El opaco procedimiento ejecutado por el Sebin comenzó con el allanamiento y derivó en el traslado de la periodista María Ramírez Cabello y Susana Reyes quienes permanecieron por más de seis horas en la sede de la policía política. 

Un nuevo atentado en contra de la prensa libre e independiente se perpetró este martes 20 de septiembre con el allanamiento por parte de funcionarios del Servicio Nacional de Inteligencia (Sebin) a la sede de Correo del Caroní, en Puerto Ordaz, el cual incluyó la incautación de equipos de computación de la redacción.

La orden fue emitida por el Tribunal Especial de Primera Instancia en funciones de control con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo, a cargo de la jueza Carol Padilla. Se trata del mismo tribunal que ordenó el allanamiento a la residencia del director de Correo del Caroní, David Natera Febres, el pasado 12 de octubre. 

   
Susana Reyes y María Ramírez Cabello fueron liberadas luego de estar cinco horas detenidas arbitrariamente en la sede del Sebin en Vista al Sol

Este juzgado también fue el que ejecutó la orden para allanar la sede de las oficinas en Caracas del medio internacional 15 minutos, cuyo fundador y director es David José Natera Biliancieri, hijo de Natera Febres.

Durante el procedimiento, funcionarios del Sebin impidieron la presencia del abogado de Editorial Roderick, Germán Borregales, con lo cual violan principios constitucionales de legítimo derecho a la defensa y el debido proceso.

Los funcionarios se basaron en un eufemismo para negar el allanamiento y referirse a una “visita domiciliaria”.

“Me dijeron que no podía estar. Que me saliera. Ellos dicen que es una visita domiciliaria, pero no es más que un eufemismo para disimular un allanamiento”, manifestó Borregales.

Denunció que el impedirle estar presente en el procedimiento viola el artículo 10 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), “el cual establece que en este tipo de procedimientos, la persona que es objeto de estas cosas, tiene derecho a estar asistido por un abogado. Es un derecho que está en la Constitución, el derecho a la defensa y el debido proceso. Estamos en presencia de muchas violaciones al estado de derecho”.

El artículo 49 de la Constitución de la República de Venezuela establece que “la defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso”.

Esta misma arbitrariedad se cometió durante los allanamientos a la residencia de Natera Febres, en Puerto Ordaz, y la sede de 15 minutos, en Caracas.

Funcionarios del Sebin impidieron el ingreso del personal, salvo por la periodista y coordinadora María Ramírez Cabello, el jefe de redacción Oscar Murillo; y la secretaria de Natera Febres, Susana Reyes. A ellos les impidieron el uso de sus teléfonos celulares durante el allanamiento.

Detenciones arbitrarias

Las irregularidades del Sebin continuaron seis horas después del allanamiento al simular un procedimiento para “rendir declaraciones” y trasladar a Ramírez Cabello y Reyes. El celular de la reportera Ramírez Cabello fue requisado durante el interrogatorio.

Asimismo, el Sebin incautó cuadernos administrativos del medio y una computadora de la sala de redacción.

Fueron seis horas después, a las 9:40 pm cuando liberaron a Ramírez Cabello y Reyes. Los funcionarios devolvieron los teléfonos celulares, así como los libros administrativos, pero mantuvo la confiscación de la computadora sustraída de una de las oficinas.

Solidaridad con Correo del Caroní

Durante el allanamiento, vecinos del sector Villa Colombia, dirigentes sindicales, políticos y sociedad en general se acercaron para manifestar su respaldo para Correo del Caroní.

Organizaciones como Provea, Codehciu, el Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, Instituto Prensa y Sociedad, Espacio Público, y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, entre otros, también se pronunciaron en solidaridad con Correo del Caroní.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría de Libertad de Expresión del organismo expresaron preocupación por el allanamiento a la sede de Correo del Caroní en Puerto Ordaz.

“La CIDH y su relatoría recuerdan que este tipo de actos puede configurar restricciones indebidas a la #LibertadExpresion, generar efecto amedrentador en las y los periodistas, además de vulnerar el derecho de las personas a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo”.

Alertaron que cualquier medida tendiente a incautar material periodístico tiene un efecto restrictivo sobre la libertad de expresión y que es deber del Estado prevenir e investigar estos hechos.

“Nuevamente la dictadura arremete contra la prensa libre en el estado Bolívar, luego de allanar la vivienda del editor de Correo del Caroní, van ahora contra la sede del diario. Nos solidarizamos con todo el equipo de trabajo de este prestigioso diario y los alentamos a seguir adelante”, expresó César Ramírez, presidente de Encuentro Ciudadano en Bolívar.

El ingeniero y coordinador de la ONG Gente para Salvar Caroní, también manifestó su respaldo y destacó que “Correo del Caroní es el diario por excelencia que identifica a los medios de comunicación en Guayana. Hoy, víctima de la persecución y de la conducta de ir acosando, persiguiendo y limitando las posibilidades de expresión de todos los venezolanos”.

Correo del Caroní es un periódico de tradición que siempre ha estado diciendo la verdad y siendo contundente con lo que está pasando en Venezuela. Al principio se le negó el papel, tuvo que salir en digital pero siguió en la lucha. A la televisora también los atacaron hace mucho tiempo. Quieren psicológicamente afectar al pueblo de Venezuela, pero sé que la familia Correo del Caroní tiene la contundencia y la fuerza para seguir luchando”, sostuvo el diputado de la Asamblea Nacional, Rachid Yasbek.

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