15 organizaciones firman el documento Agenda de Tareas urgentes para garantizar los derechos humanos en Venezuela.

Clavel A. Rangel Jiménez
crangel@correodelcaroni.com

La coalición de organizaciones de derechos humanos de Venezuela, Foro por la Vida, publicó la Agenda de tareas urgentes para garantizar los derechos humanos en Venezuela, una labor que viene ejerciendo desde su fundación en 1997.

El documento se publicó en septiembre para que los candidatos presidenciales lo tomaran en cuenta para su desarrollo en el marco de sus obligaciones como Presidente de la República.

La iniciativa, indicó la coordinadora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Ligia Bolívar, surgió también en una coyuntura electoral con el propósito de impulsar que los derechos humanos formaran parte de la agenda de políticas públicas.

En ese ámbito Venezuela está rezagada. Una de esas deudas es la construcción de un Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos, un compromiso adquirido en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena en 1993.

Hasta ahora no ha podido concertarse ese plan, particularmente, “porque se pide que se construya de una manera participativa, pero no ha habido voluntad para abrir ese espacio”.

La propuesta hecha por las organizaciones podrán ser aplicadas, resaltó el coordinador de Provea, Marino Alvarado, sólo si hay un diálogo constructivo.

“Independientemente de quien gane, lo importante es saber que la única forma de que haya gobernabilidad es que se pueda generar el diálogo”, reflexionó.

De allí que considere que la aplicación de la agenda pasa, sobre todo, por convocar al diálogo, combatir la inseguridad, diseñar políticas públicas contra la pobreza, aplicar políticas antiflacionarias, hacer una reforma policial y superar la crisis del sistema de salud público.

“Es importante que se aborden a partir del diálogo, gobierne quien gobierne, porque ese diálogo no debe ser entre políticos sino entre distintos actores como los empresarios, trabajadores, universidades (…) Debe haber un consenso mínimo para tener resultados positivos”, expuso.

La ruta, dijo el director de Sinergia, Feliciano Reyna, podrá ser aprovechada si, efectivamente, la plataforma que resulte electa tiene entre sus objetivos el goce y disfrute de los derechos humanos. “Lo que se ha buscado es presentar una serie de temas, que son absolutamente relevantes y que, de materializarse, es posible que las personas cada vez más vayan logrando ese nivel de vida digna”.

El voto como derecho
A propósito de la jornada electoral de este domingo, señaló que -debido al alejamiento del marco constitucional del gobierno- “yo esperaría que hubiese mucha participación para enviar señales claras de qué es lo que se desea para el futuro, y que a partir de esa participación se le exija el regreso a ese marco constitucional”.

La participación ciudadana masiva, considera Reyna, enviaría un mensaje claro: “cómo es que las personas quieren ser tomadas en cuenta y ser escuchadas, tener participación en el futuro que desearían que fuera”.

Alvarado resaltó que la población debe comprender que las elecciones pasan, “queda la familia, los compañeros de trabajo, los vecinos, la comunidad, quienes más allá de la opción que escojan tienen los mismos problemas y las mismas aspiraciones, que el que salga victorioso y derrotado, lo que hay que hacer es unir esfuerzos para afrontar y superar esas dificultades”.

A continuación un compendio de la agenda firmada por el Foro por la Vida:

Derecho a la libertad de expresión e información

* Garantizar el cese de los ataques contra periodistas, ciudadanos (as) que ejerzan su derecho a la libertad de expresión, hacer pronunciamientos públicos en contra de la violencia…

* Actuar con independencia e imparcialidad en la administración del espectro radioeléctrico y el otorgamiento de publicidad oficial.

* Proponer la adecuación de la legislación penal para eliminar los delitos de difamación, vilipendio y desacato.

* Garantizar el derecho de acceso a la información pública a través de la promoción de leyes nacionales y estadales.

* Evitar la realización de las cadenas de radio y televisión

Derecho a la libertad de asociación y de participación

* Impulsar la derogación de toda legislación restrictiva de la libertad de asociación en cualquier ámbito, así como garantizar conductas institucionales de respeto a quienes defienden los derechos humanos.

* Promover el diálogo permanente con los ciudadanos y la sociedad civil, girar instrucciones inequívocas de prohibición de conductas o uso de cualquier medida de coacción, intimidación, condicionamiento o discriminación de ciudadanos o de funcionarios, por razones de parcialidad política.

