Esto es una situación extremadamente grave para el país ya que en el estado Bolívar se encuentra el 80% de las aguas, el 70% de los bosques y se produce el 70% de la energía hidroeléctrica.
Por lo antes expuesto durante la mal llamada cuarta república, del período comprendido entre1958 y 1998, se legisló para preservar estos recursos y aprovecharlos racionalmente. En este sentido en 1963 se decretó el Parque Nacional Canaima con una extensión de 1.000.000 de hectáreas y en el año 1975 se amplió a 3.000.000 de hectáreas, para incluir en él todos los ríos que conforman el Caroní y de esta manera asegurar su aprovechamiento y vida útil de las represas de Guri, Macagua, Caruachi y Tocoma, esta última en 1998 quedó construida en un 70% y este gobierno en 21 años no la ha terminado.
En 1968 se crean las reservas forestales del Caura, Imataca y La Paragua, en 1976 se crea el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, en 1993 se sanciona la Ley Penal del Ambiente, en 1992 se declara el río Icabarú Reserva Hidráulica Nacional, en 1981 se crea el Lote Boscoso San Pedro, en 1985 se crea el Lote Boscoso el Frío, en 1989 por Decreto 636 se prohíben todas las actividades contrarias a la declaración de parques nacionales, reservas forestales y lotes boscosos, en 1991 se declaran monumentos nacionales los espacios conocidos como tepuyes, en 1994 la Unesco declara al Parque Nacional Canaima Patrimonio Natural de la Humanidad, en 1986 la cuenca del Caroní se declara zonas de administración especial, en el año 1993 la UNEG abre la Escuela de Industrias Forestales en Upata, en 1981 CVG Edelca crea la Gerencia de Cuenca e Hidrología y en 1976 la Gerencia Agrícola de CVG crea el programa Cuenca del Caroní.
Un caso de violación a la legislación ambiental
Esto no quiere decir que durante la cuarta república no se violaron las leyes y las áreas mencionadas, pero si se aplicaron sanciones. Por razones de espacio me referiré sólo a una, específicamente sucedió en la Reserva Forestal de Imataca en el año 1993 cuando el Ministerio del Ambiente constató graves violaciones a la Ley Penal del Ambiente y al Plan de manejo en la altiplanicie del Nuria en una concesión que había sido otorgada al Ministerio de la Defensa en el año 1991 para su explotación forestal racional. Con esa concesión, este ministerio creó una compañía en sociedad con uno de los mayores industriales de la madera del país de apellido Gaspar. Dicha compañía fue registrada en Caracas con el nombre de Maderera Nuria Nº 1, C.A. el día 9 de diciembre de 1991, cuya composición accionaria era el 60% para el señor Gaspar y el 40% para el Ministerio de la Defensa a pesar de ser este ministerio el beneficiario de la concesión, además la junta directiva quedó integrada por el señor Gaspar como presidente, su hermano, presidente suplente, y de vicepresidente, el general Juan González Berbesi.
A dicha empresa el Marnr en 1994 le abrió una averiguación administrativa y comprobó la violación de la Ley Penal del Ambiente y los Planes de manejo aprobados por dicho ministerio dentro de la concesión y fuera de ella. Estas violaciones llegaron a nivel judicial en un juzgado de Caracas a cargo de la jueza María Pérez Dupuy, la cual viajó a la Altiplanicie del Nuria y comprobó todas las violaciones detectadas por el Marnr.
Por tal motivo, la jueza dictó auto de detención al presidente de la compañía, al director del Servicio Forestal Venezolano (Seforven), ingeniero Omar Carrero Niño, y otros empresarios de la madera con concesiones en la Reserva Forestal de Imataca. Este juicio fue erradicado de Caracas a un juzgado de Puerto Ordaz a cargo de Roberto Delgado Salazar, el cual por presiones ejercidas por los implicados, por ser todos adeptos al régimen del momento, los dejó en libertad.
Pero, lo que no podrán quitarse los implicados absueltos es la sanción moral, ya que este caso fue ampliamente divulgado por la prensa nacional y regional.
