio Caroní, las responsabilidades comenzaron a ser parte del debate interno. Rangel, que siempre ha sabido colarse en altas esferas, socavó el liderazgo de López en sus debilidades: los vicios, el manejo integral de los desechos sólidos, la recaudación, el crecimiento desordenado de la ciudad… y la corrupción. Si de corrupción se trata… Si bien el caso de la recaudación de tributos, Sisvencorp, y el manejo de los contratos dependientes de la Alcaldía de Caroní eran el escándalo a puertas cerradas, el tema corrupción ha tenido muchos flancos en Guayana, a los que Chávez pocas veces prestó atención. El caso de las cabillas, la mafia de los cupos del aluminio, el control de la minas y las denuncias consignadas en la Fiscalía General de la República por el diputado Andrés Velásquez, sobre el manejo de los contratistas en la Gobernación del estado Bolívar, han sido también casos archivados. El punto de inflexión más reciente fue en el 2012, cuando en un remitido nacional -el 29 de febrero de 2012- 42 organizaciones chavistas alertaban al “comandante” a propósito de la remoción de los “presidentes-trabajadores” y el ascenso desmesurado de un sector del PSUV. Alertaban sobre el “desgaste del proceso revolucionario” en la región propiciado por tres claves: el continuo privilegio del grupo político del gobernador del estado Bolívar; la toma de decisiones inconsultas y el favorecimiento a quienes “se han adueñado de Guayana desde hace más de 40 años”. Los Colectivos Patrióticos de Resistencia Popular Revolucionaria de Guayana declaraban que el estado Bolívar “no es el patio trasero del imperio y menos un feudo del gobernador Francisco Rangel Gómez. Por ello (…) hoy planteamos al país la necesidad histórica de seguírsela jugando con el pueblo y la clase obrera, pues hemos demostrado lealtad en la acción en todas las etapas y fases de esta, nuestra revolución bolivariana”. El comunicado no trascendió y, días después, Chávez cerró filas con el sector militar. Aquello significó un revés para los colectivos que empujaron las investigaciones en contra de la “mafia de las cabillas” y de los cupos del aluminio, como ahora la detención del alcalde, en términos políticos, es otro revés para las bases del PSUV. La estocada Los desmanes en la municipalidad, sin embargo, se hacían insostenibles. Las confrontaciones del PSUV y la desarticulación en las políticas públicas hicieron de los servicios de recolección de desechos sólidos y el manejo de la basura el talón de Aquiles de la gestión de López, pero no el único de sus males. El control de los ejidos, históricamente administrados por la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), el desordenado crecimiento de la ciudad a partir de esa rivalidad y el deficiente servicio de transporte fueron aprovechados por el Ejecutivo para comenzar a ejecutar una administración paralela de la municipalidad que, a todas luces, significaban un mecanismo de presión a lo interno del partido. Así el gobierno emprendió el sistema de transporte masivo rápido en paralelo al proyecto de TransGuayana, creó Corpo-San Félix con competencias idénticas a las de la Alcaldía, patrocinó al presidente de CVG, Justo Noguera, como ficha de solución de problemas y finalmente, desempolvó los casos de corrupción archivados durante los últimos dos períodos. En paralelo hacía esfuerzos por controlar la Cámara Municipal. La enfermedad alegada por López el pasado 27 de agosto para separarse del cargo daba señales de lo que se manejaba a lo interno. El alcalde, entonces, asomaba incluso la posibilidad de salir del país, luego la presunta operación, su regreso y retirada y, finalmente, su desafío el pasado viernes 25 de septiembre cuando decide reasumir sus funciones en la Alcaldía, justo cuando la plana mayor del PSUV preparaba un acto con el alcalde encargado, Eriberto Aguilera. Menos de 48 horas después, el Tribunal Quinto de Control autorizaba orden de captura para el “hijo
