“Quiero ver a Venezuela enderezada. Quiero que el pueblo esté seguro. Vamos a ocuparnos de Venezuela”, dijo el presidente Trump por la mañana, en unas declaraciones ante la prensa que despertaron aún mayor expectación porque dejó la puerta abierta a reunirse con Maduro.

 

Nicolás Maduro se enfrenta a uno de los momentos de mayor presión internacional. Seis países americanos oficializaron este miércoles una petición a la Corte Penal Internacional para que investigue a Venezuela por delitos de lesa humanidad, a la par que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a dejar abierta la opción de una acción militar. 


“Todas las opciones están sobre la mesa”, manifestó Trump en Nueva York, donde la situación en Venezuela se ha convertido en uno de los temas que están marcando el debate anual de la Asamblea General que arrancó el martes. 


“Quiero ver a Venezuela enderezada. Quiero que el pueblo esté seguro. Vamos a ocuparnos de Venezuela”, dijo Trump por la mañana en unas declaraciones ante la prensa que despertaron aún mayor expectación porque dejó la puerta abierta a reunirse con Maduro. 


“Si está aquí, si quiere reunirse...”, expresó Trump. “No lo tenía en mente, no es algo en lo que piense, pero si puedo ayudar a la gente, para eso es para lo que estoy aquí”. 


Con dos horas de diferencia
 


Maduro, que mantuvo el suspenso sobre su viaje a la ONU hasta el último momento, aterrizó en Nueva York a primera hora de la tarde local. Su intervención ante la Asamblea General estaba prevista para la noche. “Vengo a la Asamblea General a defender la verdad de Venezuela”, dijo en un video tomado durante el aterrizaje en la metrópolis, que colgó en su cuenta de Twitter


Apenas un par de horas antes, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú oficializaron una acción sin precedentes al presentar en Nueva York una petición para que la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, abra una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela cometidos desde 2014, cuando tuvo lugar la primera ola de protestas contra Maduro. 


Nunca un Estado ha sido denunciado por otro desde que el tribunal internacional permanente creado por el Estatuto de Roma echó a andar en 2003. La denuncia no va dirigida contra Maduro ni supone una acusación específica a ninguna persona, sino que pide el inicio de un proceso que, si avanza, sí puede llevar a identificar a presuntos responsables. 


“La situación en Venezuela es catastrófica”, dijo en rueda de prensa el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, uno de los firmantes. Ante la Asamblea General de la ONU, el colombiano Iván Duque, otro de los signatarios, proclamó que “el fin de la dictadura, el retorno a la democracia y la plena libertad es el único camino posible (en Venezuela)”. 


“Estamos viviendo la crisis migratoria y humanitaria más indignante de la historia reciente de la región, por cuenta de una dictadura que aniquiló las libertades”, añadió Duque. 


La mayor presión sobre Maduro está llegando con el éxodo que ha desencadenado el desastre humanitario en un país que desde hace años atravesaba ya una grave crisis política y económica. Acnur estima que unos 2,3 millones de personas han abandonado Venezuela desde 2014. 


El PIB venezolano se ha contraído en torno al 50 por ciento en los últimos cinco años, según el Fondo Monetario Internacional, que habla de una de las mayores crisis en la historia de la economía moderna. Para este año pronostica una inflación de un millón por ciento. 


Maduro se niega a reconocer la crisis humanitaria y asegura que se trata de una maniobra para una intervención militar para derrocarlo. 

Cada vez menos 


Al mandatario, mientras, le van quedando cada vez menos aliados en la región americana. Cuba es uno de los pocos y su presidente salió este miércoles a defenderlo. “Rechazamos las sanciones contra Venezuela que buscan asfixiarla económicamente”, manifestó Miguel Díaz-Canel en la ONU. El gobierno de Maduro “no hace daño a nadie”, llegó a decir. El boliviano Evo Morales, por su parte, criticó la amenaza estadounidense de una intervención militar a un “gobierno democráticamente electo”. 


Estados Unidos ha sancionado a más de 50 altos funcionarios venezolanos desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, incluido el propio Maduro, en un intento por frenar la deriva dictatorial de la que le acusa. También ha impuesto tres rondas de sanciones financieras para ahogar su financiación. A la mujer de Maduro y a tres de sus ministros más poderosos los sancionó el martes, acompañando el discurso de Trump ante la ONU. 


Estados Unidos mantiene la opción armada sobre la mesa al menos desde agosto del año pasado, cuando Trump amagó con ella en público por primera vez, desencadenando una ola de rechazo. 


“La intervención militar (en Venezuela) es una mala opción porque uno sabe cómo comienzan, pero nunca cómo terminan y qué costo tienen en términos de vidas humanas y sufrimientos”, dijo en Nueva York el presidente de Chile, Sebastián Piñera, dos días antes de ser recibido por Trump en la Casa Blanca. 


El mandatario estadounidense también ha sugerido una sublevación a los militares venezolanos. “El régimen es peligroso para la seguridad de su pueblo. Podría ser derrocado muy rápido si el Ejército decidiera hacerlo”, dijo el martes en una rueda de prensa conjunta con el presidente de Colombia. 


Maduro, ofreció un discurso en la ONU y recordó que fue a traer la verdad “de un pueblo que lucha”. Inició su discurso aseverando que Venezuela es “un país acosado” por una campaña internacional que quiere “acabar con lo revolución bolivariana”. 


“Hoy Venezuela es víctima de una agresión permanente por parte de quienes gobiernan los Estados Unidos de Norteamérica”, señaló el dictador venezolano. (Sara Barderas | DPA | El Universal

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