Werner Gutiérrez Ferrer

@WernerGutierrez El menosprecio a las alarmas encendidas desde la academia y gremios agrícolas durante el gobierno de Hugo Chávez Frías, sobre las consecuencias negativas que su política económica-agrícola ocasionaría en la producción y accesibilidad de alimentos en Venezuela, dejó en evidencia que embriagado por el espejismo del boom petrolero, su desacertada decisión era “no sembrar el petróleo, sino el chavismo”. Traicionando los intereses nacionales, la riqueza recibida fue utilizada para darle soporte al proyecto político del “Socialismo del siglo XXI”, y no para generar bienestar a la población. En el momento de mayores ingresos petroleros el Chavismo-Madurismo, entre el 2004 y 2014, fue capaz de dilapidar sobre los 816 mil millones de dólares generados por exportaciones de este mineral y endeudamiento externo. Para dibujar la magnitud del dinero despilfarrado tomemos en cuenta que según diversos especialistas, el plan de recuperación de la economía venezolana post Nicolás Maduro, requerirá en su fase inicial cerca de los 80 mil millones de dólares, es decir, el 10% de esa obscena cifra, la cual en su mayor parte sirvió para enriquecer a un reducido grupo de venezolanos y a sus socios de la izquierda internacional. El plan del gobierno ha sido el controlar el proceso de producción, generando intencionalmente la inaccesibilidad a los alimentos y el empobrecimiento de la población. Su objetivo ha sido cumplido, el 86% de las personas que pasaron hambre en la región son venezolanas (FAO, 2018). En 1998, 45% de nuestros hogares se encontraban en situación de pobreza de ingresos, pasando esta cifra en 2018 a 94% de familias bajo esta precaria situación (Encovi). La destrucción del aparato agroproductor nacional, reflejada en una caída sobre el 65% en la producción de la totalidad de los rubros desde el 2008 al 2018, fue parte del plan de Chávez-Maduro, como paso previo para crear la dependencia y sumisión del venezolano. Literalmente el pueblo ha sido obligado a refugiarse en la limosna de un estado manipulador. Al cierre del 2018 el 63% de la población, declara ser receptora de alguna de las misiones sociales del gobierno. El corregir este escenario, nos exige hacer las cosas de una manera diferente. Es indispensable generar cambios profundos en la concepción del modelo económico-agrícola, alejándonos de la omnipresencia y proteccionismo estatal, dirigiendo los esfuerzos a construir un sector agroproductor privado robusto, eficiente y competitivo. Estamos en el momento histórico justo para darle un giro a nuestra suerte, debemos ser capaces de crear nuevas fuentes sostenibles de ingresos. El petróleo esta conminado a dejar de ser “la sangre de la economía nacional”, considerando que “tan pronto como en el 2030 sólo será una de las cinco fuentes principales alternativas de energía en el mundo”. He repetido de manera insistente, la urgente necesidad de cambiarle el subconsciente agrícola al venezolano. La verdadera riqueza de nuestra nación está en sus campos, en el valor y compromiso de su gente. La historia demuestra que somos una nación en esencia de vocación agrícola. Sobreponiéndose a las últimas dos décadas, aun la agricultura es base fundamental en 17 de nuestros 24 estados. No existe otra actividad económica capaz de generar mayores fuentes de empleo y bienestar en la ruralidad venezolana, como la producción y transformación de alimentos. Adicionalmente, al recuperar la agricultura nacional, estaríamos dando solución a uno de los problemas más importantes en nuestros hogares, la inseguridad alimentaria.       Nuestra frontera agrícola con el uso de las nuevas herramientas tecnológicas disponibles, puede ser ampliada a 50 millones de hectáreas, ubicándonos entre los 15 primeros países del mundo con suelos disponibles, no utilizados actualmente, con potencial agrícola vegetal, animal, forestal y acuícola, pero además disponemos de 700 mil km2 de zona estratégica para el desarrollo pesquero y acuícola. Estamos conscientes que para atender la emergencia agroalimentaria es urgente habilitar de inmediato el canal humanitario para ingresar alimentos elaborados, pero esta medida es de limitado y transitorio alcance.  Paralelamente es necesario el destinar cerca de 1,5 millardos de dólares para atender las demandas de agroinsumos, repuestos y maquinaria agrícola que permita abordar con éxito el año agrícola venezolano 2019. El Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura han manifestado públicamente su disposición de acompañarnos en este reto que estamos a las puertas de asumir bajo un nuevo modelo político. En los próximos días, continuaremos recibiendo el ofrecimiento de diversos organismos multilaterales y de países con amplia tradición agrícola, cuya historia les ha enseñado que el impulsar la agricultura, es la mejor vía para vencer el hambre y la pobreza.   **Ing. Agr. M. Sc. Werner Gutiérrez Ferrer Ex Decano de la Facultad de Agronomía de LUZ

