martes, 21 de septiembre de 2021 | 4:56 AM

Raquel Figueroa: “La educación a distancia pasó a ser un fin en sí misma y no un medio de apoyo”

En la serie í ó consultamos la perspectiva de los expertos en políticas educativas para comprender la situación venezolana. Coinciden en que la falta de recursos tecnológicos en el hogar y las fallas de los servicios básicos influyen en la profundización de la desigualdad en el acceso a la educación y en que el proceso de enseñanza-aprendizaje ha sido desvirtuado, dejando en manos de los padres, madres y cuidadores responsabilidades que no le corresponden. Los expertos también ofrecen recomendaciones para escuelas, docentes y padres.

Los estudiantes venezolanos iniciaron un nuevo año escolar este miércoles 16 de septiembre. Las clases son dictadas a distancia. Escuelas y familias se preguntan cómo asegurar el éxito para los alumnos a pesar de la incertidumbre, las fallas de conectividad y las deficiencias en los servicios básicos. Esta es la séptima entrega de Desafíos de la educación en pandemia, una serie sobre la perspectiva de los expertos en políticas educativas para comprender la situación venezolana. En esta oportunidad habla la profesora Raquel Figueroa, dirigente sindical de la Federación Colegio de Profesores de Venezuela y coordinadora nacional de la Unidad Democrática del Sector Educativo.

a educación sufría un vertiginoso desplome antes de la suspensión del proceso escolar presencial por la pandemia de covid-19. Las incorrectas políticas económicas desarrolladas por Maduro disminuyeron el presupuesto educativo y pulverizaron el salario, lo que provocó que la educación como derecho humano sufriera un colapso estructural. A partir de 2016 vimos la estampida de las migraciones forzadas, que incluyó la fuga de maestros; el ascenso de la exclusión escolar, la baja calidad y disminución del Programa de Alimentación Escolar (PAE), el incumplimiento de la Convención Colectiva de los Trabajadores de la Educación y la desaparición de los servicios de seguridad para los estudiantes y docentes.

 

Este es un trabajo de Indira Rojas en el marco del proyecto de Prodavinci y el Centro Pulitzer: COVID-19 llega a un país en crisis: Despachos desde Venezuela

 

La pandemia llegó en medio del colapso, y los hechos demuestran que la administración de Maduro no acató el llamado de la Unesco a mantener la educación en pandemia como derecho humano. El año escolar 2019-2020 finalizó como la mayor estafa histórica que haya vivido Venezuela; oculta por ilusorias realidades construidas por el propio Ministerio de Educación en el Congreso Pedagógico realizado en julio.

El Estado no estaba preparado para desarrollar una educación a distancia en todos los niveles educativos, menos en la educación especial y en el nivel medio de educación técnica. Por eso, de manera improvisada, sin analizar el impacto educativo ni las condiciones de accesibilidad tecnológica, el Ministerio decidió imponer la aplicación de una política educativa sin involucrar a los estudiantes, educadores, padres y representantes.

La improvisación del plan Cada Familia Una Escuela es evidente en la presentación de programas televisados por VTV, el canal del Estado. Las clases en vez de educar promueven la confusión y falsean los contenidos académicos, incurriendo en graves errores sobre conocimientos históricos, geográficos, matemáticos y de todo el conocimiento científico.

La educación a distancia, al ser un sistema de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla parcial o totalmente a través de las tecnologías de la información y comunicación, requiere de una serie de condiciones para que su implementación sea eficaz. En el caso venezolano, la educación a distancia pasó a ser un fin en sí misma y no un medio de apoyo para el proceso educativo.

La accesibilidad a la tecnología fue uno de los problemas críticos, debido a la situación de vulnerabilidad del sistema eléctrico y a las fallas de conexión a Internet. Testimonios de docentes, padres y representantes, muchos de ellos hechos públicos en las redes sociales y otros medios de comunicación, denuncian la imposibilidad que tuvieron de realizar las actividades, enviar y revisar. Una educadora expresó: “no estamos preparados para implementar clases a distancia, pues son muchos los docentes que no saben manejar estas tecnologías”. A este testimonio, que es el reflejo de la dificultad presentada en el magisterio, agregamos que además no contaban con computadora ni teléfono inteligente, mucho menos con recursos económicos para mantener la conexión de datos cuando el salario alcanza apenas para comer dos días.

  
Foto Gaby Oráa | RMTF

Una consulta rápida, que se realizó en Distrito Capital, Miranda y Vargas, reflejó que el programa Cada Familia Una Escuela presentado en Vive-TV tenía poca audiencia. No era casi visto ni por los estudiantes ni por los docentes, y mucho menos por los padres y representantes. En este caso, han optado por las actividades que los educadores informaban. En ocasiones, pegaban papelógrafos en la pared de la entrada del plantel o en una cartelera para los estudiantes.

Cada Familia Una Escuela no fue solución para aquella población estudiantil que inició el año escolar 2019-2020 sin profesores en las áreas de Biología, Química, Matemática, y Física. Informaciones suministradas por docentes nos hablan de que las Zonas Educativas ordenaron administrativamente que se les colocara una nota de aprobación a estos estudiantes.

Algo delicado sucedió en esta etapa de Cada Familia Una Escuela. La modalidad de educación especial no fue atendida. Como sabemos, esta modalidad requiere de atención de pedagogos especialistas de manera permanente y directa, y este plan no contó con herramientas pedagógicas.

La función del educador se ha desvalorizado y descontextualizado en este programa, al trasladar esta función pedagógica a los padres y dejar la función del docente reducida a recibir y corregir tareas y actividades, sin desarrollar ningún proceso de enseñanza, produciendo una sobrecarga de horas de trabajo que al final fueron improductivas desde el punto de vista académico porque la comprobación del aprendizaje no se pudo evaluar realmente.

Para el docente lo que generó fue agotamiento, que se suma a la depresión laboral por la pulverización del salario. Por otra parte, en algunas regiones los educadores recibieron permanentemente hostigamiento y amenazas de las Zonas Educativas ante exigencias de asistir al plantel a sabiendas del confinamiento social. Además, muchos docentes que no tenían condiciones para el desarrollo de la educación a distancia tuvieron que recurrir a préstamos de equipos y saldos para Internet, quedando endeudados.

En resumen, me preocupa el aumento de la exclusión escolar y la brecha de la desigualdad social, el deterioro del derecho a la alimentación, la disminución de políticas para invertir en la educación y la política sistemática de la desprofesionalización de la carrera docente. Según la Memoria y Cuenta del Ministerio de Educación, entre 2014 y 2015 habían 256.155 docentes con título. Para enero de 2019, según la dirección general de gestión humana del ministerio, solo hay 156.639. Al mismo tiempo, aumentó en el sistema educativo el número de docentes no graduados. De 14.049 pasamos a 38.350 en cuatro años.

El Estado tiene que proveer en este contexto de pandemia tres cosas fundamentales: condiciones para preservar el derecho a la vida, condiciones para el desarrollo de la educación como derecho humano, y condiciones para el desarrollo de un trabajo que cuente con seguridad, salario digno y los instrumentos pedagógicos y tecnológicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los docentes deben reivindicar su rol pedagógico, y los representantes deben restablecer su papel de contralor social.

 

Lea aquí otras entregas de la serie Desafíos de la educación en pandemia:

 

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