Derecho a la justicia

* Eliminar la facultad del Ejecutivo de nombrar y destituir los fiscales y jueces militares, desaplicar e impulsar la derogatoria del artículo 54, ordinales 1, 2 y 3 y artículo 55 del Código Orgánico de Justicia Militar.

* Garantizar la suspensión de funcionarios de cuerpos policiales y militares indiciados de participar en la muerte, tortura o desaparición de un ciudadano o ciudadana durante la investigación de los casos, así como garantizar la elección de jueces en conformidad con el mandato constitucional.

* Fortalecer las Unidades Criminalísticas de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, así cono erradicar todas las formas de discriminación en la investigación y administración de justicia que afectan a las poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Derecho a las garantías institucionales internacionales

* Retirar la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto a Venezuela, dado que los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado venezolano, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno.

* Acatar las sentencias de los tribunales internacionales de protección a los derechos humanos, cumpliendo de manera expedita las decisiones tal y como lo expresa la Constitución.

* Garantizar la transparencia y la participación de la sociedad civil en la elaboración de informes a cargo de la Cancillería de la República, para los órganos de supervisión de los tratados suscritos por Venezuela.

* Ratificar convenios internacionales pendientes en materia de derechos humanos y refugio; y cumplir a cabalidad con las recomendaciones, resoluciones y sentencias de los órganos internacionales y regionales de protección de los derechos humanos, sin alegar injerencia en asuntos internos o vulneración de la soberanía.

* Permitir el acceso al país a representantes de los órganos internacionales y regionales de protección de los derechos humanos.

Educación en derechos humanos

* Retomar y culminar el proceso de elaboración de un Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos, iniciado en 2003, conforme a los lineamientos de las Naciones Unidas, el Pacto Interamericano para la Educación en Derechos Humanos y las directrices del Grupo de Trabajo sobre Educación y Cultura en Derechos Humanos (Educddhh) del Mercosur.

* Desarrollar una base de datos estadística y de diagnósticos sobre la situación de la convivencia y violencia escolar y promover e implementar un programa de gobierno estudiantil basado en principios y contenidos de educación en derechos humanos.

* Desarrollar un programa de formación docente que incorpore la educación en derechos humanos y adecue los principios pedagógicos a una concepción de la educación incluyente, democrática y participativa, de igualdad y equidad, así como actualizar el currículo escolar a objeto de eliminar los criterios discriminatorios.

Derecho a la seguridad ciudadana

* Promover un debate y diálogo nacional con todos los actores sobre normas y políticas públicas para afrontar la criminalidad de manera democrática y con respeto a los derechos humanos.

* Garantizar el diseño, implantación y ejecución de un programa de control de armas y desarme como política para lograr la seguridad ciudadana, así como un diseño y ejecución de políticas que propicien el fin de la impunidad.

* Ajustar la formación y los planes operativos de los cuerpos de seguridad a fin de controlar su actuación en el terreno para prevenir y evitar que se produzcan abusos por uso excesivo e indebido de la fuerza y armas de fuego, y garantizar el carácter civil de los cuerpos policiales.

* Impulsar la reforma del Código Orgánico Procesal Penal para que el Cicpc (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) se separe estructural y funcionalmente del Poder Ejecutivo; así como asegurar que limite sus funciones a la investigación técnica y científica.

* Garantizar que las Fuerzas Armadas no participen en actividades de seguridad ciudadana, salvo situaciones excepcionales, así como eliminar las normas que organizan y conforman los cuerpos milicianos y combatientes.

* Promover garantías de protección a las y los sobrevivientes de las víctimas de la criminalidad y de la violencia de género, y la asistencia para la superación de los traumas producto del hecho violento, a fin de frenar el desarrollo de nuevas carreras de violencia.

Derecho a la seguridad social, a la salud, al trabajo, a una pensión y a la vivienda

* Solicitar la aprobación de las leyes de los regímenes prestacionales de salud y pensiones del sistema de seguridad social; y garantizar el derecho al trabajo y a la universalidad de la seguridad social, incluyendo a las amas de casa.

* Proponer y solicitar la aprobación de la ley orgánica de salud e implementar de manera urgente el Sistema Público Nacional de Salud, así como garantizar el financiamiento y desarrollo de políticas de vigilancia y acceso universal a tratamientos y atención a la salud de las personas con VIH, ITS y otras condiciones de salud crónicas.

* Convocar y apoyar a una comisión académica plural para que realice una investigación sobre el fenómeno de la violencia entre trabajadores y elabore, en consulta con trabajadores y trabajadoras, propuestas de prevención de la violencia.