@WernerGutierrez  Venezuela fue considerada como «una de las cinco naciones más dulces del mundo» por estar entre los primeros diez países con mayor ingesta per cápita de azúcar. La ingesta anual de azúcar alcanzó durante casi una década en promedio, los 40 kilogramos por habitante, incluyendo la de uso industrial 40% y 60% para uso doméstico. El mercado nacional demandaba 1,25 millones de toneladas de azúcar cada año.  En la zafra azucarera 2005–2006, se logra una cosecha record a nivel nacional cercana a las 9,5 millones de toneladas de caña de azúcar, llegando casi a ocupar la capacidad instalada de molienda, que para esa época era de 10,0 millones de toneladas, cubriendo cerca del 70% de la demanda interna de azúcar. Como consecuencia de las medidas desfavorables del gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, desde el 2008 se registra una importante caída en la producción de azúcar.  Según la Federación Nacional de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela (Fesoca) en la zafra 2017–2018 solo logramos moler sobre las 3,5 millones de toneladas de caña (segundo nivel más bajo de los últimos 19 años), obteniendo 240 mil toneladas de azúcar, lo que representa solamente alrededor del 25% de la demanda nacional. Durante el pasado año, se calcula el gobierno importó aproximadamente 600 mil toneladas de azúcar de Guatemala y otros “países aliados”.  Para satisfacer plenamente la demanda interna de azúcar con producción nacional deberíamos cosechar 15,0 millones de toneladas de caña de azúcar, con un rendimiento en molino del 8.0%, lo que indica la necesidad de tener en campo alrededor de 250 mil hectáreas plantadas.  Se estima que en la zafra iniciada con 20 días de retraso el pasado mes de diciembre, y que debe concluir en abril, escasamente se logren cosechar cerca de 70 mil hectáreas, 2,5 millones de toneladas de caña, con un rendimiento en molino menor al 8.0%, considerando que los cañaverales no han sido fertilizados por no tener acceso los agricultores a este insumo.  Adicionalmente, el 60% de los núcleos de cosecha (incluyen máquinas cosechadoras, gandolas para movilizar la cosecha, transporte y personal especializado) no cuentan con las maquinarias óptimas por falta de repuestos, combustibles y lubricantes, sumando un riesgo adicional que podría generar que parte de los campos no puedan ser cosechados antes del inicio de lluvias, quedando diferidos para la zafra 2019–2020.  Para completar el escenario adverso que amenaza con extinguir la producción de azúcar a nivel nacional, el gobierno nuevamente desconociendo los diversos llamados del sector, fijó el precio del kilogramo de azúcar en Gaceta Oficial Nº 41.536 del pasado mes de diciembre a nivel de consumidor en Bs.S. 200.  Los Bs.S. 70 por kilogramo que recibirá el productor, un mes después de entregar su caña al central, no le permitirá cubrir su estructura de costos, generándole pérdidas importantes, considerando que el cultivar una hectárea de caña de azúcar, supera Bs.S. 1,2 millones. Por cada kilogramo de azúcar, el cañicultor perderá sobre los Bs.S. 15, por lo que le están imposibilitando recoger la poca caña sembrada en los campos.  Las proyecciones indican que solo se producirá el 20% del azúcar que demanda el país, por lo que se debe adquirir en el mercado externo cerca de 950 mil a 1 millón de toneladas para cubrir satisfactoriamente la demanda interna del 2019. Es decir, la importación de azúcar representaría la erogación de aproximadamente 400 millones de dólares. Sin embargo, es imposible que esta cifra se pueda cubrir considerando la caída en el ingreso de divisas, debido a la caída en los niveles de producción petrolera y la baja en su precio, en el mercado internacional.  Fesoca y las diferentes asociaciones que la componen iniciaron desde el pasado mes de diciembre jornadas de protestas, que continuarán la próxima semana, para exigir sea liberado el precio del azúcar o se implemente un mecanismo de bandas, como única vía para permitirle cubrir los costos y obtener rentabilidad a cada eslabón de la cadena.  El gobierno venezolano debe abandonar las políticas destructivas del sector cañicultor iniciadas con la expropiación de 5,1 millones hectáreas de tierras, el apoderarse de 10 de los 16 centrales azucareros del país, negarle el acceso a los agroinsumos al sector, la seguridad y aplicando un absurdo control de precios, en una economía hiperinflacionaria.  El mercado nacional muestra índices de escasez de azúcar que sobrepasan el 80%, mientras los ciudadanos nos vemos obligados a pagar por un kilogramo del producto en el mercado informal sobre los Bs.S. 1.000. Los tiempos por venir prometen ser aún más críticos. Se vislumbra un “amargo futuro a un dulce país sin azúcar”, que irónicamente ha demostrado tener infinitas potencialidades para autoabastecerse y exportar significativos excedentes, si trabajamos en dirección correcta.  Ingeniero agrónomo M. Sc. Werner Gutiérrez Ferrer Exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