Terreno de impunidad
A partir de la creación del Arco Minero del Orinoco con una extensión de 116.000 km2, en el estado Bolívar se desató lo que bien podríamos llamar la FIEBRE DEL ORO, miles de venezolanos vinieron a Guayana con la esperanza de salir de la deprimente situación socioeconómica que azotaba al país. El error más grave de la promulgación de tan nefasto decreto fue el de ignorar que ya en el estado Bolívar había una importante actividad minera empírica, contaminante y altamente depredadora y en segundo lugar no haber materializado los linderos de los 116.000 km2, por lo tanto, la destructora actividad minera se quintuplicó, tanto dentro como fuera de sus límites. Por otra parte, el presidente continuó promulgando decretos que más bien favorecían la minería ilegal como es el haber elevado a la categoría del Parque Nacional del Caura a la reserva forestal del mismo nombre, pero no desalojó a los mineros ilegales ni madereros que destruían la reserva. En abril del 2020 se publica en Gaceta Oficial 6526 una resolución presidencial que autoriza la libre minería en los ríos Caroní, Caura, Cuyuní, Cuchivero y Aro. En el Decreto del Arco Minero también contemplan que todas las actividades que se realicen dentro de su área estarán supeditadas al criterio del Ministerio de la Defensa. También fue creado el Ministerio para la Minería Ecológica y el Motor minero, figura esta que el presidente suele crear cuando fracasa los ministerios.
Como sumamente grave consideramos la ausencia en el arco minero del Ministerio para el Ecosocialismo, que al sur del Orinoco no se oye el eco y los mineros son capitalistas. También son considerados como decretos que incentivan la minería son los promulgados en diciembre del 2020, como es el Nº 4392 publicado en Gaceta Oficial 42034 por medio del cual se crea la Zona Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal (Zeemdef) en la Altiplanicie de Nuria de la reserva forestal de Imataca ubicada entre los municipios Sifontes, Padre Chien del estado Bolívar y el Antonio Díaz del estado Delta Amacuro, cuyo objetivo fundamental es de aprovechar los recursos naturales y su comercialización con el propósito de satisfacer las necesidades logísticas de la Fuerza Armada Nacional y para lo cual podrá solicitar recursos de empresas privadas nacionales y extranjeras.
El territorio adjudicado forma parte del bloque 4 del arco minero el cual en un 100% está dentro de la Reserva Forestal de Imataca. Otra empresa creada en diciembre de ese mismo año es la Empresa Militar para el Aprovechamiento Sustentable de Productos Forestales (Esmaproforn).
No detallan el área a ocupar por esta compañía y en ambos decretos no se excluye la práctica de la minería, pero es de dominio público que la actividad minera de ambas zonas es intensa e incluso se comenta la presencia de grupos ilegales, civiles y militares fuertemente armados. Quiero resaltar que ligado a estos dos decretos está el profesor de la ULA José Lozada, Master en Manejo Forestal y Doctor en Ciencias Ambientales.
Este profesor es muy conocido en Guayana por haber sido ponente en dos foros organizados por el CIV Seccional Ciudad Guayana en agosto del 2017 y septiembre del 2018. En ambos demostró su radical posición contra el arco minero e hizo una detallada exposición de los graves daños que estaba ocasionando la minería en los frágiles ecosistemas del estado Bolívar, especialmente en el Parque Nacional Canaima, río Caroní, Caura y Cuyuní. En su primer foro dijo que en “la población de El Dorado había visto una persona con una mal formación genética producida por la contaminación mercurial la cual era tan grave que no fue capaz de fotografiarla”. Pongo esto último entre comillas por ser palabras textuales del doctor Lozada. Ahora bien: ¿qué papel juega el profesor Lozada en estas dos últimas empresas militares creadas en diciembre del 2020? Si tiene Ud. compromisos docentes con la ULA o cualquier instituto de investigación de la misma renuncie, para preservar la buena reputación de esta universidad.
Acuérdese del caso del SOBRERERO LOCO de la novela Alicia en el País de las Maravillas. Si no lo ha leído, cómprelo. Actualmente en el área que comprende el decreto de Zeemdef están sacando arenas auríferas, entre el sur del municipio Antonio Díaz y el norte de Padre Chien de allí sale diariamente aproximadamente 50 gandolas de alto tonelaje que son llevadas a una planta procesadora llamada La Guacamaya en la población de El Callao y que presuntamente es propiedad de un alto jerarca del PSUV de la tiranía gobernante. Igualmente al norte del área de Esmaproforn, en el sector conocido como LAS QUINCE LETRAS, el Ministerio de la Defensa tiene actualmente más de 5 mil metros cúbicos de madera explotadas en espera que pase el invierno para sacarla rumbo al centro del país.
(*) Expresidente de Proforca
