La pugna armada por un yacimiento de oro en la población de Maripa deja seis fallecidos, entre ellos, el líder de una comunidad indígena. Se trata de un crimen que corrobora la conflictividad que el Estado no ha podido controlar, a pesar de haber ejecutado distintos proyectos como la reconversión minera. Por el contrario, los conflictos aumentaron a raíz del decreto del Arco Minero del Orinoco, que no solo ha dejado una devastación ambiental en la región sino también masacres como esta.

Hasta ahora han sido cuatro operativos los que realizó el Ejército en conjunto con la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el marco de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP). Aproximadamente 15 hechos violentos ocurrieron durante en el año en las minas del estado Bolívar.

El diputado Américo De Grazia afirma que el Estado ha dejado de percibir importantes reservas minerales producto de la ilegalidad de la actividad minera.

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