Jueves, 10 Marzo 2016 00:00

‘Los medios del Estado no son ni del Gobierno y menos del partido de Gobierno, son para la gente’

 
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Además de omitir la voz de quienes trancan por cinco días la troncal 10 de Bolívar, AVN no dedica una noticia de seguimiento al caso en su home Además de omitir la voz de quienes trancan por cinco días la troncal 10 de Bolívar, AVN no dedica una noticia de seguimiento al caso en su home Foto captura AVN

Los medios adscritos Sibci, manejado por el Ministerio de Comunicación, callaron el clamor de los familiares que siguen exigiendo justicia en Tumeremo.

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En Bolívar 

El gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, utiliza la emisora Radio Regional Bolívar y más de 60 señales en la entidad toman la transmisión, todas las semanas, desde donde da balances de su gestión en lo que llama Gobierno al día.

Solo se hablan de los aspectos positivos de su gestión. La rueda de prensa que ofreció sobre el caso Tumeremo, desde los hangares de la Gobernación en Puerto Ordaz, sin haber visitado el sitio y dos días después de lo ocurrido, la transmisión de las preguntas y respuestas de medios como Correo del Caroní fueron tapadas por la intervención de una locutora.

El grueso de medios regionales se abstuvo de reproducir los testimonios de familiares de las víctimas que reclaman en Tumeremo, dando peso a las tardías declaraciones de funcionarios del Estado. 

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Ni mención ni seguimiento hubo este miércoles en la página principal de la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) -medio de comunicación del Estado- sobre el suceso del fundo Atenas de la población de Tumeremo, municipio Sifontes, estado Bolívar.

No hay una noticia sobre el avance del caso. Ni decir de las opiniones ciudadanas, del llamado poder popular, que este miércoles sumaron cinco días trancando la Troncal 10 en la exigencia de la aparición de los 28 desaparecidos en el hecho que, presumen, se trata de una masacre.

Tampoco hay seguimiento del caso, con cobertura en el sitio, por parte de Venezolana de Televisión (VTV). Tampoco hubo un acercamiento el sábado, cuando se conoció el hecho, más que la publicación de un contacto telefónico con el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, en el que negó los hechos ocurridos, tildándolos de una maniobra política de la ultra derecha.

Esto fue replicado por medios estatales como Correo del Orinoco, cuya página web estaba caída este miércoles. El portal digital del Ministerio de Comunicación tampoco habla del tema.

AVN solo reseñó una nota en donde Rangel Gómez asegura que “Minería artesanal en Bolívar recibirá respaldo con zona militar especial”. VTV no incluye la noticia ni el clamor de los familiares que piden los cuerpos de sus allegados en su home.

Radio Nacional de Venezuela (RNV) publicó que el diputado de la Asamblea Nacional Héctor Rodríguez demandará a su homólogo Américo De Grazia por difamación, mientras que Telesur, el medio de cobertura internacional que forma parte del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información (Sibci), publica un reportaje con claves que explican el rumor de la masacre de Tumeremo como un plan para desacreditar el “Arco minero del Orinoco”, sexto plan anunciado por el Gobierno venezolano para intentar controlar la presencia de grupos armados en el sur del estado Bolívar.

Todo ello apunta a un solo dictamen de la autodenominada hegemonía comunicacional del Gobierno: la censura en medios estatales de contenidos incómodos para el poder. 

Hegemonía comunicacional 

Marianela Balbi, directora del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela, indicó que “lo primero que hay que aclarar es que los medios del Estado no son medios del Gobierno y menos del partido de gobierno” como se da en el país, sino que “son medios dedicados al servicio público, a mantener a la colectividad informada y ya por ahí hay unos derechos que están siendo violentados”.

Respecto del caso Tumeremo “vemos que no hay atención por parte de estos medios (adscritos al Ministerio de Comunicación), ni siquiera porque es una noticia con todos los elementos de interés público que definen una noticia como tal”, que esta vez incluye “violencia, criminalidad, narcotráfico inclusive, y vemos que son cosas de las que el Gobierno no quiere hablar”, por lo cual utiliza su plataforma mediática para ocultar la situación.

Balbi destacó la importancia medios de comunicación independientes “que están haciendo su labor y están informando, porque hay medios que han sostenido un mutismo absoluto (…) y eso es alarmante. El papel de la comunidad (de Tumeremo) ha sido relevante, por encontrarse en una zona remota, y estar acompañados de la prensa independiente pues es lo que ha logrado que el hecho sea notorio”.

Tumeremo cumplió el miércoles el quinto día de protesta para exigir el esclarecimiento del caso e incluso el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, declaró que “hay indicios de un hecho punible”, mientras los medios estatales están circunscritos a ser, solamente, eco de los poderes públicos sin ofrecer la siempre fundamental voz la gente. 

     
 

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Amenazas a la libertad de expresión

“Hay zonas en las que los medios de comunicación solamente son los medios públicos, o los pocos que hay están presionados por el Gobierno por el financiamiento con publicidad, y eso también forma parte de la desinformación que promueve el Estado”, recordó Balbi.

La directora de IPYS Venezuela informó que esta organización forma parte de la Alianza por la Libertad de Expresión, que reúne a 14 agrupaciones que se ha reunido con la comisión de comunicaciones de la Asamblea Nacional (AN) para plantear posibles reformas a la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión (Ley Resorte) y el Código Penal. “Pensamos que ese puede ser un camino para cambiar la concepción de estos medios” que están al servicio del poder.

También resaltó que están en la promoción de una Ley de Acceso a la Información Pública, “para que haya una obligatoriedad legal en el acceso a la información y que existan instancias de arbitraje mediante las que puedan sancionarse a las instituciones” que se solapen en los medios del Estado para emitir sus pronunciamientos.

El Gobierno que se ha autoproclamado socialista maneja su plataforma comunicacional como una ventana en la que no se divisan los problemas sociales de Venezuela: en ninguno de los más de 20 medios adscritos al Sibci tampoco se menciona la voz de las comunidades sin agua, sin luz, sin aseo urbano o sin servicios básicos, todas responsabilidades que eluden al Gobierno.

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