Las restricciones al ingreso de venezolanos al país obedece al colapso de los albergues en donde retornados deben guardar cuarentena, indica el más reciente informe del Centro de Derechos Humanos de la UCAB. En el proceso, son sometidos a malos tratos, insalubridad y hambre.

@mlclisanchez 

No se tienen datos exactos de la capacidad de albergue de los puestos de atención social integral (PASI) en Venezuela, ni hasta qué punto están ocupados desde que el 19 de abril se bloqueó el acceso público a esta información. Hasta  el 10 de abril Naciones Unidas contabilizó 71 centros de alojamiento en los estados Bolívar, Amazonas, Apure, Táchira, Zulia, Carabobo y Sucre, con una capacidad de 3.664; para el 18 de abril, el total de cupos disponibles era de 9.615, con una ocupación de 6.539 puestos.

El informe del Centro de Derechos Humanos (CDH) de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Espejismo del retorno reveló que el discurso oficial que estigmatización y criminaliza a los retornados es una forma de encubrir que la restricción extrema de los pasos controlados entre las fronteras se debe, en realidad, al colapso de los PASI.

La condición de los albergues difiere de los parámetros establecidos por Naciones Unidas y por el mismo Ministerio de Salud.

El 22 de junio, la Gobernación del estado Bolívar habilitó un albergue en la sede de Voluntarias de Hospitales, al lado del hospital centinela Uyapar, en el municipio Caroní. Autoridades regionales informaron para entonces de la capacidad de albergue en Santa Elena de Uairén -la primera parada de los retornados por la frontera con Brasil- estaba sobrepasada.

Los PASI son lugares donde migrantes deben aguardar 15 días de cuarentena para volver a sus hogares. La red de investigación del CDH confirmó que estas personas llegan a permanecer en estos lugares hasta dos meses en hacinamiento, con acceso restringido a agua y saneamiento, una comida al día y sin atención médica para enfermedades que no estén relacionadas con la COVID-19. 

Conforme aumentan los contagios por COVID-19 en Venezuela, el discurso oficial ha promovido la estigmatización y luego la criminalización de los venezolanos que vuelven al país a través de los pasos fronterizos no controlados conocidos como trochas, lo que trajo como consecuencia que muchos migrantes no se sometan a las pruebas diagnósticas por temor a ser puestos a la orden del Ministerio Público.

   
Venezolanos retornados tardan hasta 2 meses en un albergue, en hacinamiento, con una sola comida al día y con acceso restringido a saneamiento | Fotos William Urdaneta | Archivo

El 25 de junio el fiscal general de la inconstitucional Asamblea Constituyente designó fiscales especiales a los estados fronterizos para la investigación de los ingresos por las trochas. En julio, 13 “trocheros” serían trasladados a la cárcel de El Dorado, en Bolívar por los delitos de tráfico ilegal de personas, instigación a la desobediencia de las leyes, propagación de epidemia, incumplimiento al régimen especial de las zonas de seguridad, favorecimiento bélico, corrupción entre particulares y asociación para delinquir. También han sido calificados como armas biológicas, y “bioterroristas”.

Desde junio, el acceso hacia Venezuela desde Colombia está limitado a 300 por Santander y 100 por Arauca, tres veces a la semana. El CDH considera que esto contribuyó con la paralización de personas que tenía la intención de regresar, la decisión también hizo más difícil el manejo de las personas, pues dependiendo del lugar, los retornados tenían que esperar entre 8 y 10 días para cruzar a Venezuela a la intemperie, ni alimentos, hidratación ni bioprotección.

Con estas restricciones el Gobierno colombiano estimó que tomarían seis meses para trasladar a los 24 mil venezolanos que están en diferentes ciudades colombianas esperando un transporte que los traslade a la frontera para cruzar hacia Venezuela.

Para evitar la acumulación de personas que esperan regresar a su país, el Gobierno colombiano y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados (Acnur) crearon una Estación Sanitaria Transitoria en Tienditas en La Parada, con capacidad para 600 personas que deben permanecer 48 horas.

El informe reveló que este control por los pasos legales hizo incrementar el paso por las trochas, y los pasos en lancha desde Arauca hasta el estado Apure que antes costaba centavos de dólar ahora cuestan 16 dólares o 60 mil pesos.

