El reportero y criminólogo Bram Ebus investigaba el impacto ambiental de la explotación de trasnacionales en Puerto Ayacucho. Allí lo detuvo la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante unas horas. El hecho es otro capítulo de las políticas de oscuridad criminal sobre la explotación mineral del sur de Venezuela.

Los profesionales de esta área se reagrupan nuevamente. La Sociedad Venezolana de Ingenieros de Minas y Metalúrgicos (Svimm) estará presidida por Mónica Martiz Lizama.

El Ejecutivo transfirió el derecho de explotación, que estará vigente durante 20 años. Parguaza fue la primera compañía mixta en recibir este permiso a principios de año.

La designación en Gaceta Oficial no hace alusión a la junta interventora que regía a la deprimida estatal aurífera desde 2014.

Gold Reserve es la compañía privada que detenta el 45% de la empresa mixta Siembra Minera, que recibió luz verde para explotar oro esta semana. Además, se transfiere la propiedad u otros derechos sobre los bienes muebles o inmuebles existentes en el área delimitada en el municipio Sifontes.

“La inversión extranjera es bienvenida, pero siempre bajo control del Estado venezolano”, dijo el recién designado ministro de Desarrollo Minero Ecológico.

Las lágrimas que llenaron de dolor al pueblo de Tumeremo hoy siguen brotando del rostro de su gente. Un año después de la masacre de 17 mineros en la mina Atenas, la capital del municipio Sifontes sigue recordando con dolor aquel acto dantesco encubierto por un Estado cómplice de la violencia y la explotación ilegal de los recursos naturales. Un Estado que trata de eludir su responsabilidad en estos hechos tratando de enterrar la memoria con su política de olvido, su silencio, su desatención a las víctimas y alimentando la impunidad que sigue reinando en un pueblo arrodillado por el pranato minero.

Así como la masacre de Tumeremo, el Arco Minero del Orinoco cumplió un año de creación la semana pasada. Expertos en la materia minera y ambiental aseguran que el proyecto sigue siendo inviable, por las consecuencias ambientales y sociales que implica y la falta de seguridad personal y jurídica en la dinámica económica y política nacional.

La comisión especial de la Asamblea instó a la Fiscalía determinar responsabilidades a los autores materiales e intelectuales; sin embargo, esta ignoró informe de comisión.

La hondureña mantenía una lucha de resistencia a los proyectos inconsultos que afectan a las comunidades indígenas de su país, por lo cual fue asesinada por personas no identificadas hasta la fecha del 3 de marzo de 2016.

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