La agenda del Concejo Municipal Socialista de Caroní (Comsocaroní) se define entre lunes y martes. Cada miércoles, previa convocatoria, se realiza la sesión ordinara para legislar y cumplir con un rol de contraloría de la gestión municipal. Pero este miércoles no hubo sesión. Tampoco se discutió la agenda los días lunes y martes. Así lo asegura el concejal por las parroquias Unare y Universidad, José Prat, insistiendo en que “esto (ciudad) anda por su cuenta. No tenemos información, nadie nos dice nada (…) legalmente hay una situación que quien la debe resolver es la Cámara Municipal”. Prat se refiere a la ausencia del alcalde luego de que se le dictara privativa de libertad el martes en la noche. El artículo 87 de la Ley del Poder Público Municipal establece que “cuando la falta del alcalde o alcaldesa se deba a detención judicial, la suplencia la ejercerá el funcionario designado por el Concejo Municipal, dentro del alto nivel de dirección ejecutiva”. Ello no ha ocurrido. Vacío informativo Este miércoles ni hubo sesión, ni pista de los concejales de Comsocaroní. En sus oficinas, ubicadas en el Palacio Municipal, no estaba ninguno. El presidente de la Cámara, Pedro Mata, no contestó a ninguno de los intentos de Correo del Caroní por establecer un contacto telefónico con él. Corrió la información de que todos estarían reunidos en otro lugar, pero Prat negó que se realizara una convocatoria oficial para hacer la sesión en un espacio diferente. Aquiles Campos, vicepresidente de Comsocaroní, tampoco atendió los llamados telefónicos. “Si se llegase a decretar la falta absoluta (del alcalde) antes de que se cumplan los dos años, tiene que haber elecciones”, recordó Prat, insistiendo que en Caroní hay “un vacío de poder” al no haberse pronunciado ni reunido la Cámara Municipal, pues solo este órgano podía designar un alcalde encargado, en esta situación. Una rueda de prensa de Pedro Mata en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) fue convocada para las 2:00 de la tarde de este miércoles, pero fue pospuesta para este jueves en la mañana. Prat aseguró que, así como la directiva de Comsocaroní no contestó el teléfono a Correo del Caroní, tampoco atendió los llamados de los concejales de oposición que intentaron tener información sobre la sesión de este miércoles.
El fuerte despliegue militar en el Palacio de Justicia de Puerto Ordaz alertó a los simpatizantes del alcalde de Caroní, José Ramón López, poco antes de las 10:00 de la noche de este martes, que la audiencia de presentación estaba a punto de finalizar y que la decisión apuntaba a mantener bajo arresto al burgomaestre a juzgar por los preparativos del traslado. Uno de los portones estaba totalmente acordonado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes ante las manifestaciones de la gente activaron detonaciones al aire, causando momentos de tensión y confusión, mientras el alcalde era retirado por otro de los portones donde un grupo permanecía en vigilia. El llanto, las consignas y gritos de repudio por la sentencia que mantenía detenido a López colmaron la noche frente a la sede del Poder Judicial de Ciudad Guayana. En efecto, el vocero del equipo de abogados de López, Alexander Andrade, confirmó la medida de privativa de libertad y ordenaba a partir de ese entonces recluir al alcalde en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en El Tigre, estado Anzoátegui. Los delitos imputados corresponden a peculado doloso, concierto con contratista y evasión de proceso licitatorio. “Los actos que se le imputan y todos los hechos que dice el Ministerio Público y los denunciantes que están allí, los traidores, son írritos, allí no existe una prueba que determine que nuestro alcalde haya cometido ningún hecho ilícito”, manifestó Andrade, quien calificó a López como un preso político. Relató el defensor jurídico que en la audiencia cuando la jueza comunicó su dictamen, el hombre acuñado por el fallecido presidente y líder del proceso bolivariano, Hugo Chávez, como el “alcalde trabajador” exclamó: «yo me lo esperaba». Decisión política La defensa afirmó que el fallo de tribunales obedeció a una decisión política, alegando inconsistencias en el expediente. “Están buscando el quiebre de José Ramón López… lo cumbre de lo escrito por la Fiscalía del MP es que la concejala Crisálida Jiménez aparece como denunciante, pero también como denunciada; eso es una aberración del MP, pero aquí todos sabemos qué es lo que pasa”. Explicó que procede esperar un lapso de 45 días para que se presenten los actos conclusivos para la acusación o el sobreseimiento de la causa. “Vamos a intentar ante la Fiscalía 25ª del MP con competencia nacional y la Fiscalía 4ª de Ciudad Bolívar someter todo el acerbo probatorio”. Andrade agregó que López se esperaba la medida del tribunal y pidió, en consecuencia, a