El programa en el centro de la polémica es un “spyware” o software espía creado por la firma tecnológica israelí NSO Group, y que lo vende hasta a 60 agencias militares, de inteligencia o de seguridad en 40 países de todo el mundo.
Defensores de derechos humanos dentro y fuera de Cuba denunciaron que el gobierno interrumpió el servicio de internet y detuvo a manifestantes que salieron a la calle a protestar. | Foto cortesía
El informe anual 2020 – 2021 de Amnistía Internacional enfatiza que la situación generada por la COVID-19 profundizó la crisis de derechos humanos que atraviesa Venezuela. | Foto William Urdaneta
El expediente será enviado a la unidad de recepción de documentos para hacer un sorteo sobre qué tribunal de juicio llevará el caso. Este paso podría tardar hasta cuatro meses en definirse.
El 22 de noviembre fueron deportados 16 niños venezolanos desde Trinidad y Tobago, lo que violó leyes internacionales en materia de derechos del niño.
Para los especialistas las políticas de Estado destruyeron las escalas de crecimiento y eliminaron los incentivos. Aseguraron que se ejecutaron nombramientos por interés político, más allá de los conocimientos en el área de salud.
La Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con ponencia del presidente del Poder Judicial, Maikel Moreno, decretó este viernes 9 de octubre la nulidad de la acusación hecha por el Ministerio Público contra los ciudadanos Ascanio Antonio Tarascio Mejía y Estiben José Zarate Soto, señalados como los presuntos responsables de la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo.
Olnar Ortiz, abogado del Foro Penal, informó que los indígenas tuvieron síntomas similares a los de la COVID-19. Pese a las denuncias en la Defensoría del Pueblo, siguen sin acceso a la salud, en un recinto sobrepoblado y sin agua potable.
Jacqueline Richter, especialista en Derecho del Trabajo, considera que tener preso al dirigente de Ferrominera sirve para generar miedo y desarticular a la dirigencia sindical.
La organización propone que los indígenas sean trasladados de forma urgente para que cumplan la restricción preventiva de la libertad en su comunidad (Kumarakapay) mientras dure la cuarentena.