La Organización Internacional del Trabajo (OIT) discutió este martes, en el Consejo de Administración 340º, las respuestas del Gobierno venezolano ante el incumplimiento de los convenios internacionales, los ataques a la libertad sindical y las violaciones laborales reseñadas en el informe de la Comisión de Encuestas de 2019.
Además de ignorar la mayoría de las recomendaciones de la Comisión de Encuesta planteadas en 2019, los representantes del gobierno rechazaron por tercera vez el informe donde se documentan las distintas agresiones laborales por parte del Ejecutivo.
“Nuevamente el gobierno representado por el ministro Eduardo Piñate dijo que no aceptaba las recomendaciones del informe de la Comisión de Encuestas ya que su eventual cumplimiento conllevaría a la violación de la Constitución nacional”, expresó Leída Marcela León, secretaria general de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI).
En el debate participaron actores del Grupo de Lima, la Unión Europea, delegados de Brasil, Estados Unidos, China, Cuba, representantes de los trabajadores, empleadores y del Gobierno venezolano, sin embargo no se logró consenso entre las medidas que se tomarán del caso venezolano, comentó León.
Desde el consejo se planteó una reunión extraordinaria a realizarse entre jueves y viernes sobre las medidas que podrían fijarse al Gobierno venezolano; de no haber consenso hasta el final de la semana, se tendría que esperar a marzo de 2021 para determinar cuáles serían las decisiones que se tomarían contra el gobierno de Nicolás Maduro.
Reclaman cumplimiento de recomendaciones
La Comisión de Encuesta designada para Venezuela, el procedimiento de investigación más alto de la OIT, publicó en su informe 2019 un dossier sobre una serie de violaciones por parte del gobierno en materia laboral. En este se apuntaron recomendaciones entre las que se incluyen: el cumplimiento de los convenios internacionales 26, 87 y 144, la liberación de trabajadores presos, el cese de detenciones arbitrarias, actos de violencia, amenazas y hostigamientos contra personas, gremios u organizaciones sindicales.
 El Gobierno nacional ya había rechazado las recomendaciones el 27 de diciembre de 2019 y el 10 de agosto de 2020 |
León expresó que la posición del Gobierno nacional irrespetó la institucionalidad de la OIT y utilizaron adjetivos que descalificaban el movimiento sindical independiente.
“La OIT expresa la preocupación de que no haya avances y se preocupa más que nosotros expongamos que por, al contrario, en vez de mejorar, se ha agravado aún más la situación de la libertad sindical en Venezuela”, dijo.
Desde la Central de Trabajadores denunciaron la ausencia de consultas para políticas salariales, la creación del memorando 2792 que destruyó las convenciones colectivas, el bajo salario, la migración forzada y la forma de establecer de tabuladores sin institucionalidad.
A su vez resaltaron que siguen trabajadores presos como el ferrominero Rodney Álvarez con más de nueve años privado de libertad y continúan las detenciones contra los funcionarios como es el caso del trabajador de Venalum, Franklin Gascón. “Evidenciamos todos los casos, más de 67 casos de trabajadores detenidos durante la pandemia”, expresó.
León agregó que esperan que se cumpla el artículo 33 de la constitución de la OIT y que el Consejo de Administración empiece a emitir medidas urgentes para, con asesoría técnica, resolver las carencias de los trabajadores venezolanos en tema salariales, contrato colectivo, protección social y libertad sindical.
Solo dos
El Observatorio Venezolano de Libertad Sindical en su boletín Observaciones al Cumplimiento de las Recomendaciones de la Comisión de Encuesta por el Estado Venezolano reflejó que solo se cumplieron dos recomendaciones, de las 22 que realizó la Comisión de Encuestas.
Entre las dos recomendaciones cumplidas estuvo la inscripción de la Central ASI como organización sindical independiente y la liberación de Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), luego de casi dos años de injusta prisión.
“La falta de voluntad por parte del gobierno para implementar el conjunto de recomendaciones realizadas por la Comisión de Encuesta trae como consecuencia que continúen prácticas y políticas que afectan el ejercicio de la libertad sindical y alejan las posibilidades de diálogo social, y que persistan condiciones que deterioran las condiciones de vida y de trabajo de los y las trabajadoras en Venezuela, las cuales han incidido en los altos índices de pobreza y en la migración forzada de trabajadores venezolanos”, expresó el boletín.
De acuerdo al artículo 29 la organización internacional, el director general de la OIT comunicará este informe al Consejo de Administración y a los gobiernos para que este lo publique, tal como ha pasado ya.
Cada uno de los gobiernos interesados deberá comunicar al director general de la Oficina Internacional del Trabajo, dentro de un plazo de tres meses, si acepta o no las recomendaciones contenidas en el informe de la comisión y, en caso de que no las acepte, si desea someter la queja a la Corte Internacional de Justicia.
