El edil Carlos Andrés García murió a causa de un ACV estando recluido en la sede del Sebin, donde permanecía detenido por razones políticas desde diciembre de 2016. El pasado jueves recibió el beneficio de casa por cárcel por su condición médica. Sin embargo, según los diputados Carlos Paparoni, Delsa Solórzano y Jony Rahal, la orden no fue ejecutada de inmediato, lo que habría incidido en las complicaciones de su salud.

El 20 de octubre de 2016 el tribunal de la causa ordenó la excarcelación del líder opositor, pero el gobierno se niega a cumplirla. La CIDH exigió preservar su integridad  y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU su liberación inmediata.

Una requisa del Ministerio de Interior y Justicia al Centro de Reclusión Judicial de Puerto Ayacucho acabó con la vida del 35 por ciento de la población penal. Las versiones oficiales pretenden minimizar el hecho catalogándolo como un caso de “resistencia a la autoridad” que produjo los “decesos” (como los tildó el Ministerio Público de Tarek William Saab), cuando en realidad la matanza confirma, una vez más, el empeñado carácter violatorio de derechos humanos y las actuaciones plagadas de irregularidades de la dictadura.

La Sala Constitucional del TSJ dictó 15 meses de reclusión en el Sebin, inhabilitación y prohibición de salida del país al joven dirigente político y miembro de Voluntad Popular. Con él, son 11 los alcaldes de oposición suspendidos del cargo.

La Mesa de Unidad Democrática condenó los secuestros, por parte del Sebin, de Antonio Ledezma y de Leopoldo López, quienes fueron sacados, a fuerza y empujones, de sus respectivas casas, donde cumplían arrestos domiciliarios. Acá, el comunicado completo.

En menos de 24 horas, el Sebin y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hicieron el trabajo a la facción radical del chavismo al ordenar detención de tres alcaldes opositores y arrestar a otros dos magistrados del TSJ nombrados legítimamente por la Asamblea Nacional.

La ONG se pronunció por el nuevo ataque a residencias Villa Latina y otras aledañas en Puerto Ordaz, donde el principal objeto de la fuerza pública es el castigo ejemplarizante a la comunidad.

Otro capítulo de excesos militares vivieron este jueves las familias de las residencias Los Mangos, Los Olivos y Villa Latina en Puerto Ordaz, en medio del paro cívico de 24 horas convocado por la MUD para rechazar la propuesta constituyente de Maduro. La protesta arrancó con varias trancas a lo largo de la avenida Atlántico que luego funcionarios de la GNB decidieron levantarlas a la fuerza, empleando gases lacrimógenos y perdigones que alcanzaron a vecinos. Foro Penal reporta seis detenidos en estos operativos.

Jueves, 06 Julio 2017 00:00

El pueblo en armas

Hoy estamos metidos en una lucha brutal y asimétrica con los hombres a quienes les entregamos las armas para que nos defendieran. Pensamos que podíamos confiar en ellos, no nos preparamos. Nos traicionaron, y hoy solo nos queda defender la Constitución.

Los jóvenes de ambas casas de estudio decidieron no ver clases y salir a cerrar la avenida Atlántico también rechazo a la visita del vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello.

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