sus seguidores mantener la calma, aferrándose a su investidura por elección popular. “El alcalde les mandó a decir: ‘confío en mi pueblo… ellos son los que me pusieron en la Alcaldía, y ellos son los que me pueden sacar”. La justicia del partido Una vez arrestado el alcalde de Caroní, era bastante probable que permaneciera preso mientras transcurriera el lapso para las investigaciones de los fiscales. Era más que evidente que tras la decisión judicial se desarrollaba un juicio político que cuenta entre sus ingredientes principales el desacato del hoy imputado a la orden de Diosdado Cabello, es decir el buró nacional del PSUV, de abandonar la Alcaldía de Caroní y marcharse para Cuba, como estaba previsto en un plan inicial. López ignoró la “línea pesuvista”, con la jugada de operarse en Puerto Ordaz. Sin embargo, la gota que rebosa el vaso y colma la paciencia del sector militar que dirige al partido de gobierno es el desafío abierto de López al intentar reincorporarse y dejar en el congelador la táctica de montar al general Justo Noguera Pietri, actual presidente de CVG, en la dirección general de la municipalidad, con miras a quedarse en el puesto de López. Ha trascendido que el acuerdo consistía en la desincorporación consensuada y progresiva del alcalde hasta su abandono definitivo del cargo, debido a problemas de salud y una gestión pública deficiente, sobre todo, en materia de recolección de basura. Sin embargo, la defensa constitucional que hizo López del manejo de los ejidos lo enfrentó con CVG y con el sector militar que está detrás de los proyectos de vivienda. La misma noche en que la jueza admitió los delitos formulados por los fiscales contra López, los representantes de los Círculos de Lucha Popular (CLP) del municipio Caroní sostuvieron una reunión con el ex ministro y ahora candidato principal del oficialismo para la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Héctor Rodríguez, para buscar un arreglo político, que tuviese como punto de partida la liberación del alcalde. La decisión ya estaba tomada y no había vuelta atrás. El poder popular quedaba a un lado. La bota militar del PSUV tenía la última palabra. ¿Quién es el alcalde? Aunque Eriberto Aguilera sigue abrogándose la figura de alcalde (e.), es de recordar que el 25 de septiembre López emitió una resolución en la que notificaba su reincorporación y derogaba el nombramiento de Aguilera como su suplente temporal. De acuerdo con el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal “cuando la falta del alcalde o alcaldesa se deba a detención judicial, la suplencia la ejercerá el funcionario designado por el Concejo Municipal, dentro del alto nivel de dirección ejecutiva”. Para que proceda la ausencia absoluta debe darse “la muerte, la renuncia, la incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica, por sentencia firme decretada por cualquier tribunal de la República y por revocatoria del mandato”. En este caso, este mismo artículo especifica que: Cuando la falta absoluta se produjere transcurrida más de la mitad del período legal, el Concejo Municipal designará a uno de sus integrantes para que ejerza el cargo vacante de alcalde o alcaldesa por lo que reste del período municipal. El alcalde o alcaldesa designado o designada deberá cumplir sus funciones de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo aprobado para la gestión. Cuando la ausencia absoluta se deba a la revocatoria del mandato por el ejercicio del derecho político de los electores, se procederá de la manera que establezca la ley nacional que
En horas de la tarde de este domingo se confirmó la orden de captura por parte del Tribunal V de Control del estado Bolívar en contra del alcalde de Caroní, José Ramón López, quien voluntariamente se presentó inicialmente ante el Palacio de Justicia y luego a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de Vista al Sol, en San Félix. Tanto López como su madre, Edra Rondón, y su esposa Nathaly Medina, dijeron desconocer los delitos que se les acusaban. «Vine a presentarme voluntariamente, para ver la acusación en mi contra… uno delos delitos más grande que he hecho en estos seis años como alcalde es construir más de 3 mil obras», dijo el burgomaestre antes de su entrega en el Sebin. De manera extraoficial trascendió que los cargos imputados a López corresponden a peculado doloso, concierto de funcionario con