* Brindar las soluciones legales y administrativas necesarias, para eliminar las violaciones a los derechos laborales de las mujeres, sobre todo en materia de salarios y acceso al empleo remunerado.

* Asegurar que los desarrollos habitacionales cumplan con los criterios establecidos en la Observación General N° 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, sobre el derecho a una vivienda adecuada.

* Garantizar, en la medida en que sean aplicables, condiciones similares a las establecidas en la Observación General N° 4, a las personas y grupos familiares que se encuentren temporalmente albergados en refugios como consecuencia de desastres naturales.

Derechos de los niños, niñas y adolescentes NNA

* Elaborar un Plan Nacional para la Protección Integral de los Derechos de NNA con base en la Convención sobre los Derechos del Niño y crear un Sistema Estadístico Nacional en materia de Infancia y Adolescencia.

* Desarrollar políticas públicas dirigidas a promover la convivencia y disminuir la violencia que afecta a NNA y adoptar políticas y planes para elevar la calidad de la educación con igualdad y equidad.

Derechos de las mujeres

* Impulsar la revisión del Código Orgánico Penal, rescatar para su revisión, actualización y completa aprobación el Proyecto de Ley de Igualdad y Equidad de Género, como política del Estado Venezolano.

* Diseñar y ejecutar un Plan Nacional para la Igualdad y Equidad de género que se inserte en el Plan de la Nación y que incluya la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

* Elaborar el Reglamento de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

* Desarrollar las políticas, servicios y recursos, así como impulsar las leyes necesarias, para garantizar el respeto efectivo al principio constitucional de igualdad en todas las esferas de la vida de mujeres y hombres.

* Garantizar la efectiva factibilidad administrativa y financiera de la aplicación de la Ley del derecho de las mujeres a vivir sin violencia.

* Garantizar el derecho a la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres.

Derechos de los refugiados, trabajadores migrantes y sus familias

* Asegurar la obtención de documentos adecuados que permitan la identificación de las personas que solicitan refugio en Venezuela y los refugiados reconocidos.

* Decidir las solicitudes de refugio en el plazo previsto por la ley y razonar suficientemente las solicitudes rechazadas, con el objeto de asegurar el derecho a reconsideración.

* Poner al día la Memoria y Cuenta del Consejo Nacional de Refugiados.

* Realizar de un censo público y transparente para la población migrante en condiciones de irregularidad en Venezuela e implementar una nueva política migratoria nacional que incluya reformas legales, programas y políticas públicas, bajo un enfoque de derechos humanos.

Derechos de los pueblos indígenas

* Dar cumplimiento, en un plazo no mayor de un año, al compromiso constitucional de demarcación de territorios.

* Desarrollar un plan que asegure la protección de los territorios indígenas contra incursiones de terceros.

Derecho de las personas privadas de libertad

* Garantizar la protección del derecho a la vida de las personas que se encuentren privadas de libertad y el pleno goce y ejercicio de todos los derechos humanos de la población reclusa.

* Impulsar la derogación de los artículos reformados del Código Orgánico Procesal Penal a fin de restituir derechos vulnerados a procesados y penados, la asistencia de organizaciones de derechos humanos y su acción, así como la elaboración de un Plan Nacional de Reordenamiento del Sistema Penitenciario, donde se fijen las políticas a corto, mediano y largo plazo, con el fin de redefinirlo y adecuarlo a la Constitución y a las normas internacionales.

* Garantizar condiciones aptas para el trabajo, el estudio, la cultura, el deporte y la recreación en la infraestructura penitenciaria, con la implementación de un programa de tratamiento que garantice la reinserción social de las personas privadas de libertad.

Derecho al reconocimiento, igualdad de derechos y no discriminación de las personas Lgbttti

* Impulsar las leyes necesarias y la reforma del Código Civil y Código Orgánico Penal para garantizar el derecho personalísimo a la identidad de género, mediante el libre cambio de nombre y sexo; y el derecho a la plena igualdad legal de las personas sexo-diversas en materia de uniones y adopciones, acceso a la salud, al trabajo, a la educación, a la vivienda, a la seguridad y a la protección social, sin discriminación alguna.

* Dictar una norma ejecutiva para toda la Administración Pública Nacional de respeto, plena garantía y protección de los derechos humanos de las personas sexo-diversas en las políticas y servicios públicos, y solicitar a los demás poderes públicos (judicial, electoral, ciudadano, estatal y municipal) su adhesión a la norma o la producción de normas similares en sus respectivos ámbitos.