Los caminantes deben lidiar con riesgos como la trata de personas o favores sexuales para cruzar, además del peligro de toparse con miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que cobran por cruzar; pobladores de la zona declararon a miembros del CDH que el paso por las trochas se hace en complicidad con funcionarios policiales y militares venezolanos.

Los retornos aéreos también están lejos de ser humanitarios, denunció el CDH. Algunos vuelos costaron hasta 500 euros más los gastos de la prueba Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), que tuvieron que aplicar por pasajero para el descarte del SARS-cov-2, los alojamientos costaron de 100 a 50 dólares por noche en hoteles, o estadía gratuita en la ciudad vacacional de Los Caracas, lugar que se encuentra en condiciones de deterioro.

“Difícilmente se puede catalogar este vuelo como humanitario, tomando en cuenta que se trataba de personas a quienes se les cargó todo el costo del viaje y examen, pese a haber estado varadas en el extranjero durante   meses, muchas   de   las   cuales   vieron   agotados   sus   recursos económicos”, versó el documento.

Alimentación

La comida en los albergues se agota, y las provisiones tardan entre 2 y 3 días en llegar. Muchos comen una sola vez al día, y quienes logran comer tres veces, lo hacen a merced del déficit nutricional de los alimentos servidos.

Los investigadores recibieron denuncias sobre enfermedades relacionadas directamente a la calidad de los alimentos. El CDH y oenegés involucradas colectaron denuncias sobre enfermedades digestivas, gastrointestinales, vómitos y diarrea cuyo desenlace es incluso la muerte en más de una ocasión.

Los investigadores recibieron una denuncia en uno de los albergues de San Antonio del Táchira, en el que reportaron que los platos de comida fueron transportados junto al camión de la basura.

Los abusos de poder y la corrupción también se apoderan del flujo de alimentos para los retornados en las fronteras. El informe reveló que funcionarios venezolanos decomisaron la carga de una gandola de la empresa brasileña Big Amigão, que cargaba 30 toneladas de alimentos, incluyendo salchichas.

Los funcionarios alegaron que estos alimentos no eran aptos para el consumo humano, aunque estas contaban con los permisos sanitarios de Brasil, aunque por días, los retornados recibieron arroz con una pequeña porción de salchichas.

Los migrantes quedan a merced de lo que el gobierno pueda ofrecerles, pues no está permitido que familiares y amigos les lleven comida.

“En algunos albergues en Apure, Bolívar y Táchira se conoció que solo se puede comprar comida a través de los milicianos, muchos de los cuales cobran cantidades superiores al precio de los alimentos que les son encargados. En algunas posadas de Santa Elena permiten recibir comida de fuera o pedir a alguien que compre”, reseñó el informe.

¿Por qué regresar?

Venezuela atraviesa por una crisis de refugiados desde hace más de 4 años, cuando arreció la emergencia humanitaria compleja, desde entonces son muchos los venezolanos que, al ser migrantes y refugiados, siempre están en condiciones más vulnerables que las personas que nacieron en el país receptor. En su mayoría no poseen documentos de identidad, ni están inscritos en programas sociales que amortigüen el impacto económico y social de la pandemia, ni pueden acceder a redes de apoyo familiares o institucionales.

Ellos dependen del comercio informal como principal fuente de ingreso para alimentarse y pagar arriendos. La pandemia no solo significó la pérdida inmediata de sus ingresos, sino el desalojo de sus viviendas, por ello aumentó la cantidad de personas que decidieron volver a Venezuela durante la pandemia.

Los caminantes regresan sabiendo que no los esperan buses ni aviones del gobierno de Nicolás Maduro y su plan Vuelta a la Patria, los investigadores del CDH reportan que, aun así, están desesperados por regresar.

El Gobierno venezolano informó que hasta el 19 de julio, un aproximado de 71 mil personas regresaron a través de los puestos de atención social integral (PASI) desde que inició el confinamiento en los principales países receptores de migrantes y refugiados venezolanos: Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y Chile.

Migración Colombia anunció por su cuenta de Twitter que más de 90 mil personas habían regresado a Venezuela hasta el 21 de julio. El informe del CDH contempló que entre el 24 de marzo y el 20 de mayo de 2020, la Alcaldía de Bucaramanga reportaba el traslado humanitario hasta Cúcuta de 4.840 personas, un 0,41% procedían de Perú y 0,15% llegaban desde Ecuador.

Hay menor cantidad de retornados registrados desde Brasil hasta el estado Bolívar, pues esta frontera está formalmente cerrada desde el 18 de marzo, y solo pueden transitar transporte de carga.

