Las academias científicas venezolanas recomiendan al gobierno de Nicolás Maduro un conjunto de medidas basadas en la evidencia científica y en la protección de los derechos humanos de las personas para enfrentar la pandemia.

@mlclisanchez

Venezuela alcanzó un nuevo récord de casos de COVID-19 con 715 casos positivos este 31 de julio. En medio del aumento exponencial de casos en el país, la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, la Academia Nacional de Medicina, el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, la Alianza Venezolana por la Salud y la Sociedad Venezolana de Infectología recomiendan con urgencia al Gobierno nacional cambiar su política de aislamiento de personas infectadas, pues quienes no requieran hospitalización deben quedarse en sus hogares y contar con protocolos claros para el tratamiento de los síntomas.

Esto forma parte de un conjunto de 11 medidas que las academias recomiendan al Gobierno venezolano, basadas en la evidencia científica y en la protección de los derechos humanos de las personas para enfrentar la pandemia.

Las políticas gubernamentales de aislamiento y reclusión se basan hasta ahora en aplicar pruebas de diagnóstico rápido (PDR) para aislar a pacientes positivos con COVID-10 junto a pacientes sospechosos, sobrepasando así la capacidad de hospitales y centros de diagnóstico integral (CDI) y aumentando la exposición al contagio de personas que no estén contaminadas.

Además de habilitar hoteles, posadas, el Poliedro de Caracas y ahora gimnasios verticales para internar a los pacientes, tengan o no sintomatología leve, aunque la Gaceta Oficial del 1 junio expresa que las personas con síntomas leves no deben salir de sus residencias, y que, si los síntomas se prolongan por más de tres días, el caso debe reportarse al 0800VIGILAN o al 0800COVID19. 

    Las academias aseguran que permitir que personas con síntomas leves permanezcan en sus casas, impide la saturación de los centros hospitalarios

Por esto las academias resaltan que el aislamiento en centros de atención de los pacientes debe ser a elección de la persona y nunca obligatoria. “El confinamiento forzoso de personas en estos centros es una violación flagrante de los derechos humanos fundamentales y promueve la evasión al diagnóstico y el subregistro”, resalta el documento. 

De acuerdo con la OMS, el 80% de las personas infectadas con el SARS – Cov -2 no requieren hospitalización, el aislamiento en casa de los casos con sintomatología leve o personas asintomáticas reduce la ocupación innecesaria de camas dentro de los centros de atención sanitaria.

Sobre la atención de pacientes con necesidad de cuidados intensivos, las academias recomendaron la adaptación de un número de camas de cuidados intensivos con soporte ventilatorio no menor a 1.300. El hospital Ruíz y Páez en Ciudad Bolívar, por ejemplo, ya superó su capacidad de asistencia ventilatoria.

Las academias proponen retomar la publicación del boletín epidemiológico semanal para así aumentar la confianza de la comunidad médica y la población en general.

Además subrayaron la necesidad de que diariamente haya disponibilidad expedita de información epidemiológica clara y detallada sobre la COVID-19 con: número de casos sospechosos, de infecciones confirmadas, día de inicio de síntomas, día del diagnóstico, el número de pruebas PCR positivas y negativas por día, número de decesos por COVID-19 con prueba PCR, el número de decesos de pacientes con cuadro clínicos compatibles con la COVID-19, poblaciones infectadas y fallecidos por edad, sexo, comorbilidades y etnia, trabajadores de salud infectados y fallecidos por edad, sexo, y la ubicación del paciente y el trabajador en estado, municipio y parroquia.

Esta información es clave para tomarle el pulso a la pandemia en cada región, para identificar tamaño potencial y momento de la máxima incidencia, “parámetros sin los cuales no es posible estimar las demandas y necesidades por región de las unidades de atención especializadas (unidades de cuidado intensivo-UCI) o diseñar estrategias efectivas para reducir el número de contagios”, explicaron las academias.

Nuevas líneas de control epidemiológico

Las academias consideran que, para disminuir el impacto de la COVID-19 en los sectores poblacionales, la línea de combate contra el virus en el país debe estar encabezada por un equipo multidisciplinario de médicos, virólogos, epidemiólogos, matemáticos, profesionales de la salud, sociólogos, economistas y antropólogos para poder diseñar políticas públicas dirigidas a crear estrategias y protocolos con base en evidencia científica.

    Los académicos proponen protocolos de tratamiento ajustables, con medicinas que estén en fase de ensayo evaluados por una comisión bioética

“La participación de sociedades médicas y científicas y de instituciones académicas del país es clave para garantizar el cumplimiento de estas estrategias”.

Además se requiere una capacidad diagnóstica de 8.000 a 10.000 pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) -únicas pruebas aprobadas por la OMS para diagnosticar al virus SARS Cov – 2- en laboratorios descentralizados, que garantice una respuesta que no tarde más de 3 días, esto puede reducir hasta en un 80% las cadenas de transmisión del virus porque permite la ubicación temprana de focos de contagio en el país.

También es necesario aplicar equipos rastreadores sanitarios para detectar y hacer seguimientos a los contactos de una persona infectada. Venezuela necesita 6 mil rastreadores de acuerdo con criterios internacionales, y son fundamentales para mantener el control sobre la transmisión del virus. Las academias alertan que en ningún momento deben sacar de sus casas a personas con diagnósticos positivos.

En cuanto a las personas que requieran tratamiento, los académicos proponen protocolos de tratamiento ajustables, con medicinas que estén en fase de ensayo o de carácter compasivo, dicha implementación debe estar evaluada por una Comisión de Bioética, y debe contar con la aprobación del paciente.

Uno de los tratamientos que está aplicando el Ministerio de Salud en el país es el uso de la Cloroquina -medicina para la malaria- cuyo ensayo fue suspendido por la OMS.

Orientación a la población

Los expertos señalaron en el documento que en estos momentos se requiere una política comunicacional de prevención de la enfermedad de carácter inclusiva, adaptada a personas invidentes, sordas, etnias indígenas y demás personas con alguna barrera de comunicación.

El contenido debe -fundamentado en la transparencia- alertar, informar y orientar a la población, y debe generar confianza. “Sólo si los ciudadanos tienen una correcta percepción del riesgo y entienden el beneficio, cooperarán y adoptarán medidas individuales como el uso de mascarilla, el distanciamiento social y la higiene frecuente de manos. La opacidad de las autoridades sanitarias en este sentido es negativa”, manifestaron.

Asimismo, las medidas de flexibilización deben accionarse con base en una evaluación continua de los contagios, la capacidad hospitalaria instalada y las proyecciones de los modelos matemáticos epidemiológicos.

Las academias se unen a las recomendaciones de la Comisión Económica para Latinoamérica y el Caribe (Cepal) en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), apoyan que debe haber medidas sociales y económicas que sostengan a las familias vulnerables y garanticen su supervivencia en medio de la pandemia, sobre todo a personas desempleadas y comerciantes informales, tomando en cuenta el alto porcentaje de personas que dependen de la economía informal en Venezuela para subsistir, en este sentido, propone un sustento para al menos 2 meses.

“Se requiere establecer un compromiso entre el impacto de la epidemia y los efectos socioeconómicos de las medidas implementadas, concertada con todos los sectores del país, y no de manera unilateral e implementar con urgencia un programa de protección al ingreso de las familias”.

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