Jueves, 05 Mayo 2016 00:00

Comisión especial de la AN: En las minas se violan los DD HH de manera sistemática

 
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La mayoría de los cuerpos fueron enterrados en el nuevo cementerio de Tumeremo, uno en el antiguo camposanto y otros fueron trasladados a otras ciudades La mayoría de los cuerpos fueron enterrados en el nuevo cementerio de Tumeremo, uno en el antiguo camposanto y otros fueron trasladados a otras ciudades William Urdaneta/ Archivo

Informe parlamentario sobre la masacre de Tumeremo concluye que "el ciudadano Rangel Gómez en calidad de Gobernador del estado Bolívar, actuó de manera negligente desde los primeros momentos al negar de forma categórica los hechos”.

Durante la sesión de este jueves, la Asamblea Nacional aprobó el informe final realizado por la Comisión Especial que investiga la desaparición de los mineros de Tumeremo, en el estado Bolívar  ocurridos el 4 de marzo de este 2016.  

 

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MÁS INFORMACIÓN

■  Consulta el informe final de la comisión especial de la AN

■  Especial de Correo del Caroní sobre la Masacre de Tumeremo

 
     

Caracas.-  El diputado de La Causa R  y presidente de la Comisión que evalúo el caso de la desaparición de mineros en Tumeremo, Américo De Grazia, presentó el informe final en el que se comprobó que sí hubo una masacre, días después de la creación de la empresa Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG) en el marco del denominado “Arco Minero del Orinoco”.

El documento esbozado ante la plenaria contiene las conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación sobre los acontecimientos que conmocionaron a la población del Municipio Sifontes del Estado Bolívar.

La Comisión estuvo conformada por los diputados Luis Silva (Unidad/Bolívar),  Olivia Lozano (Unidad/Bolívar), Rachid Yasbek (Unidad/Bolívar) y José Hernández (Unidad/Bolívar). La bancada del GPP no se incorporó a la Comisión. 

Grazia enfatizó que “esta política minera de profundo sentido extraccionista que nos lleva del rentismo petrolero al rentismo colonizante minero, está afectando nuestra reserva forestal de Imataca, la Cuenca del Caura y del Caroní y por consiguiente a la represa del Guri”.

En cuanto al informe aprobado, la Comisión concluye que "el ciudadano Rangel Gómez en calidad de Gobernador del estado Bolívar, actuó de manera negligente desde los primeros momentos al negar de forma categórica los hechos denunciados (...) cosa que contribuyó a que las autoridades policiales y de la Fuerzas Armadas incumpliesen con sus obligaciones de brindar colaboración inmediata a los denunciantes. Se desarrollasen las labores de rescate, protección y liberación de los, para ese entonces, desaparecidos o de ubicación exacta del lugar de la masacre, el oportuno análisis de la escena del crimen y el descubrimiento inmediato de los cadáveres que, ante la negligencia oficial, fueron trasladados a otra ubicación".

De la misma manera se señala que en las áreas mineras del estado se violan los derechos humanos de manera sistemática.

"Los mineros artesanales venezolanos son sometidos a la violencia, al  miedo, a la extorsión, a la criminalización de su trabajo, con ánimo de inducirlos a la clandestinidad y al tráfico de miseria con consecuencias nocivas en lo social, económico y ambiental. Es inconcebible este estado de cosas en una zona totalmente militarizada sin la complicidad directa de algunos altos mandos de la Fuerza Armada Nacional", dijo el parlamentario.

Recomendaciones

Entre las recomendaciones establecidas en el informe, la Comisión exhorta a la Fiscalía a que establezca responsabilidades de todos los involucrados en el hecho y logre la captura y condena de los autores materiales e intelectuales del caso; entre ellos, el ciudadano Jamilton Andrés Ulloa Suárez, quien está plenamente identificado como autor material de los hechos ocurridos  y transcurrido dos (2) meses del hecho, aún se encuentra en libertad.

También se plantea enviar el informe al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería de manera que se plantee una evaluación y reorganización de la institucionalidad del sector minero y una política de minas que promueva la racionalidad y establezca códigos dentro de un marco institucional adecuado que estipule la participación real del sector público y privado. 

En el entendido de que la zona en la que tuvieron lugar los hechos está bajo el control de la Fuerza Armada Nacional, se recomienda remitir este informe al Ministerio del Poder Popular para la Defensa para la prosecución de las averiguaciones y Exhortar a su máxima autoridad a que defina y determine las responsabilidades de la presencia de las fuerzas del Estado en las zonas mineras, y en consecuencia establezca las responsabilidades que corresponden a los funcionarios destacados en el lugar.

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