Volver a decretar la inmovilidad laboral, a pesar de que ya esta medida estaba vigente, significa para el Observatorio Venezolano de Justicia un desespero en el intento de enfrentar las secuelas de la pandemia del Covid-19.

El paquete de medidas tomadas por el gobierno de facto de Nicolás Maduro para enfrentar la pandemia del Covid-19 tiene una grave repercusión en la vida diaria de la población debido al contexto de emergencia humanitaria compleja en el que se encuentra el país.

Cuarentena social, restricción del suministro de gasolina y del libre tránsito son algunas de las acciones ejecutadas, que aunque necesarias para frenar el avance del coronavirus, impactan en los muchos venezolanos que dependen de sus trabajos para poder sobrevivir, por lo que necesitan movilizarse en la odisea por conseguir alimentos o medicinas y así soportar el impacto que está causando el coronavirus.

Una nueva resolución se suma a las medidas ya adoptadas: prohibir los despidos de trabajadores durante esta coyuntura.

En el decreto Nº 4.167, publicado en la Gaceta Oficial el lunes 23 de marzo de 2020 se reafirma la inmovilidad laboral de los trabajadores del sector público y privado hasta el 31 de diciembre de 2020 y se establece que los trabajadores no podrán ser despedidos o trasladados sin una causa calificada por el inspector del trabajo.

Sin embargo, para la organización Acceso a la Justicia esta es una decisión repetitiva y que ya estaba en vigencia tras el decreto Nº 3.708, que apareció en la Gaceta Oficial extraordinaria Nº 6.419 del 28 de diciembre de 2018 donde justamente establece la inmovilidad laboral por dos años, expirando en diciembre de 2020.

Acceso a la Justicia considera que este tipo de prohibiciones pueden ser innecesarias si se toma en cuenta la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y la Trabajadoras (LOTT), promulgada por Hugo Chávez en 2012.

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Dicha ley menciona que “la estabilidad es el derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras a permanecer en sus puestos de trabajo. Esta ley garantiza la estabilidad en el trabajo y dispone lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado, conforme consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Los despidos contrarios a la Constitución y a esta ley son nulos”.

A su vez, la ley indica que el patrono que decida prescindir de su trabajador debe cumplir con un procedimiento que consiste en acudir a los juzgados laborales para explicar la razón de esta medida y de no hacerlo la decisión se considerará como injustificada y, por ende, nula.

Asimismo, Acceso a la Justicia indica que a pesar de las restricciones legales y la falta de cifras oficiales, la cantidad de puestos de trabajo en el país es cada vez menor. El Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó en 2019 que la tasa de desempleo para ese año cerraría en 74,2% y que en 2020 llegaría al 50,5%.

La destrucción del empleo es una consecuencia más del colapso general a raíz del modelo económico adoptado por el régimen, que ha disparado la hiperinflación, aumentó el endeudamiento externo y que además, controla los precios, empresas y divisas.

Para la ONG, en un contexto de pandemia que implica que se deban redirigir recursos para impulsar el sector sanitario y en donde se deben tomar las medidas acertadas para la contingencia, el Ejecutivo se encuentra en un limbo que conlleva a las violaciones de derechos y no garantizan ningún tipo de protección.

En este caso, se agudizan mucho más los números decadentes que vienen desde hace varios años atrás, pues numerosas empresas han tenido que cerrar sus puertas, dejando a sus trabajadores sin empleo.

En Venezuela no se incentiva la inversión y la creación de nuevos puestos de trabajo y para Acceso a la Justicia este nuevo decreto solo demuestra el fracaso del gobierno de facto en su intento de adoptar medidas que resguarden el trabajo de los ciudadanos.

Un desafío global

De esta preocupación se hizo eco la Organización Mundial del Trabajo (OIT). A través de un comunicado advirtió que 25 millones de empleo podrían perderse en todo el mundo, si no se toman las medidas a tiempo y correctas en medio de la contingencia de la pandemia.

Una evaluación preliminar de la OIT pide la adopción de medidas urgentes, a gran escala y coordinadas basadas en tres pilares: proteger a los empleados en el lugar de trabajo, estimular la economía y el empleo, y sostener los puestos de trabajo y los ingresos.

La situación económica muy precaria de Venezuela, donde no hay reservas, le hace dudar de la promesa de Maduro de pagar unos bonos a través del monedero patria y por cuánto tiempo.

La OIT recomienda que entre las medidas que asuman los gobiernos esté la ampliación de la protección social, el apoyo para mantener el empleo (es decir, el trabajo a jornada reducida, las vacaciones pagadas y otros subsidios) y la concesión de ayudas financieras y desgravaciones fiscales, en particular a las microempresas y pequeñas y medianas empresas. Además, en el informe se proponen medidas de política fiscal y monetaria, así como préstamos y ayuda financiera a sectores económicos concretos.

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