contratista y evasión de procesos licitatorios, este último estaría relacionado con el caso de la empresa Sisvencorp C. A., con cuya contratación delegaba a esta compañía la recaudación de tributos municipales. Fuentes ligadas a la Alcaldía de Caroní comentaron que efectivamente las acusaciones de corrupción se fundamentan por las denuncias sobre la contratación de Sisvencorp. Piden la cabeza de Rangel Sobre la orden de captura se conoció aproximadamente a las tres de la tarde, información que fue confirmada por el alcalde y su esposa. Desde entonces, seguidores y personal de confianza empezaron a acudir hasta su residencia en demostración de solidaridad. Al transcurrir la tarde, simpatizantes se fueron aglomerando a las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Guayanapara esperar la entrega de López. Allí expresaban sus manifestaciones de rechazo por la orden de captura, reclamando al presidente de la República, Nicolás Maduro, y el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, voltear su mirada hacia la directiva regional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a quien acusan de «mentir» sobre José Ramón López, versión que ratificó su madre Edra Rondón. «Que metan preso a Rangel», gritaban a las afueras del Sebin. Jefes de Círculos de Lucha Popular (CLP) y Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH) expusieron las diferencias internas del partido, asegurando que estaban dispuestos a declararse en rebeldía si se consumaba detención de López. Acusaron al gobernador Francisco Rangel Gómez de atacar al alcalde de Caroní, acusándolo incluso de traidor, a la vez que amenazaban con «no volver a votar por la revolución». Recurso sin validez En lo que se refiere a la supuesta decisión del Tribunal Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativo del Estado Bolívar, donde ratificaba a Eriberto Aguilera como alcalde (e), explicó que el recurso de nulidad correspondía al 16 de septiembre por algunas limitaciones colocadas a Aguilera como alcalde, y que esta no interfería con su reincorporación»que se hace por vía administrativa y es solo una notificación, lo que pasa es que él (Aguilera) no tenía la información de cuando me reincorporé». «La resolución del 16 de septiembre muere con mi reincorporación el 25 de septiembre», reiteró el alcalde, quien además informó que Gregoria González quedó como coordinadora general, cargo que el viernes cuando retomó sus funciones había quedado vacante, anteriormente era ocupado por Eriberto Aguilera. La pugna en la Alcaldía de Caroní obedece más a pugnas políticas en el PSUV, evidenciadas aún más desde que José Ramón López solicitó un permiso de hasta por 90 días por razones de salud, que aunque fue intervendio quirúrgicamente, no completó el lapso por el cual pidió ausentarse. Desde entonces, en el Palacio Municipal se generaron protestas por presunciones de que el general Justo Noguera Pietri, titular de la CVG, sería impuesto como director general de la Alcaldía. El viernes, cuando López se reincorporó a sus funciones, paralelamente, gobernación, CVG y Aguilera en condición de alcalde (e) celebraron una alianza para presentar el Plan de Mantenimiento Integral del Municipio, donde reconocían la investidura de Aguilera. Proceder ante una falta absoluta del alcalde Según el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal: Cuando la falta absoluta se produjere transcurrida más de la mitad del período legal, el Concejo Municipal designará a uno de sus integrantes para que ejerza el cargo vacante de alcalde o alcaldesa por lo que reste del período municipal. El alcalde o alcaldesa designado o designada deberá cumplir sus funciones de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo aprobado para la gestión. Cuando la ausencia absoluta se deba a la revocatoria del mandato por el ejercicio del derecho político de los electores, se procederá de la manera que establezca la ley nacional que desarrolle esos derechos constitucionales. En los casos de ausencia absoluta, mientras se cumple la toma de posesión del nuevo alcalde o alcaldesa, estará encargado de la Alcaldía el Presidente o Presidenta del Concejo Municipal. Se consideran ausencias absolutas: la muerte, la renuncia, la incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica, por sentencia firme decretada por cualquier tribunal de la República y por revocatoria del mandato.
