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Este martes se cumple un año de la detención de los pemones tras el asalto al Batallón 513 de Infantería de Selva Mariano Montilla, de Luepa, en Gran Sabana al sur de Bolívar. 12 meses marcado por violaciones al debido proceso y a los derechos humanos.

El hecho ocurrió la madrugada del domingo 22 de diciembre. Según el parte oficial sujetos liderados por un oficial desertor, tomaron las instalaciones de la sede militar y robaron 112 fusiles y municiones en una Toyota Hilux y un camión 3-50, modelo Tritón.

Posterior a esto se dirigieron hacia la troncal 9 y asaltaron el comando policial de San Francisco de Yuruaní. El reporte policial establecía que “varios sujetos fuertemente armados y haciéndose pasar por funcionarios del Dgcim, apuntaron a todos los funcionarios que se encontraban de servicio y los despojaron de sus armas de reglamento, un total de cinco pistolas y un chaleco, los delincuentes se trasladaban en un vehículo tipo camioneta de color plateado”.

La detención desde ese momento ha sido un golpe para la comunidad, sobre todo para las madres de los indígenas quienes dependían de ellos para su subsistir. “Ellas están muy tristes, pensaron que iban a pasar Navidad y el año nuevo con sus hijos, pero ya sabemos que no es así”, dijo Felicia Pérez, madre de Amílcar, Oscar y Pantaleón Pérez, tres de los 13 pemones detenidos en el asalto.

Felicia, junto a Gloria Sosa, ha estado desde el 18 de febrero en Caracas para entregarle alimentos a los 13 detenidos dado que el centro dejó de garantizar la alimentación desde septiembre. Por ahora las dos madres se resguardan en el convento Sagrado Corazón de Jesús donde reciben apoyos para entregar los alimentos a sus hijos.

La comida que entregan a los pemones deben llevarla preparada dado que el recinto no tiene la estructura ni los servicios para que los pemones puedan cocinar, apenas pueden entregarla dos veces por semana y con ayudas de la organización Foro Penal quienes la trasladan hasta el centro.

Condiciones de salud

Los 13 pemones dentro de El Rodeo II han sufrido síntomas de COVID-19 que no fue tratado por médicos dentro del penal, problemas estomacales similares a amibiasis al no contar con agua potable y han bajado de peso al no tener una alimentación adecuada. Willy Martínez y Salvador Franco han sido los más afectados en el centro. Han padecido fiebre, problemas estomacales y han bajado de peso.

“Yo quiero que salgan nuestros hijos y regresarnos con ellos, no queremos regresar con nuestras manos vacías. No vale la pena que nosotros nos regresemos allá sin ellos, porque igual es un dolor para nosotros dejarlos en esas condiciones”, reclamó Felicia.

La abogada de Foro Penal, Stefanía Migliorini, ha denunciado que los pemones están hacinados dentro del centro al este albergar casi el doble de su capacidad de presos, no tienen acceso a alimentos, agua ni baño. “Hay un familiar que fue a visitarlos y tenían como 12 días que no les llegaba agua”, afirmó el 28 de octubre en entrevista con Correo del Caroní.

Además, la defensa ha señalado que los pemones se han enfermado porque en el Rodeo II hay animales como ratas y cucarachas, y han bajado de peso ya que los alimentos que les entregaban carecían de proteínas, al ser solo arroz con caraotas u otro tipo de granos.

Ante esto, Amnistía Internacional alertó que se estaban violando los sistemas de justicia indígena y exigió al Gobierno nacional que rectificara las condiciones de reclusión de los 13 indígenas con un traslado urgente que evitara mayores daños a los derechos humanos de los pemones, pero nada de esto ha pasado hasta ahora.

Marisol Franco señaló que su hermano Salvador “dejó de comer y está desnutrido”. Según lo que le han informado desde el centro, en los últimos días de diciembre su hermano ha botado sangre por la boca y no ha tenido la debida atención médica.

De acuerdo con Marisol, su hermano durante el 21 y 22 de diciembre de 2019 estuvo en su casa, por lo que no participó en el asalto. Salvador se había anotado en una lista para trabajar como seguridad en otra comunidad cercana y por esto fue arrestado el día 30 en su conuco.

En su última visita a principios de diciembre, pudieron ver que no camina por sí solo, ha perdido la fuerza para hablar y ha bajado al menos 15 kilos. “Exigimos pronta atención médica, si no hay atención a la exigencia, el gobierno va a ser el culpable de todo lo que va a suceder con ellos”, aseguró.

Pese a que el juez en la última audiencia el 27 noviembre autorizó el traslado de los pemones hasta un centro de salud, hasta ahora los familiares no saben a ciencia cierta qué tiene Salvador Franco dado que no ha sido examinado por un médico. Exigen que sea atendido por un especialista y sea devuelto a la comunidad.

Violaciones desde el primer día

El asalto ocurrió apenas 10 meses después de que la Guardia Nacional matara a cuatro pemones e hiriera de bala a más de una docena tras los intentos de ingreso de la ayuda humanitaria por parte de la oposición, liderada por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.

