La actividad minera no se ha detenido en Tumeremo, capital del municipio Sifontes al sur del estado Bolívar, a pesar de la cuarentena nacional por la COVID-19.
Una presunta incursión militar el pasado domingo en la mina Siete Colores, alertó a la población, debido a la tensión que existe en el pueblo a raíz del asesinato del comandante del Fuerte Tarabay, Ernesto Solís, y el sargento Gustavo Flores.
Karina Finol, cuya madre y esposo trabajan en la mina Siete Colores, logró comunicarse con ellos y verificar que todos en la zona están bien. La preocupación de los familiares obedece a que funcionarios militares impiden su ingreso. Hay mineros que han salido de la mina sin inconvenientes, aunque pasan por revisiones. El resto teme al abuso militar y el robo del oro que lograron sacar.
Para quienes permanecen en la mina y continuarán en la faena requieren con urgencia el abastecimiento de alimentos, agua y medicinas.
“Los mineros están bien, pero no tienen alimentos y agua, y no nos dejan pasar para allá (la mina). Por eso es que estamos pidiendo el apoyo. El comandante Ernesto Solís fue el que dio la autorización para que se trabajara en esa mina”, comentó Finol.
Responsabilizan a los militares de impedir el acceso a parientes para llevar alimentos, agua y medicinas y puedan resguardarse en medio de la coyuntura por la pandemia de la COVID-19.
Si bien las minas del sur de Bolívar son de riesgo para el contagio de enfermedades como la malaria, por ser zona selvática, habitantes de Tumeremo comentaron vía telefónica que la minería se mantiene con un mínimo de previsiones, como el uso de guantes y tapabocas. Incluso, cuando inició la cuarentena, se instaló un punto de control en el Fuerte Tarabay con médicos del Hospital Dr. José Gregorio Hernández, para las evaluaciones de todo el que entraba y salía de las minas.
Protesta en Tumeremo
Además de exigir que permitan el ingreso de alimentos y agua a la mina Siete Colores, también protestan en contra de los abusos militares. El lunes 13 de abril se concentraron a las afueras del comando de la Guardia Nacional en Tumeremo. Unos 36 mineros estaban detenidos y, según Finol, fueron maltratados. El reclamo transcurrió pacíficamente y posteriormente fueron liberados.
En el resto del pueblo se cumplen las medidas de cuarentena. La actividad comercial es hasta el mediodía, pero hay quienes prefieren desocuparse de sus diligencias en las primeras horas del día.
 Activista de la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco: “Las poblaciones de zonas mineras no tienen la mínima capacidad de respuesta ante la llegada del virus” |
“La gente sale tempranito para ya a las 8:00 o 9:00 de la mañana están ya de regreso a sus casas, porque después de las 10:00 am empiezan a montar las alcabalas y a los que paran les revisan el teléfono, los obligan a desbloquearlo, los interrogan, que por qué tienen esa foto, que por qué están en ese grupo en WhatsApp. Y a los mineros les quitan el oro”, dijo una residente de Tumeremo que resguarda su identidad.
Finol secundó esta versión de las alcabalas y el robo o decomiso del oro a mineros de Tumeremo. Considera que si bien pueden haber delincuentes en otras minas, recalca: “no todos son delincuentes, hay personas inocentes”. Aseguró que las comisiones militares son foráneas.
Estos operativos se realizan desde el asesinato del comandante Ernesto Solís, la noche del 6 de abril. En el pueblo ya temían por lo que se desencadenara y aseguran que la orden de arriba es hallar a los autores de la muerte de Solís, denunciado desde hace meses por habitantes del pueblo por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas.
El 9 de abril se registraron tres partes policiales de distintos procedimientos, en el que reseñan presuntos enfrentamientos. En los tres registran un occiso, todos presuntamente formaban parte del colectivo 3R, que según aseveraciones del diputado en el exilio Américo De Grazia, guardan relación con el asesinato de Solís por haber sido desplazados del negocio del oro.
Dos de los presuntos enfrentamientos fueron con funcionarios de las FAES, y el otro con la delegación municipal de Tumeremo.
Minería sin garantías en cuarentena
La revista SIC del Centro Gumilla publicó recientemente un artículo en el que plantea varias interrogantes sobre el Arco Minero del Orinoco y la cuarentena por la pandemia de la COVID-19.
“Como han demostrado los hechos de la última década, testimonios y múltiples investigaciones en territorio, toda la actividad minera está atravesada y dirigida transversalmente por lógicas irregulares, informales, violentas y delictivas. El crimen no va a detenerse por la epidemia y son cientos de miles los que están directa o indirectamente relacionados con sus actividades, que ahora se transforman en población potencialmente amenazada por el coronavirus, el cual presenta una altísima tasa de contagio”, plantea.
El artículo titulado El Arco Minero y el COVID-19: una bomba de tiempo de grandes dimensiones, firmado por el activista de la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco, César Romero, afirma que las medidas de cuarentena son insostenibles económicamente a mediano plazo y las poblaciones de zonas mineras y cercanas a estas no tienen la mínima capacidad de respuesta ante la llegada del virus, por factores como:
1. Limitado acceso a agua potable.
2. Costos en gramas de oro de artículos de limpieza, como jabones, que puede desestimular la compra por parte de pobladores.
3. Contaminación en el entorno minero, ambulatorios sin insumos, enfrentamientos armados y enfermos de paludismo. “Los casos de desnutrición, anemia y enfermedades que afectan el sistema inmunológico como el SIDA, se vienen expandiendo de forma alarmante en todo el territorio al sur de Venezuela, afectando principalmente a comunidades rurales, afrodescendientes e indígenas”.
4. Mineros confinados en campamentos, además de la entrada y salida semanal de extranjeros desde-hacia las minas, provenientes principalmente de Brasil y Colombia.
