Los jóvenes de ambas casas de estudio decidieron no ver clases y salir a cerrar la avenida Atlántico también rechazo a la visita del vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello.

Inicialmente la movilización opositora llegaría hasta el Destacamento 625, pero a raíz de la incursión y destrozos que la noche del jueves hicieron organismos de seguridad, decidieron acompañar y apoyar a los residentes de residencias Los Olivos y Villa Latina, quienes reiteraron los abusos cometidos por GNB, Dgcim y Sebin: daños a su patrimonio, detenciones arbitrarias, amenazas y terror psicológico con inscripciones en el piso y paredes. La dictadura también arrecia en Guayana.

En los allanamientos donde causaron destrozos a bienes de los residentes y detuvieron a al menos tres personas participaron funcionarios de la GNB, Dgcim y Sebin.

El estudiante de la UCAB fue imputado por instigación pública, aplicándosele como medidas de coerción la presentación de tres fiadores y régimen de presentación cada 30 días. Los otros dos detenidos también fueron imputados, requiriendo igualmente la presentación de fiadores, pese a que la Fiscalía no lo solicitó.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denuncia que los apresamientos han sido obra de la Guardia Nacional Bolivariana, además de las agresiones.

En la confrontación resultó herida otra persona que acompañaba al funcionario, ambos fueron detenidos por homicidio. El incidente ocurrió en el sector La Raya, del municipio Cedeño.

Los sujetos fueron apresados por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Subdelegación Ciudad Guayana.

El Presidente de la República insta a la dirigencia opositora a cesar “la violencia y la agenda golpista” pero evade su responsabilidad en garantizar la expresión política plural del país.

Los actos delictivos concentraron de inmediato la presencia de uniformados del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Guardia Nacional. Las protestas terminaron en paralelo.

El asesinato de Joel Alcalá, el posible restituido secretario general de Sutralúmina, retrotrae a un modo que durante 2002 a 2007 fue el método para dirimir conflictos en el ramo de la construcción; un proceder por el cual el estado Bolívar lideró la cifras de violencia al concentrar el 42,47 por ciento de los casos de sicariato sindical en todo el país.

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