Desde entonces, Kumarakapay, la comunidad donde ocurrió la masacre, está bajo medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Entre las solicitudes se le demanda al gobierno de Nicolás Maduro que adopte medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal, y garantice la seguridad de los indígenas de la etnia pemón. También la Comisión exigió al Estado que los agentes respeten los derechos de los beneficiarios y se abstengan de hacer un uso de la fuerza de manera incompatible con los estándares internacionales sobre la materia.

Sin embargo, nada de eso se ha respetado. De los 13 privados de libertad, ocho se entregaron el 22 de diciembre y el resto fue arrestado entre el 28 y 30 de diciembre de 2019.

Desde el mismo 22 los pemones han sufrido violaciones al debido proceso. Olnar Ortiz, coordinador de Pueblos Indígenas de Foro Penal y abogado de los indígenas, ha señalado en varias oportunidades que los ocho pemones que se entregaron en el primer grupo fueron golpeados y vejados delante de sus familiares y han sufrido de retardo procesal.

El primer grupo de ocho tuvo su audiencia de presentación el 10 de enero en el Tribunal Cuarto de Control con competencia en terrorismo en Caracas, mientras que los restantes fueron presentados a finales de febrero, casi dos meses luego de su arresto.

Durante este proceso no les respetaron los tiempos procesales al saltarse las 48 horas de lapso desde la aprehensión, como lo establece el Código Orgánico Procesal Penal.

Posterior a esto sufrieron el diferimiento de tres audiencias, dos de estas por falta de traslado hasta tribunales e intérprete. A los abogados no se les permitió acceder al expediente luego de ser juramentados y el 27 de noviembre, 11 meses después de la detención, fue que lograron completar su audiencia preliminar, cuando debería ser 45 días después de la presentación.

“Si nosotros estuviéramos realmente con un estado de derecho ellos por el simple hecho de esas violaciones al debido proceso que han ocurrido en este caso ya ellos estuvieran en libertad”, subrayó Ortiz.

Al contrario de esto, la Fiscalía acusó al primer grupo de ocho pemones de conspiración en forma política, sustracción de armas de fuego con municiones en resguardo, terrorismo y asociación para delinquir. Al grupo presentado posteriormente le sumaron el cargo de situación complicada.

“Es una situación complicada, porque son casos políticos”, expresó el abogado. Comentó que en la audiencia preliminar no había formas de determinar quién era quien durante el asalto y pese a ello los enviaron a juicio. “No hay elementos convincentes para decir que pueden culpar a los pemones”, resaltó.

Lo que sufren las familias

Los pemones no han sido los únicos afectados por la detención el 22 de febrero. Las familias han pasado un año sin poder verlos, la mayoría a más de 800 kilómetros del centro de reclusión. Algunas madres, dependían de lo que ellos trabajaban como artesanos, guías turísticos o conuqueros. Creen que los pemones fueron engañados.

“Esto ha sido muy fuerte, aquí estamos llenos de lágrimas, esperando que vuelvan, necesitamos nuestros muchachos”, expresó Rosa Emilia Romero, madre de Frederick Fernández, guía turístico.

Romero era prima de Rolando García y cuñada de Zoraida Rodríguez, pareja de pemones asesinados por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en febrero de 2019 tras los intentos de ingreso de la ayuda humanitaria. Para la madre de Fernández desde ese entonces el pueblo ha estado desolado y triste tras el asesinato de los miembros de su comunidad.

Lo que recuerda del 21 de diciembre eran las actividades previas a las elecciones del capitán de la comunidad. Para ella, todo era como un día normal, su hijo nunca le comentó nada sobre ningún asalto, solo las excursiones y trabajos que realizaba en Roraima.

Aunque su hijo en horas de la noche se desapareció, ella pensaba que estaba de “rumba”. No volvió a saber de él hasta la mañana del 22 donde se entera del asalto, pese a ello, en ningún momento pudo comunicarse con su hijo. Relató que solo pudo verlo cuando se estaba entregando a los funcionarios de seguridad del Estado. “Pensando que va a decir todo lo que pasó, pero allí lo detuvieron, se lo llevaron”, relató.

Fernández de 32 años tiene tres hijos de cuatro, tres y un año. Con lo que trabajaba subiendo a Roraima le garantizaba la alimentación tanto a los niños como a su madre. Hasta ahora ninguno de los tres menores sabe que su padre fue detenido tras el asalto. “Sus hijos están esperando que venga de excursión, eso es lo más triste para mí”, relata Romero.

“Estamos pasando trabajo, sin ayuda (…) me hace falta y a sus hijos”, comentó. Hasta ahora Romero sigue dedicándose a realizar artesanías y buscando alimentos en los conucos. Para ella, el clamor es solo uno: ¡Que liberen a nuestros muchachos, por favor!

Los daños que dejó tanto la masacre como el asalto siguen afectando a la comunidad, los niños pemones quedaron traumatizados y al ver a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana piensan que serán atacados nuevamente como en febrero y diciembre. “Están traumatizados”, señaló Marisol. “No queremos saber nada de allanamiento. Queremos paz”, finalizó.