Las cifras oficiales de retornados no reflejan la cantidad de caminantes que ingresan por entradas informales de las fronteras, son ellos los que están más expuestos al contagio por COVID-19, y en Venezuela no son protegidos. En Colombia, la red de albergues desde Bucaramanga hasta Cúcuta está cerrada para contener el virus, y solo se entrega una cantidad reducida de alimentos y un kit de higiene, por lo que el camino hasta Venezuela es difícil.

Los caminantes deben lidiar con riesgos como la trata de personas o favores sexuales para cruzar, además del peligro de toparse con miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN)      

Tanto caminantes como quienes ingresan por pasos oficiales se enfrentan al llegar con el colapso de los PASI a causa de políticas del mismo Gobierno nacional. Las investigaciones concluyeron con pruebas en mano, que en la mayoría de los albergues se apartan de las normas del Ministerio del Poder Popular para la Salud y la estructura intersectorial de Naciones Unidas.

El documento detalló que, por ejemplo, hasta mediados de julio las autoridades del estado Apure llevaban registrado un poco más de 24 mil personas que habían entrado por el eje fronterizo Arauca-El Amparo-Guasdualito de manera formal; pero los albergues de esta entidad tienen una capacidad de, cuando mucho, dos mil personas, por lo que en un escenario en el que las personas permanecen en el PASI por 14 días, se requerirían 6 meses para cubrir la vigilancia epidemiológica y el aislamiento requerido.  

El CDH de la UCAB recolectó testimonios de retornados en la frontera  entre Norte de Santander y Táchira, todos relataban más o menos lo mismo: deben permanecer más de 15 días en los PASI, sin insumos de bioseguridad, sin atención médica, y sin alimentación balanceada, y con un acceso restringido a agua y saneamiento: hay un solo baño para todos y los albergues no distribuyen a las personas de forma diferenciada por grupos familiares y género, además de esto, si denuncian son amenazados con la cárcel.

El CDH reportó que en Santa Elena de Uairén se tuvo que recurrir a posadas. Los dueños tuvieron que acceder a albergar retornados bajo amenazas de las autoridades y bajo la falsa promesa de un pago de al menos 200 dólares diarios de compensación, lo que ocasiona que los posaderos recorten considerablemente los servicios básicos a los retornados para no incurrir en gastos que no van a recuperar.

“Tomaban medidas contra nosotros como quitar los calentadores, los televisores, (...) no nos daban acceso al área de lavandería por lo que teníamos que lavar la ropa en los lavamanos. No nos daban sábanas, ni almohadas, ni toallas, ni papel higiénico ni jabón”, testificó un retornado al equipo de investigación.

También reportó las malas condiciones de las escuelas, -el 90% de los albergues son escuelas- en especial las públicas, incluso antes de la pandemia, que también son albergues. En ellas se deben improvisar cocinas sin garantías de salubridad, y en la época de lluvia algunas se inundan. El Gobierno nacional no ha invertido en estructuras para recibir a estas personas y garantizarles un alojamiento temporal digno.

En los albergues no puede hacerse un seguimiento de las condiciones de salud de quienes se alojan ahí porque no existe una base de datos electrónica para ello. Los registros se hacen manualmente, además no hay control específico del tiempo de permanencia de una persona con base en la prueba diagnóstica que se le haya aplicado, las personas han permanecido en los albergues por más de dos meses.

En materia de salud e higiene, la investigación sentenció que los albergues no pueden ser considerados como centros de atención integral por la escasez de personal médico para atender afecciones que no estén relacionadas con la COVID-19.

También reportan cuadros de desnutrición severa, diarreas, infecciones en la piel, problemas gastrointestinales y afecciones gripales con fiebre y por lo general no hay personal de salud para atender esos requerimientos. De acuerdo con los testimonios recogidos por los investigadores, si alguien tiene otra infección bactriana o viral se les entrega solo pastillas de acetaminofén u otro antipirético. 

Quienes tenían la esperanza de regresar y contar con un techo seguro sobre sus cabezas, acaban por arrepentirse de haberlo hecho, y de recomendar a otros venezolanos que no tomen esta decisión, aunque el gobierno pregona que practica el buen trato a los connacionales, culpabiliza a quienes cruzan por pasos irregulares de un brote epidemiológico que solo es responsabilidad del Estado, por acción y omisión.

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