Sin siquiera comenzar la marcha, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) inició una represión con gases lacrimógenos que violaron la Ley de Aeronáutica Civil y la Resolución 8610 del Ministerio de Defensa, al lanzar bombas dentro de una clínica y desde helicópteros. Esta respuesta, propia de un gobierno que pretende eternizarse en el poder, se topa con una oposición que ratifica su compromiso de mantener la protesta por elecciones generales, restitución de la Asamblea Nacional y libertad para los presos políticos.

Las lágrimas que llenaron de dolor al pueblo de Tumeremo hoy siguen brotando del rostro de su gente. Un año después de la masacre de 17 mineros en la mina Atenas, la capital del municipio Sifontes sigue recordando con dolor aquel acto dantesco encubierto por un Estado cómplice de la violencia y la explotación ilegal de los recursos naturales. Un Estado que trata de eludir su responsabilidad en estos hechos tratando de enterrar la memoria con su política de olvido, su silencio, su desatención a las víctimas y alimentando la impunidad que sigue reinando en un pueblo arrodillado por el pranato minero.

El activista de derechos humanos, Marino Alvarado, insiste en lo mismo que dijo hace un año: el gobernador de Bolívar debe ser investigado por los hechos ocurridos en Sifontes. Debe ser investigado por una sola razón: apostó a la impunidad. Y, por tanto, fue cómplice.

Marino Alvarado, activista de derechos humanos, reitera que el apoyo de la Defensoría del Pueblo y los trabajadores es fundamental para lograr una reincorporación exitosa.

Un grave signo de la profundización del control castrense en la sociedad venezolana.

Marino Alvarado, excoordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción, resalta que el gobernador de Bolívar y el Estado venezolano en general tienen responsabilidad sobre lo ocurrido en Tumeremo, tanto por omisión como por complicidad.

La comisión considera, tras el análisis de los hechos presentados, que los activistas de derechos humanos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia puesto que su vida e integridad personal se encontrarían en riesgo.

Activistas cierran fila por las agresiones sufridas por Marino Alvarado; acusan al presidente de la AN, Diosdado Cabello, de encabezar un discurso de hostigamiento; y solicitan a la Fiscalía y Defensoría a actuar con independencia.

A finales de marzo de este año, la CIDH expresó preocupación por la intimidación de Cabello contra defensores de derechos humanos en Venezuela.

“Ninguna gestión de gobierno se había registrado una campaña sistemática de ataques contra las ONG”, indicó el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en un comunicado a propósito de los señalamientos del presidente de la República, Nicolás Maduro.

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