Familiares de González han denunciado su grave estado de salud. El dirigente padece de problemas renales y crisis hipertensivas al estar recluido sin medidas preventivas para evitar contagio de la COVID-19, su vida corre peligro.

@g8che 

La Corte de Apelación Militar cumplió los 10 días sin tomar decisión sobre el caso de Rubén González y prolonga a más de 20 meses y 8 días la injusta prisión del secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera).

El 28 de julio dicha corte decidió prolongar la ejecución de sentencia amparado en el artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal que establece que, en caso de imposibilidad de tomar alguna decisión por la complejidad del caso, debía hacerse “dentro de los diez días siguientes”.

Sin embargo, pasada las 7:00 pm abogados del dirigente sindical informaban no haber sido notificados para una audiencia definitoria. Jorge Machuca, abogado defensor, declaró que se han irrespetado los lapsos procesales en el caso del secretario general.

“Es una agresión a Rubén González, a la defensa y a los trabajadores”, manifestó. De acuerdo con Machuca seguirán exigiendo que se avance en el caso y se le dé la libertad plena al secretario general de Sintraferrominera.

El abogado denunció que la prisión de González es una venganza contra el dirigente por defender los derechos laborales y que, con ello, se busca condicionar a todos los trabajadores de Guayana para disminuir las protestas exigiendo mejores garantías de vida.

“Hoy debe ser un día de justicia, la Corte Marcial debe dar libertad a mi padre, que nunca debió estar preso”,  manifestó Yarudid González, hija del dirigente, en Twitter.

El caso de González en los últimos 10 días ha sido seguido y denunciado en redes sociales por organizaciones defensoras de derechos humanos. Provea señaló que el secretario general es rehén de Nicolás Maduro, mientras Amnistía Internacional expresaba que era un preso de conciencia. Ambas organizaciones exigieron la libertad del dirigente sindical.

González fue detenido en la madrugada del 29 de noviembre de 2018 en una alcabala militar en Anaco, estado Anzoátegui, cuando volvía a Ciudad Guayana junto a trabajadores de las empresas básicas, tras participar en una marcha nacional convocada por la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela en Caracas.

Además de ser enjuiciado ilegalmente en un tribunal militar, González fue condenado el 13 de agosto de 2019 a 5 años y 9 meses de cárcel por los cargos de ultraje al centinela y ultraje a las fuerzas armadas, delitos que de acuerdo con los abogados carecen de lógica, pues no hubo funcionarios en rol de centinela en los hechos que se le acusan.

Los 10 días

Machuca expresó que la Corte de Apelación Militar pudo haber interpretado el Código Orgánico Procesal Penal y contabilizar los días por hábiles y no por continuos como expresa el documento.

Durante la siguiente semana seguirán haciendo seguimiento al caso de González esperando a más tardar el día martes 11 de agosto, expresó Machuca. De no haber respuestas convocarán a una rueda de prensa y redactarán un escrito para avanzar en el proceso.

Alí Daniels, director de la organización Acceso a la Justicia, explicó que en Venezuela cada tribunal interpreta los lapsos de forma distinta, pero al no dictarse la sentencia se está demostrando que la justicia el país no está funcionando a menos que les convenga al Estado.

De acuerdo con el abogado este viernes debía haber una decisión sobre el caso González, sobre todo al ser catalogado como un preso de conciencia por Amnistía Internacional y al estar preso injustamente.

Un caso a nivel internacional

La Comisión de Encuesta, el procedimiento de investigación más alto de la Organización Internacional del Trabajo, expuso en septiembre de 2019 que los cargos y la condena impuesta contra el dirigente de Ferrominera Orinoco constituyeron una penalización y disuasión severa a la actividad sindical y una grave vulneración del convenio número 87. Sugirió la liberación inmediata de Rubén González.

Mientras tanto el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias (GTDA) de la Organización de las Naciones Unidas denunció que la privación de libertad de González fue arbitraria y exigió al Gobierno nacional su libertad inmediata.

Determinó en el mismo documento que el arresto de González “constituyó una vulneración del derecho internacional, por tratarse de una detención basada en discriminación por su opinión política y por ser secretario general de un sindicato que defiende los derechos laborales”.

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