La política de intervenir organizaciones políticas por parte del gobierno de Nicolás Maduro toca ahora a los partidos considerados aliados. El Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada (Tupamaro) se convirtió recientemente en la onceava organización intervenida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desde 2012, según sentencia N° 0119 de la Sala Constitucional.
El documento designa a una junta directiva ad hoc que sustituye en la presidencia a Oswaldo Jiménez por William José Benavides Rondón, “quien ya venía ejerciendo la vocería nacional de Tupamaro”. Es de recordar que el secretario general José Pinto enfrenta un proceso penal por la presunta comisión del delito de homicidio.
Como en las últimas intervenciones a partidos se establece que la nueva junta podrá utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio de Tupamaros.
Además suspende de manera provisional los actos de expulsión o exclusión partidista, suspensión, entre otros, efectuados por los directivos de la dirección nacional, en respuesta a un amparo constitucional interpuesto por Roger Pinto, Freddy Linares, Eliezer Josué Herrera y Carlos Navarro.
11 partidos intervenidos
El caso de Tupamaro coincidió con la reciente intervención al Movimiento Republicano.
En su sentencia Nº 19, publicada el pasado 20 de julio, se entrega a Manuel Rivas la dirección del Movimiento Republicano, luego de que este acusara en agosto de 2017 a su secretario general, Julio Albarrán, de “violar los derechos colectivos y difusos” de la militancia al no convocar elecciones ni participar en los procesos de legitimación ordenados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), señala la ONG Acceso a la Justicia.
La ONG observa que “el fallo también pareciera estar dirigido a restarle posibles miembros a una eventual reedición de una alianza perfecta como la que la oposición construyó en las pasadas parlamentarias de diciembre de 2015, que fue la base de su triunfo en dichos comicios”. Esto con base en la denuncia del querellante, al menos ese fue el propósito del querellante.
“Estas sospechas son confirmadas cuando el TSJ recordó en su fallo la decisión de la cuestionada Constituyente de derogar parte de su polémico decreto de 2017, en el cual prohibía a las toldas que no hubieran participado en los últimos procesos comiciales concurrir a los próximos”.
Engrosando la lista
Acceso a la Justicia recuerda que esta práctica de intervención a partidos se remonta al año 2000, cuando el CNE y el máximo juzgado iniciaron la intervención de AD.
En 2012, justamente en época electoral para las presidenciales disputadas entre Hugo Chávez y Henrique Capriles, se aplicó nuevamente este tipo de acciones cuando la Sala Electoral, en su fallo Nº 87, favoreció al sector pro oficialismo del partido Patria Para Todos (PPT) encabezado por Rafael Uzcátegui. Se le adjudicó a este la secretaría general y destituyó a José Simón Calzadilla del cargo.
Ese mismo año el TSJ intervino al Movimiento por la Democracia Social (Podemos). La Sala Constitucional en sentencia Nº 793, de fecha 7 de junio de 2012, despojó a Ismael García de la presidencia y lo reemplazó por el exgobernador del estado Aragua, Didalco Bolívar. Esto ocurrió luego de la ruptura de García con Chávez.
 Acceso a la Justicia recuerda que la práctica de intervención a partidos se remonta al año 2000 |
En 2015, también un año electoral por las parlamentarias, fue el turno del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Bandera Roja, MIN-Unidad y Copei. El TSJ suspendió las directivas de estos partidos y los sustituyó por dirigentes adeptos al oficialismo.
“Desde la debacle electoral que el chavismo sufrió en las parlamentarias de 2015, las amenazas contra los partidos de la oposición comenzaron a agudizarse. Así, en 2016 la Sala Constitucional dictó su primera sentencia del año, en la cual estableció, luego de interpretar el artículo 67 constitucional y los artículos 10, 16 y 25 de la Ley de Partidos Políticos, que las organizaciones que habían obtenido menos del 1% de los votos en las parlamentarias de 2015 en menos de 12 entidades federales, debían renovar la nómina de sus inscritos”, señala la ONG.
Esto tuvo como objetivo eliminar a las organizaciones políticas que renunciaron al uso de sus tarjetas para adoptar la de la Mesa Democrática de la Unidad (MUD), en una alianza opositora para enfrentar al oficialismo en las contiendas electorales. La tarjeta de la MUD fue inhabilitada a comienzos de 2018.
“Este severo ataque contra los partidos opositores quedaría puesto en evidencia cuando de las 67 toldas que existían en diciembre de 2015, solamente se mantendrán en pie 17 organizaciones políticas nacionales (12 progobierno y 5 del antichavismo) para abril de 2018”.
En junio de este año, el TSJ intervino a Acción Democrática con la sentencia 0071; y a Primero Justicia con la sentencia 0072.
En el caso de Acción Democrática, la junta ad hoc la preside Bernabé Gutiérrez, mientras que la directiva ad hoc de Primero Justicia quedó en manos de José Dionisio Brito, acusado de vínculos en hechos de corrupción, por lo que fue expulsado del partido.
El 7 de julio vino la sentencia N° 077 que designa a José Gregorio Noriega Figueroa como presidente de la junta ad hoc de Voluntad Popular.
Contra el PCV
Recientemente los partidos PPT y el Partido Comunista de Venezuela (PCV) se rebelaron contra Nicolás Maduro y decidieron formar una alianza paralela. En respuesta, el régimen comenzó este 19 de agosto el ataque hacia el PCV, que denunció un allanamiento por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en la sede de Puerto Cabello, estado Carabobo.
EL PCV se pronunció en rechazo a la judicialización de los procesos internos de los partidos políticos.
“Ante denuncias de volver a utilizar el TSJ para imponer direcciones acomodaticias e ilegítimas, exigimos respeto al desarrollo y ejercicio democrático de la vida orgánica de los partidos”. El Partido Comunista de Venezuela expresó en un comunicado en el que solo hizo mención a la intervención de Tupamaro.
