Jueves, 10 Marzo 2016 00:00

Negativas y ausencias gubernamentales apuntan a desaparición forzada en Tumeremo

 
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Habitantes de Tumeremo exigen verdades al gobernador Habitantes de Tumeremo exigen verdades al gobernador

El gobernador de Bolívar no ha dado la cara en el municipio Sifontes, a pesar de las protestas y su causa: la desaparición de más de 20 personas.

     
 

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El sábado, Rangel Gómez culpó a sus enemigos políticos

 
     

El esquema no variado en una década: primero, la negación, por vía de la atribución del hecho a un enemigo. Luego, la ausencia, amén de la investidura de gobernador del estado Bolívar, de los escenarios.

Ha sido ese el método de Francisco Rangel Gómez para enfrentar dos situaciones similares: la masacre de La Paragua, del 22 de septiembre de 2006, y los desaparecidos de Tumeremo, de marzo de 2016.

En el primero (cuando diez mineros fue masacrados por integrantes del Ejército en El Papelón de Turumbán) se pronunció cinco días después y por la tangente: “este es un plan desestabilizador para todo el país que ha comenzado en el estado Bolívar”.

Siete días después de la masacre, Rangel Gómez no había ido a La Paragua. En su lugar estuvo la entonces secretaria general de la Gobernación, Ovany Aguirre, quien excusó al mandatario por “un viaje urgente a Caracas”.

Historia cíclica

¿Le parece familiar lo que ahora ocurre? Concluya usted: el sábado en la noche, la primera reacción de Rangel Gómez fue: “es absolutamente falsa la información que personajes de la derecha han ido mencionando (…) se hizo un rastreo y no hubo nada”.

Dos días después, el tono fue distinto: “No estoy diciendo que no puede haber fallecidos o que no hay fallecidos, es muy distinto. Para nosotros, debió haberse efectuado un enfrentamiento entre bandas armadas en la zona”.

Siguiente paso: el brillo de la ausencia. Hasta este miércoles, el gobernador no había visitado Tumeremo.

“Esa última es la declaración más cantinflesca que he escuchado”, sentencia, sin ambages, la directora del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Ligia Bolívar.

Ha seguido el caso. Pero, sobre todo, se ha dedicado a cotejarlo con la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. A ello se ha dedicado porque cree que todo encuadra.

El artículo II de la convención teoriza la desaparición forzada como “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona”.

El meollo, según Bolívar, está primero en las causas. En junio, Rangel Gómez manifestó su asombro al darse por enterado de que bandas delictivas manejan armas de guerra en la región.

“Hay un asunto grave, espantoso de tolerancia de las armas por parte del Estado. Constitucionalmente, quien tiene el monopolio de las armas es el Estado y, por tanto, es el responsable”, explica.

Entre más masa…

La otra responsabilidad radica en negar el hecho. Y aunque en un primer momento Rangel Gómez aseveró que hubo un rastreo de la zona, descartó de una vez la desaparición. Más adelante, la irresponsabilidad estatal recayó sobre el mismo presidente Nicolás Maduro cuando, el martes, dijo que el caso de Tumeremo obedecía a una guerra entre paramilitares. ¿”Qué hizo con ello? Reconocer que no tiene control sobre el territorio.

“El problema no es el perfil del victimario, sino lo que hizo el Estado para prevenir el hecho dentro de su territorio. La responsabilidad internacional incluye la prevención”, apunta.

Pero si la Convención es poco, la legislación venezolana también tiene para dar: en artículo 180 del Código Penal refiere: “La autoridad pública, sea civil o militar, o cualquier persona al servicio del Estado que ilegítimamente prive de su libertad a una persona, y se niegue a reconocer la detención o a dar información sobre el destino o la situación de la persona desaparecida, impidiendo, el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales y legales, será castigado con pena de quince a veinticinco años de presidio”.

Al respecto, Bolívar alerta que este caso, el de Tumeremo, contiene ciertos ingredientes de la masacre de El Amparo, de 1988. “Me suena un poco a ella porque hubo sobrevivientes y porque hay dolientes”.

No desea el mismo resultado (en ese entonces, 14 pescadores asesinados por el Ejército). Más bien, que prive la sensatez. Las respuestas y ausencias de Rangel Gómez no han sido, precisamente, sensatas.

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