El presidente de la Superintendencia de Bancos, Antonio Morales, justificó la medida señalando que se necesitan los billetes en circulación y que trabajan en un nuevo cono monetario.

A Bolívar aún no llegan los nuevos billetes y monedas.

Apenas 15% de los establecimientos violentados ha podido reabrir sus puertas, tras mejoras con recursos propios, informó el presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Bolívar, Austerio González.

La Confederación Bolivariana de Transportistas (CBT) propuso la estrategia para corregir los errores en las rutas y falta de unidades de transporte público en Caroní y el estado Bolívar.

La zona se suma a las varias de Unare que tienen hasta seis meses sin el servicio de la estatal a causa del robo indiscriminado de cables que el Estado no es capaz de controlar ni subsanar, por falta de materiales.

Los diputados José Prat y Américo De Grazia denuncian la negligencia del gobernador para controlar el vandalismo en Ciudad Bolívar y otras poblaciones del estado, frente a la irresponsable medida del presidente de sacar de circulación en 72 horas el billete de 100 bolívares.

Martes, 20 Diciembre 2016 00:00

Billetes de 100 y protestas

La abrupta eliminación del billete de 100 bolívares ha traído todo tipo de consecuencias a la economía nacional. Desde el caos por devolver los billetes, tenerlos de regreso en los cajeros, el atasco de las transacciones comerciales, y la saturación del comercio electrónico fueron solo parte de las consecuencias que se suman a las protestas y saqueos devenidos a la postre.

No hubo saqueos, pero casi todo el comercio estaba cerrado en el municipio Heres durante la ‘calma’ que celebraba la directiva del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). La incertidumbre de trabajadores y empresarios que perdieron todo se sumaba a las colas en los poquísimos negocios que abrieron gracias al abundante resguardo militar. Un recorrido por los locales comerciales no solo confirma el saqueo, sino la devastación de los mismos.

La Cancillería neogranadina recordó que 6 millones de venezolanos se han beneficiado de servicios y productos desde la reapertura de la frontera en agosto.

“Los actos de vandalismo no están protegidos por el ejercicio del legítimo derecho a la protesta pacífica y deben ser rechazados -como en efecto lo hacemos- y controlados mediante el uso proporcional de la fuerza”, aseveran en el documento.

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