La pandemia no ha frenado las ejecuciones judiciales en el estado Bolívar. Un nuevo reporte de la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), una organización no gubernamental regional, refleja 127 casos de muertes potencialmente ilícitas correspondientes al primer semestre de 2020, casi la misma tendencia registró en el mismo período de 2019 cuando la ONG monitoreó 133 ejecuciones extrajudiciales. Algunos familiares, que son víctimas indirectas, desmienten las versiones oficiales de los organismos de seguridad.
El monitoreo de Codehciu contabiliza estas arbitrariedades en Bolívar mediante reportes de la prensa digital de la región y redes sociales. “Desde 2018 ha evidenciado la reiterada violación a los derechos a la vida y a la integridad de los bolivarenses”, destaca el comunicado de prensa.
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fue el órgano vinculado a más ejecuciones extrajudiciales entre enero y junio, con 48 muertes. “Es importante destacar que los efectivos de este cuerpo de seguridad, desde el inicio del monitoreo en 2018, han sido los más violentos en Bolívar”, indica.
Codehciu refiere que estas irregularidades también han llamado la atención de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) que documentó, en su informe sobre la situación de Venezuela publicado en julio del año pasado, casos de ejecuciones extrajudiciales perpetrados durante operaciones de seguridad de las Fuerzas Armadas Especiales (FAES).
Según informes de ONG, “las FAES son responsables de centenares de muertes violentas”, alerta el documento, que también exhorta al Estado venezolano a disolver este organismo de seguridad y proporcionar reparación a las víctimas de estas ejecuciones.
Aunque el órgano que logra protagonismo, en cuanto a muertes potencialmente ilícitas en el estado Bolívar, es el Cicpc, también le siguen las FAES con 22 víctimas y el Servicio de Investigación Penal de la Policía del estado Bolívar (Sipeb), con 11.
Froilán Báez, de 21 años, fue ejecutado por efectivos de las FAES en febrero. Reportes de prensa explican que los familiares de la víctima, que viven en Ciudad Guayana, en el sector El Roble en San Félix, negaron la versión de los funcionarios de un presunto enfrentamiento.
El padre del joven narró al diario Primicia que cuando ocurrió la ejecución la víctima se encontraba en su hogar junto a sus hermanas. Por otro lado, los vecinos alegan haber sido amedrentados por las FAES.
En enero de 2020 Euclides Fajardo, de 32 años, fue ejecutado de dos balazos por las FAES en San Félix, en Ciudad Guayana. Reportes de prensa explican que parientes de la víctima contaron que los funcionarios llegaron a la vivienda y exigieron que saliera para quitarle la vida. Pero la información oficial reseña un presunto enfrentamiento.
Las ejecuciones extrajudiciales representan una violación al derecho a la vida y a la integridad de la persona. El protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas explica que los Estados deben adoptar medidas que aseguren el respeto de los derechos humanos durante las investigaciones pertinentes, y que además debe existir una responsabilidad ética hacia las víctimas y sus familiares, con el fin de lograr la reparación y la no repetición.
“El contexto de violencia en el que está hundido Bolívar, la falta de respuesta del Estado ante la emergencia humanitaria compleja, el aumento de la violencia armada entorno a la minería ilegal producto del Arco Minero del Orinoco (AMO), la impunidad y falta de transparencia de las entidades públicas, son elementos que impulsan el deterioro de los derechos humanos en Venezuela”, analiza la organización.
Meses más violentos
Codehciu observa con preocupación la falta de formación en materia de derechos humanos en los miembros de los cuerpos de seguridad, y la ausencia de investigaciones imparciales que aseguren el cese de estas ejecuciones que siguen originándose en varios sectores de Bolívar.
Asimismo, durante el primer semestre de 2020, abril fue el mes con más muertes a manos de cuerpos de seguridad, con 38 de estos casos. En el segundo lugar está mayo, con 27; de tercero se encuentra febrero, con 25. Les siguen junio, con 15; enero y marzo con 11 víctimas cada uno.
Los tres municipios con más ejecuciones extrajudiciales entre enero y junio fueron: Caroní, que registró 66; Angostura del Orinoco, con 25 y de tercer lugar Sifontes, con 17.
Codehicu exhorta al Estado venezolano a establecer políticas de seguridad ciudadana eficientes y no violatorias de los derechos humanos, y a investigar de manera imparcial cada hecho en el que exista una presunta ejecución extrajudicial para así lograr la reparación a las víctimas. (Con información de Prensa Codehciu)
