La preocupación por el nuevo costo de matrícula y mensualidad crece en medio de la crisis económica y el impacto de la pandemia.

Hasta este lunes 3 de agosto, autoridades de la Unidad Educativa Colegio Monte Carmelo, en Puerto Ordaz, no habían fijado el costo por concepto de inscripción y mensualidad para el año escolar 2020-2021. Sin embargo, desde principio de julio ya se manejaba una estructura que oscilaba entre 40 y 45 dólares la matrícula.

Padres y representantes esperan poder reunirse con las autoridades del colegio para llegar a un acuerdo. Alegan no poder cubrir el nuevo monto previsto, el cual consideran exorbitante. Esto después de que venían pagando Bs. 946.000 la mensualidad.

Hernán Laya tiene cuatro hijos, de los cuales tres estudian en el colegio Monte Carmelo. Aclaró que no están en contra de la institución, sino con el aumento a 45 dólares la mensualidad, según lo que se estima sea el incremento.

“Yo trabajo por mi cuenta y tengo que trabajar hasta mediodía. Mi ingreso mensual no me da para cubrir una mensualidad en este tiempo de pandemia.

Así como yo, hay más que están en la misma situación. Un trabajador de una empresa básica no gana para pagar colegio, la empresa va a pagar más en matrícula escolar que en lo que le paga al trabajador. Y muchas empresas han dicho que a ese precio no”, manifestó Laya.

Por ahora no tiene previsto plan B. considera que los aumentos de mensualidades en otros colegios privados también serán elevados. Sin embargo, aboga por que se fije una tarifa que sea de beneficio tanto para representantes como para el plantel educativo.

“Yo no tengo cómo mantener a tres niños porque me cobran 45 dólares, si lo multiplicas por tres es una locura. ¿Qué hago? ¿No como? ¿Lo mando para acá desnudo? ¿Mandarlo a un colegio público cuando no funcionan? La educación pública es mediocre, no podemos, cada vez vamos en retroceso”, agregó.

Educación pública como opción

Karen Marcano es representante de dos alumnos. Como docente inactiva apenas recibe un salario de Bs. 790.000 quincenales. También considera un exabrupto aumentar la mensualidad a 45 dólares.

Por su experiencia como educadora, no está entre sus planes que sus hijos migren de la educación privada a la pública.

“Vivimos otra época. En el pasado podrías llevarlo a un colegio público, pero ahorita no. Este año escolar que comenzó en septiembre del año pasado, la fuga de docentes fue muchísima, es decir, no están funcionando como es debido. Simplemente el gobierno quiere tapar el sol con un dedo y estamos viviendo una realidad que es de muchísimos venezolanos”, expuso Marcano.

Carlos Yánez, en cambio, si ha estudiado la posibilidad de que su hijo migre a un colegio público.

“Tendré que emigrar a la educación pública, si no consigo cupo, mi hijo tendrá que perder el año, no queda de otra”, afirmó.

Para este martes 4 de agosto se tiene prevista una reunión virtual entre la unidad educativa y los representantes, para fijar el nuevo monto de la matrícula y mensualidad. Correo del Caroní intentó conversar con las autoridades de la institución, pero argumentaron esperar los resultados de esta asamblea.

No todos los representantes están de acuerdo con esa asamblea. Alegan que ya se fijaron unas estructuras de costos sin plantearse otras propuestas.

Hermes Rodríguez, asesor legal de los representantes, estima que la deserción en colegios privados se ubicaría en 50%, ante la incapacidad de los representantes para cubrir los nuevos costos de mensualidad escolar.

Es de recordar que en julio, 22 colegios privados suscribieron un comunicado en el que manifiestan la necesidad de un reajuste en los costos de las mensualidades.

“Hasta el momento, los colegios de la zona han mantenido las tarifas escolares en bolívares, lo que ha generado una devaluación importante en sus estructuras de costos, provocado por la hiperinflación que existe en el país. Es importante dejar claro que el 70% de los ingresos de un colegio se destinan al pago de nómina, como lo exigen las resoluciones 0027 y 058 del Sundde y MPPE, el restante 30% corresponde a los gastos de mantenimiento, impuestos y otras obligaciones inherentes al funcionamiento de una institución”, señala el comunicado.

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