 “En el municipio Roscio del estado Bolívar, las autoridades mataron cinco veces más que los delincuentes”, señala el informe del OVV de 2020 |
Por segundo año consecutivo, Bolívar se ubicó como el segundo estado más violento de Venezuela, seguido de Miranda, de acuerdo con el informe del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) de 2020. En el índice le siguen Sucre, Aragua, Distrito Capital, Monagas, Guárico, Delta Amacuro, Zulia, Portuguesa y Yaracuy.
La tasa de muertes violentas en Bolívar es de 62 personas por cada 100 mil habitantes. De sus municipios, El Callao, Roscio y Sifontes son de los más violentos del país, en estos la actuación de diversos grupos armados, como los llamados sindicatos mineros, el grupo guerrillero ELN y los cuerpos de seguridad del Estado son señalados como los responsables de la situación.
Miranda ocupa el primer lugar con una tasa de 70.7 muertes por cada 100 mil habitantes. Los estados que registraron una tasa por debajo de 30, y se ubican en los últimos puestos del ranking fueron Lara, Falcón, Mérida y Amazonas.
Hasta este 29 de diciembre, cuando el OVV presentó el informe, se contabilizaron al menos 11.891 fallecidos y una tasa de 45,6 muertes violentas por cada cien mil habitantes.
El observatorio contabilizó en 2020 al menos 4.153 homicidios cometidos por los delincuentes; “4.231 muertes catalogadas por las autoridades como resistencia a la autoridad, las cuales fueron homicidios cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado, por uso excesivo de la fuerza o mediante ejecuciones extrajudiciales”; y 3.507 muertes de intencionalidad indeterminada, registradas oficialmente como averiguaciones de muerte. El OVV considera estos últimos como homicidios que permanecen sin aclarar y muchas veces sin investigar.
Pandemia disminuyó criminalidad
En comparación con 2019, el observatorio destacó que hubo una disminución en el número y tasa de muertes violentas, lo cual atribuyen a la pandemia y cuarentena por la COVID-19.
En los homicidios cometidos por delincuentes el descenso fue de 37%, en resistencia a la autoridad el descenso fue del 20% y 24%, en las averiguaciones de muerte la disminución fue del 24%.
“Esta categoría sigue siendo una zona oscura en los anales de la criminalidad del país, y es posible un mayor subregistro por la falta de transparencia. Es posible estimar un incremento de las desapariciones como práctica de ocultamiento del crimen, tanto en zonas periurbanas como en los espacios rurales y selváticos, convertidos en territorios sin control. Aun así, esta categoría representa el 30% de los casos de muertes violentas, un porcentaje muy por encima de los estándares internacionales sobre el porcentaje de muerte de causa indeterminada considerados aceptables”, explicó el OVV.
Más muertes por violencia policial
 El informe del OVV destacó que en 18 municipios del país hubo más muertes violentas a manos de cuerpos de seguridad del Estado |
Por otra parte, el informe señaló que “en 18 municipios del país no hubo homicidios cometidos por delincuentes, pero sí víctimas de violencia policial. En el municipio Roscio del estado Bolívar, las autoridades mataron cinco veces más que los delincuentes”.
En 112 de los 335 municipios del país, las muertes por supuesta resistencia a la autoridad superaron a los homicidios ocasionados por cualquier otro delito, como robo o venganza.
“El 90% de las víctimas de la resistencia a la autoridad tenía entre 18 y 40 años, las autoridades afirman que el 66% de ellas tenían prontuario policial, en su totalidad eran venezolanos. De las 4.231 víctimas de la letalidad policial, 82 tenían entre 12 y 17 años, y hubo tres niños menores de 11 años, que supuestamente murieron por haberse resistido a la autoridad”, destacó el OVV.
El 82% de las víctimas de la violencia policial fueron asesinadas a manos de las FAES, 20% las policías estadales y 12% la Guardia Nacional.
Asimismo, el informe detalló que en 2020 se acentuó “la interacción y cooperación entre las bandas grandes del crimen organizado y los funcionarios del Estado, lo cual ha permitido el señoreo de estos grupos sobre amplios territorios urbanos y rurales del país. La presencia de organizaciones de actores armados no-estatales en la zona del Arco Minero y en las fronteras de los estados Zulia, Apure, Táchira y Bolívar, representan unos mecanismos de cohabitación que implica al menos una cesión de la soberanía de la república en esos territorios”.
“El dominio de esos actores armados en esos territorios no implica necesariamente un incremento de los homicidios, pues existe de parte de ellos un proceso de administración de la violencia, un uso más instrumental de la misma, que puede permitir un mejor control de la población y que sugiere la existencia de acuerdos entre esos grupos y funcionarios del Estado”.
Violencia estructural y familiar
Otro de los aspectos que incluyó el OVV en su informe fue el tema de la inseguridad alimentaria, presente en por lo menos 80% de los hogares venezolanos. “Esta realidad representa un tipo de violencia diferente, que no mata con una bala o un cuchillo, pero que puede provocar la muerte, es una violencia estructural”.
La vulneración del derecho a un nivel de vida adecuado, el no acceder a los alimentos, medicinas y otros bienes básicos, tener que caminar varios kilómetros por ausencia de transporte público o gasolina, soportar 20 horas sin electricidad, o meses sin gas doméstico o sin servicio de agua potable, se considera violencia estructural.
“Estas privaciones de servicios básicos, las dificultades para acceder a los alimentos y otros insumos, la cada vez mayor precariedad del ingreso, tienen otros efectos: someten a la población a situaciones de estrés y ofuscación que afectan la convivencia familiar y social y que se han provocado unas formas de violencia intrafamiliar cuya magnitud y expresiones no conocimos nunca antes”, alertó el OVV.
Destacó que en 2020, pero en especial desde que comenzó la cuarentena, se acentuó el trato cruel y el maltrato en las familias. En los observatorios regionales de violencia percibieron, además, el incremento de casos de violencia sexual y basada en género.
“Durante las medidas de control sanitario y en el confinamiento en los hogares se hizo evidente el incremento de femicidios por parte de parejas o exconvivientes. La violencia sexual tuvo como víctimas a niñas, adolescentes y mujeres, pero también a niños y jóvenes con discapacidad, teniendo predominantemente como agresores a padrastros, tíos, padres, abuelos y hermanos. Los datos publicados por la Redhnna informan que sólo de mayo a septiembre 2020, ocurrieron 183 crímenes que califican como delitos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y, en seis de esos casos, resultaron asesinados dos niños, dos niñas y dos adolescentes”.
La situación de emergencia humanitaria junto con las medidas de confinamiento también conllevó a un incremento de los suicidios. Hasta finales de noviembre, el Observatorio Venezolano de Violencia estudió 271 casos de presuntos suicidios consumados en el país. “El 21,8% de ellos ocurrieron antes del decreto de las medidas de aislamiento, mientras que el 78.2% restante, durante el período de cuarentena”.
El observatorio considera que las percepciones sobre la situación económica, el déficit de servicios básicos y perspectivas pesimistas sobre el futuro inmediato y las dificultades para gestionar la crisis, inducen e incrementan la posibilidad de ansiedad, angustia y depresión. Además, ante la falta de atención personalizada, se presume que ello haya incidido en que se hayan consumado un estimado de 1.150 suicidios en 2020.
