Hidrobolívar, Superintendencia de Tributos Caroní, Seniat y Corpoelec no prestarán servicios de recaudación, en algunos casos hasta el martes, por adaptación de sus plataformas al nuevo cono monetario.

Según el superintendente del Seniat, la medida busca que los contribuyentes puedan “reorganizar sus finanzas” y “combatir la guerra económica”

El Seniat pone a correr a empresarios con modificación de las normas de facturación por recorte del IVA. “La providencia dice que hay que indicarlo pero no dice cómo y no hay otra normativa que diga cómo”, señaló el asesor tributario, Camilo London.

Fedecámaras nacional manifestó su respaldo a la huelga y dio libertad plena a trabajadores y empresarios que decidan sumarse.

Un día después del paro cívico convocado por la oposición para rechazar el fraude constituyente, varios de los negocios que bajaron sus santamarías en Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana y Upata amanecieron este viernes con inspecciones del Seniat, cuyos funcionarios intimidaron, multaron o, en el peor de los casos, aplicaron medidas de cierre a los comercios fiscalizados. Persiste con ello la sistemática persecución contra la disidencia y la criminalización a la protesta.

Una estimación de Fedecámaras ubicó en 10 por ciento los comercios que acataron la paralización. Comerciantes y trabajadores consultados se justificaron en “si no trabajo, no como”.

Las aprehensiones se han registrado en Puerto Ordaz y Ciudad Bolívar, siendo en su mayoría detenidos del 19 de abril. Por otra parte, el Foro Penal destaca un antes y después en la actuación de Fiscalía, en comparación con años anteriores, estando al pendiente de la violación de derechos fundamentales.

La audiencia de presentación en los tribunales tuvo lugar este sábado. El Ministerio Público les imputó los delitos de instigación a delinquir, daño con violencia y ultraje a funcionarios.

Por el caso hay un adolescente detenido como uno de los responsables del hecho, en el que intentaron quemar la sede con bombas molotov este jueves a las 9:00 de la noche.

Los locatarios denuncian que las sanciones no corresponden y son excesivas para los ilícitos que se les atribuyen y la prórroga adrede del cobro de las multas para que sean percibidas con el nuevo valor de la unidad tributaria.

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