Identificación con el socialismo a órganos populares desconoce pluralismo político, garantizado en la Constitución de 1999.

. El devenir histórico en estos últimos 13 años de los consejos comunales apunta hacia la instauración de un modelo de país que encumbra relación caudillo-masa popular.

César Noriega Ramos (*)

A partir de 1999 con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) empiezan a convivir el sistema representativo, tradicional de las democracias liberales, con nuevas formas de participación ciudadana directa e indirecta.

Los constituyentes recogían así las demandas por mayor inclusión, que el marco constitucional precedente falló en instrumentar. Sin desconocer los avances del proceso de descentralización del Poder Público en los gobiernos locales.

Sin embargo, en las mutaciones internas que ha sufrido la revolución bolivariana, el énfasis inicial en promover la democracia participativa y protagónica decayó y ahora el respaldo del Estado se vuelca a fortalecer el Estado comunal, encasillando a las organizaciones comunitarias en la construcción de una sociedad socialista, anulando el pluralismo político incluido entre los principios fundamentales que definen a la nación venezolana.

ORÍGENES

La historiadora Margarita López Maya, con un doctorado en Ciencias Sociales, ubica el inicio de las inquietudes por aumentar la participación ciudadana a mediados de los años 80 del siglo XX.

Nuevos mecanismos de consulta y participación popular, con el objetivo, interpreta Maya, de “encontrar tanto un desarrollo económico que cumpliera las postergadas promesas de crecimiento, igualdad y justicia social; como un orden político que superará las crecientes costuras que exponía una democracia confiscada por los partidos políticos y sus intereses particulares”, dijo Maya, en una ponencia titulada De la Democracia Participativa al Estado Comunal. Evolución de la Participación en Venezuela, nombre también de un libro publicado por el Centro Gumilla a finales de 2011.

Las bases filosóficas de esta necesidad de empoderar la capacidad contralora del pueblo sobre la gestión pública, las identifica Maya, en la conjunción del pensamiento social de la Iglesia Católica, representada por corrientes a lo interno de la democracia cristiana venezolana, e ideas marxistas en su vertiente democrática.

MADURACIÓN DE LOS CONSEJOS COMUNALES

El primer período de gobierno del presidente Hugo Chávez (2000-2006) está caracterizado por la aparición de las primeras innovaciones participativas, que “buscaban el fortalecimiento de la sociedad civil, en particular de una sociedad civil ‘popular’, donde las mayorías empobrecidas y/o excluidas de los beneficios de la modernización y la democracia, a través del trabajo cogestionado con instancias gubernamentales en diversos niveles, fueran adquiriendo atributos de ciudadanía plena”, explica Maya.

Pero son los consejos comunales (cc) donde el jefe de Estado asienta las bases del socialismo del siglo XXI. En los últimos 13 años el chavismo ha modificado tres veces la naturaleza y fines de estos órganos populares.

En 2002 aparecen por primera vez los cc, en la Ley Especial de los Consejos Locales de Planificación Pública, donde son definidos como organizaciones de la sociedad civil para participar en el control y gestión de la administración pública.

En abril de 2006 se aprueba la Ley de los Consejos Comunales, que desvinculan a los cc del municipio y los pone bajo la tutela administrativa del Presidente de la República. La norma les da la atribución de articular e integrar a las diversas organizaciones sociales que hacen vida en la comunidad.

El 2007, año de la reforma constitucional fallida, cambió la concepción de estos motores de participación, denominados “células primarias” del nuevo modelo socialista que formarían el poder popular, cuyos miembros no serían electos por sufragio universal, sino por “la condición de los grupos humanos organizados con base de la población” (propuesta de reforma del artículo 136 de la CRBV).

A la vuelta de 13 años, Maya señala la contradicción de un proceso que pretendió potenciar la participación popular, pero que en los años recientes se empeña en marcar ideológicamente a las organizaciones populares.

“En vez de alcanzar una mayor descentralización del poder del Estado (…) más bien avanzamos hacia la recentralización del petroEstado, el fortalecimiento de éste frente a la sociedad y el uso direccionado desde arriba de las organizaciones comunitarias para los fines ‘socialistas’ del proyecto político del Presidente”.

UN ESTADO DENTRO DEL ESTADO

Pese a que en la CRBV no se habla del Estado comunal, el Gobierno no ha detenido el apuntalamiento legal y financiero de las organizaciones del poder popular. A través del Fondo de Compensación Interterritorial, un mecanismo de inyección de recursos que reglamenta la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, se asignó un presupuesto a grupos de base del poder popular para 2012 por el orden de 3.100 a 4.500 millones de bolívares.

Fondos destinados a la ejecución de 10.783 proyectos durante este año. Los cc y comunas están involucradas en materias de vivienda, servicios públicos, fiscalización de precios, seguridad y defensa. La reforma del Código Orgánico Procesal Penal, promulgada el 15 de junio, confiere a las expresiones del poder popular la atribución de participar en “mecanismos de control social sobre la administración de justicia” (artículo 3 del COPP).

De ser reelecto en su cargo el presidente Chávez, anticipó en su plan de gobierno, se propone que la población total de Venezuela en 2019, para cuando se estima que los habitantes estén sobre 30 millones y medio de personas, sean incluidos en cc (dentro de los objetivos generales y específicos del objetivo histórico II, relativo a la construcción del socialismo bolivariano).

El proyecto de gobierno también se traza que 68% de la población para 2019, más de 21 millones de personas, vivan en “subsistemas de agregación de comunas”.

De cristalizarse este objetivo la mayoría de los venezolanos vivirían bajo autoridades no electas por sufragio universal, sino por métodos alternativos. El poder de estas organizaciones de base popular, como se ha visto, emanaría de la Presidencia de la República. Un país distinto al proyectado en la CRBV, y más parecido al devenir que imaginó el sociólogo argentino Norberto Ceresole, connotado exponente de ideas neofascistas y antisemitas.

Ceresole, quien falleció en 2003, ofreció una serie de charlas en Caracas en 1999 por motivo del proceso constituyente. En este contexto argumentó que el proyecto político chavista se sustenta en “el poder que emerge fundamentalmente de la relación caudillo-masa”. Percibe que este vínculo se debilita en la medida que se democratice el poder; “democratizar el poder tiene hoy un significado claro y unívoco en Venezuela: quiere decir ‘licuar ’el poder, quiere decir ‘gasificar’ el poder, quiere decir anular el poder”, dijo el ideólogo argentino hace 13 años.

(*) Periodista
Cursa Maestría en Periodismo Multimedia en Florida International University

“Somos más habitantes que ciudadanos” El director de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello-Guayana, Eligio Rodríguez, considera que el tránsito hacia la democracia participativa y protagónica, tal como se expresa en el preámbulo de la Constitución de 1999, “implica que la relación sociedad-Estado-gobierno debe sobrepasar el derecho al voto”. Rodríguez, doctor en derecho político, sostiene que un sistema participativo demanda una ciudadanía más activa políticamente y que reclame para sí más espacios para ejercer control social sobre la gestión pública y las actividades económicas. “Como sociedad civil nos hemos limitado al voto. Somos más habitantes que ciudadanos”, dijo Rodríguez, en una disertación sobre buenos gobiernos locales, celebrada recientemente en la UCAB. Para Rodríguez es clave para fortalecer la democracia participativa, la descentralización del poder en los gobiernos locales. Debido a que las instancias locales facilitan la contraloría social y mayor efectividad en la ejecución de políticas públicas, indicó el académico, quien además relacionó la descentralización como una manera de “expandir el poder ascendente”, es decir el que va de abajo hacia arriba.