El Tribunal 2º de Control ordenó la cárcel de La Pica como centro de reclusión para Oswaldo Ojeda, uno de los cinco implicados en el homicidio del estudiante de Derecho de la UCAB Guayana, José Alberto Arreaza.

El punto fue cambiado del estacionamiento de Koma a una zona adyacente al mercado de Unare, en donde el tráfico y la inseguridad aumentan la incomodidad de las horas de espera bajo el sol por obtener una bombona a precio regulado.

Motorizados agreden a los jóvenes que trancaron la avenida Libertador en rechazo a la propuesta de Nicolás Maduro. Las denuncias de los universitarios aseguran que los agresores actuaron con anuencia de la GN.

Los residentes deben cocinar con leña frente a la escasez del recurso, que lograron obtener por mediación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), aunque no suficiente para toda la comunidad.

Miércoles, 10 Mayo 2017 00:00

Ventajismo descarado

Maduro, Cabello, Rodríguez, Istúriz y demás adláteres, bájense de esa nube, pues ya perdieron al pueblo y por mucho que traten de seguir utilizando ese ventajismo descarado, no los quieren por corruptos, ineptos y desvergonzados.

Aseguró que la tarea es avalada por el ministro del Interior y la ministra de Asuntos Penitenciarios, y que ya se han hecho pruebas en estados como Zulia. Esto debido al “gran desgaste” de los cuerpos de seguridad, tras un mes reprimiendo todas las protestas de calle en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

Los jóvenes que deciden abandonar los salones de clases guardan esperanzas en una salida democrática y pacífica del gobierno de Nicolás Maduro, en el que consideran que no vale de nada formarse como profesional si no hay seguridad, abastecimiento y poder adquisitivo.

l menos 6 trabajadores, entre periodistas, camarógrafos y reporteros gráficos, de Globovisión, Vivo Play, Efecto Cocuyo, Reuters, Caracol Radio y Univisión; fueron atacados por los uniformados.

Vecinos de la UD-128 denuncian ola de robos que ha desmantelado la balsa toma de su acueducto, lo que les mantiene sin agua desde hace cuatro meses sin que haya correctivos del Estado para prevenir asaltos a la planta. La falta de respuesta de la Gobernación del estado Bolívar, y el calvario que implica recoger agua de lluvia o exprimir el bolsillo para pagar un tambor de agua a dos mil bolívares, llevó a la comunidad a cerrar la vía a Rio Claro, con la advertencia de retomar la tranca si persiste el mutismo oficial.

La comunidad indígena de Mamo Arriba (Anzoátegui) llevaba cuatro meses esperando por la prometida segunda bolsa de los comités locales de abastecimiento y producción (CLAP). “Si no trancamos y armamos un bochinche, no nos toman en cuenta”, manifestaron los vecinos de este sector rural que vive de la agricultura y la pesca, pero donde también residen trabajadores de los taladros perforadores de Pdvsa.

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