jueves, 16 de septiembre de 2021 | 8:08 PM

El “delito” de Tania Rodríguez: reenviar un mensaje y preguntar si era cierto

La extrabajadora de Ferrominera fue despedida de la estatal del hierro por exigir el cumplimiento de las tablas salariales y negarse a participar en marchas oficialistas.

A las 6:20 pm del pasado 3 de abril, Tania Rodríguez envió una nota de voz por un grupo en WhatsApp para avisar a amigos y compañeros sobre la presencia de funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros (Conas) a las afuera de su casa, con una orden de detención en su contra. Se la llevaron de su vivienda, 48 horas después fue presentada en tribunales y le dieron arresto domiciliario.

La imputaron por el delito de instigación al odio, luego de usar en su contra el reenvío de un mensaje en WhatsApp que no es de su autoría y sobre el que seguidamente preguntó: “¿Será cierto esto?”.

La persecución política contra Tania Rodríguez comenzó en 2018. Por más de 24 años trabajó en CVG Ferrominera Orinoco. Pasó por las gerencias: Administrativa, de Servicios, Planta de Pellas y Transporte, además de contribuir con la organización de nuevas gerencias. Fue destituida en octubre de 2018, aunque a la fecha no ha recibido una notificación formal, simplemente le restringieron el acceso a la empresa.

Esta medida fue consecuencia de su participación en las protestas laborales que se iniciaron en septiembre de 2018, cuando a partir de la reconversión monetaria, todas las empresas básicas de Guayana dejaron de cumplir con las tablas salariales y demás cláusulas económicas de los contratos colectivos. Además, Rodríguez se negó a asistir a una marcha oficialista.

Desde hace dos años Tania se dedica al trabajo de costurera para cubrir los gastos médicos de su madre y de ella, quien padece de fibromialgia y problemas con su sistema inmunológico. También forma parte del movimiento Operación Libertad Sindical y Gremial, liderado por el dirigente sindical de Alcasa, Henry Arias.

Hoy Tania Rodríguez espera por el cumplimiento de los 45 días para que la Fiscalía presente los actos conclusivos y se determine si se mantiene o no la privativa de libertad.

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