De 23 apartamentos del Bloque II de Unare, en Puerto Ordaz, solo cinco fueron reparados a través de Inviobras Bolívar. El resto sigue con las mismas afectaciones que dejó el sismo de 7.3 grados, ocurrido el 21 de agosto de 2018.

La noche del 21 de agosto de 2018, luego del sismo de 7.3 grados -según el Servicio Geológico de Estados Unidos- en Venezuela, el gobernador de Bolívar, Justo Noguera Pietri, se presentó en el Bloque II de Unare, en Puerto Ordaz, por ser uno de los edificios de Ciudad Guayana afectados por el terremoto. Para entonces, prometió las reparaciones, a través del Instituto de Viviendas y Obras (Inviobras), reparaciones no cumplidas a un año y cinco meses después.

De los 23 apartamentos afectados en el Bloque II de Unare, solo cinco fueron reparados: quedan 18 con las mismas condiciones que ponen en riesgo al resto de la edificación. Grietas, parte de paredes derrumbadas y filtraciones, son parte de los daños.

Alcalis Leal, miembro de la junta de condominio, señaló que hay dos apartamentos que actualmente no están habitados por los severos daños que sufrió. “Realmente no se puede estar allí, las paredes explotaron. El resto de la gente vive allí, en su apartamento, con las mismas condiciones. Gobernación nos prometió la impermeabilización del edificio, pintura y reparación de las columnas principales que también sufrieron daños”.

El año pasado acudieron hasta la Gobernación de Bolívar, Inviobras y la Alcaldía de Caroní, pero ningún ente los apoyó, ni siquiera les dieron respuesta, dijo Leal.

Deyglis Narváez, otra de las vecinas, señaló que son 60 ciudadanos los afectados, incluyendo personas con discapacidad, que viven en una tensión constante por el temor de que las afectaciones sigan cediendo. Algunos vecinos han hecho unas pocas reparaciones por su cuenta, ya que la condición económica no les permite hacer mucho más.

San Félix en las mismas

La promesa incumplida no fue solo para los vecinos de Unare, al menos siete casas de la comunidad Clorindo Manuel Paredes, en El Roble, San Félix, están en riesgo de derrumbe por las afectaciones sufridas en el mismo sismo. Para entonces, Protección Civil ordenó el desalojo, pero al no tener a dónde más acudir, viven bajo el riesgo de que sus viviendas cedan en algún momento.

Además de las grietas en las paredes, todo el piso tiene desniveles, el movimiento telúrico lo levantó. Lismar Gutiérrez, una de las afectadas, denunció en agosto del año pasado que han acudido a Inviobras en varias oportunidades, y que Noguera como el alcalde Tito Oviedo, están al tanto de la situación pero igual no dan respuesta.

En el sector también vive Santa Mieres, su hijo y su nieto, un niño con discapacidad. Por los desniveles en el suelo ha sufrido varias caídas que afectaron su pierna, el médico le advirtió que una más podría discapacitarla.

Minimizaron los resultados del sismo

El 22 de agosto de 2018, un día después del sismo, el alcalde de Caroní, Tito Oviedo, estuvo en Residencias Los Raudales, en Puerto Ordaz, cuyos edificios también sufrieron daños de mampostería, según indicó Protección Civil.

Oviedo ofreció un balance en el que indicó que en el municipio se registraron 48 afectaciones, de las cuales 22 eran de daños menores y una sola de gravedad, en una vivienda ubicada en la parroquia 11 de Abril, en San Félix.

“Las edificaciones que han sido revisadas, todas están perfectamente habitables, con las excepciones de los daños que se han hecho en paredes que son daños menores”, dijo Oviedo en esa oportunidad.

Oviedo aseguró que no había órdenes de desalojo, lo que contradice la denuncia que hicieron los vecinos de la comunidad Clorindo Manuel Paredes. De hecho, en los mismos edificios de Los Raudales, Protección Civil recomendó esa noche después del terremoto, desalojar la Torre I por los daños que sufrió el piso dos, cuyo pasillo quedó lleno de escombros.

A los residentes del Bloque II de Unare, les recomendaron desalojar por al menos 48 horas. Noguera Pietri informó que en este edificio hubo un total de 98 familias afectadas. El movimiento Somos Venezuela detalló al día siguiente del suceso, que esas 98 familias representaban 227 personas y que Inviobras continuaría realizando inspecciones.

Correo del Caroní intentó, a través de llamadas telefónicas y comunicaciones vía WhatsApp, comunicarse con el presidente de Inviobras Bolívar, Javier Pérez, con el propósito de indagar sobre las reparaciones prometidas y que no fueron realizadas, pero no hubo respuesta. Posteriormente, se ofreció a hablar personalmente con el medio sobre este tema.

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