“Es sorprendente que el Gobierno de Maduro destine recursos a luchar contra la prensa independiente”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ.

Miami.- Las autoridades venezolanas deben cesar el acoso y las amenazas contra el diario Correo del Caroní, su propietario y sus empleados, y deben permitirles trabajar libremente, declaró este jueves a través de un comunicado el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), una organización independiente sin fines de lucro que promueve la libertad de prensa en todo el mundo.

El 20 de octubre, cerca de las 9:00 am, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanaron la sede de Correo del Caroní, un diario independiente de la ciudad de Puerto Ordaz, incautaron la computadora de la coordinadora de redacción y documentos, e impidieron la presencia del abogado del diario durante el procedimiento, según informaciones de prensa y una nota de Correo del Caroní, reseñó el CPJ en su web.

Los funcionarios abandonaron la sede cerca de las 3:00 pm, y trasladaron a la periodista y coordinadora de redacción María Ramírez Cabello y a la empleada administrativa Susana Reyes para rendir declaración, según la nota del diario y las declaraciones del editor de Correo del Caroní, Oscar Murillo, quien conversó con el CPJ por una aplicación de mensajería.

Murillo afirmó que los funcionarios detuvieron a las dos empleadas en la sede regional del Sebin y las interrogaron durante unas seis horas sin la presencia de un abogado, y luego las liberaron a las 9:40 p. m. sin formularles ninguna acusación. Murillo expresó que los funcionarios devolvieron los documentos confiscados, pero no así la computadora.

En fecha anterior, el 12 de octubre, funcionarios del Sebin allanaron la vivienda de David Natera Febres, fundador y director de Correo del Caroní, según versiones periodísticas.

“Las autoridades venezolanas deben cesar el acoso contra Correo del Caroní, su propietario David Natera Febres, y sus empleados, y deben permitir que puedan trabajar sin interferencias ni intimidación”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Es sorprendente que el Gobierno de Maduro decida destinar recursos a luchar contra la prensa independiente, en lugar de emplear todos los medios a su alcance para combatir la crisis socioeconómica y sanitaria que continúa diezmando a Venezuela”.

Ambos allanamientos se realizaron en ejecución de una orden de la jueza Carol Padilla, del Tribunal Especial de Primera Instancia, que tiene competencia en casos de delitos vinculados con el terrorismo, según la nota del diario y declaraciones de Murillo, quien revisó una copia de la orden judicial durante el allanamiento del 20 de octubre. De acuerdo con Murillo, la orden no indicaba ningún delito presuntamente cometido por el diario ni por sus empleados.

Luego del allanamiento del 12 de octubre que se realizó en la vivienda de Natera Febres, funcionarios de inteligencia lo detuvieron, lo interrogaron durante más de cuatro horas sin la presencia de un abogado, y luego lo liberaron sin formularle ninguna acusación, según informaciones de prensa.

En el interrogatorio al propietario del diario y a sus empleadas, funcionarios del Sebin hicieron preguntas sobre las operaciones y la gestión de Correo del Caroní, y sobre la presunta relación del medio de prensa con el hijo de Natera Febres, David Natera Bilancieri, señaló Murillo.

Natera Bilancieri fue nombrado recientemente miembro del Consejo Nacional de Defensa Judicial, un organismo creado para brindar apoyo al Gobierno interino que estaría presidido por el líder opositor Juan Guaidó, según versiones periodísticas.

En 2015, el CPJ documentó cómo las restricciones sobre la importación de papel periódico habían limitado el funcionamiento de Correo del Caroní. En 2016, un juez sentenció a Natera Febres a una pena de cuatro años de cárcel por el delito de difamación, le aplicó una multa, y le impidió abandonar el país, por causa de una investigación que el diario realizó sobre presuntos actos de corrupción en una empresa minera estatal, como lo documentó el CPJ.

El CPJ llamó a la Vicepresidencia de Venezuela, que supervisa el Sebin, pero nadie respondió la llamada.

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