Viernes, 18 Noviembre 2016 00:00

Nelson Carpio: el rostro de la desaparición forzada en Ciudad Guayana

 
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La madre lleva un año buscando a su hijo La madre lleva un año buscando a su hijo Fotos William Urdaneta

Desde el 17 de noviembre de 2015, los familiares del joven no saben sobre él. Abogados que los acompañan continúan alertando sobre esta grave violación de derechos humanos que, según testigos, la perpetraron funcionarios de la PEB.

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Nelson Omar Carpio Guarisma cumplió un año desaparecido. Su familia no sabe de él desde que la mañana del martes 17 de noviembre de 2015 salió de su casa en una bicicleta que pidió prestada. Dijo que rondaría las adyacencias de la calle Arismendi, en San José de Chirica, lugar de su residencia.

La noticia sobre su desaparición llegó a su casa a las 8:00 de la mañana de ese día; una vecina fue quien llamó a su hermana mayor.

“Ella estaba en el porche y unas muchachas le preguntaron que quién era el que estaba parado en la esquina sobre la bicicleta (...) la vecina se metió a hacer el desayuno y cuando salió, las mismas chicas le dijeron que unos policías se lo habían llevado: era mi hijo”, relató Eladia Guarisma.

Desde entonces comenzó el calvario, dice su madre.

Abuso policial

Según el relato de las jóvenes que lo vieron por última vez, cuando iba llegando a un comercio chino de nombre Inversiones Mar y Sol, adyacente a la avenida Manuel Piar, fue interceptado por  cuatro funcionarios de la Policía del estado Bolívar, quienes según versión de dos vecinos del adolescente que se encontraban cerca del lugar, observaron cómo fue golpeado en la cabeza por estos uniformados, lo montaron en la patrulla identificada con un número cuyo dos primeros dígitos son 44, y posteriormente se dirigieron hacia la vía a Upata. 

Basado en los antecedentes históricos de su hijo, Eladia salió a buscarlo apenas se enteró que se lo habían llevado; primero fue al Centro de Coordinación Policial (CCP) La Victoria; después a Francisca Duarte y así siguió por Vizcaíno y Simón Bolívar. En cada uno de los comandos de la PEB le dijeron que no tenían procedimientos con algún adolescente que respondiera a las características del joven. Ya angustiada, la mujer siguió la búsqueda en la sede de la Policía Municipal de Caroní (PMC) de Chirica, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), los hospitales y hasta la morgue. Su punto final fue el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) donde le sugirieron acudir a la Fiscalía del Ministerio Público; para entonces ya había transcurrido un día.

Posteriormente se obtuvo información de que los funcionarios actuantes pertenecían al Centro de Coordinación Policial Ramón Eduardo Vizcaíno de la Policía del estado Bolívar donde se acudió infructuosamente. En esa comisaría niegan conocer el paradero de Nelson Carpio y si fue puesto a la orden de algún tribunal o fiscalía. Ante esta situación, los parientes acuden a periódicos locales a fin de visibilizar su búsqueda.

Lucha por justicia

Transcurrieron tres días para que la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de Derechos Fundamentales y la Fundación por la Dignidad de la Sagrada Persona que trabaja con la Iglesia Católica, se enteraran del caso.

El caso fue remitido a la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), asociación sin fines de lucro de esta localidad dedicada a la promoción, educación, defensa de los derechos humanos y la ciudadanía, que lucha por la reivindicación de los derechos humanos de las personas, que desde entonces ha acompañado, asesorado y asistido a Eladia y a Omar, padres del Nelson.

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“Nuestra labor como organización no gubernamental de derechos humanos ha sido asesorarlos y asistirlos para alcanzar justicia nacional e internacionalmente” afirma  Mairis Balza, coordinadora general de Codehciu.

Debido a la asesoría de esta organización los allegados al muchacho  descubrieron en poco tiempo que lo que a él le sucedió fue un caso grave de violación de derechos humanos, que legalmente se conoce como desaparición forzada. “Sufrimos mucho con el dolor de los demás, porque a diferencia de ellos, nosotros sabemos que nuestros familiares fallecieron”, comentó Cordero sobre el caso de la familia Carpio.

Yolvis Moreno, coordinador jurídico de Codehciu expresa que durante todo este año la organización no gubernamental ha acompañado y asistido a través de su coordinación jurídica todas las actuaciones pertinentes al caso: Denuncias ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de Ciudad Guayana en fecha 2 de diciembre de 2015, Habeas Corpus ante el Tribunal Primero de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, extensión territorial Puerto Ordaz, Sección Adolescentes de fecha 17 de febrero de 2016.

El caso fue remitido por Codehciu al Grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la ONU en el mes de marzo del corriente.

Avance de la investigación

Después de varios meses las pesquisas sobre la desaparición de Nelson van adelantadas, según informó su mamá. La Fiscalía Décima del Ministerio Público solicitó a la de Derechos Fundamentales el estudio minucioso del expediente; el proceso tardó un mes. Ese análisis permitió determinar la vinculación de cuatro policías estadales. En ese sentido, el caso fue remitido al Cicpc como órgano auxiliar de la Fiscalía, para que inicie las pesquisas contra los uniformados adscritos al Centro de Coordinación Policial (CCP) Francisca Duarte.

Esto no da garantía de que Nelson volverá a su hogar con vida, pero sí a que las averiguaciones conlleven al esclarecimiento del caso.

“Queremos que se haga justicia; ellos saben lo que hicieron y tienen que pagar por eso (...) a mi hijo le violaron sus Derechos Humanos”, agregó su papá.

Una violación de derechos fundamentales

La coordinadora general de Codehciu afirma que Nelson está sustraído del amparo de la ley y es víctima de la violación de derechos fundamentales como son la prohibición de la desaparición forzada de personas, el derecho a la integridad física, psíquica y moral, el debido proceso, la libertad personal y finalmente el derecho a la vida, consagrados todos ellos en la Constitución en los artículos;  45, 46, 49, 44 y 43 respectivamente.

En este sentido, es importante señalar la gravedad del delito que tiene carácter de delito continuado o permanente, lo cual tiene una importancia decisiva para determinar las responsabilidades de las autoridades del Estado porque significa en consecuencia que la acción penal y la pena que se imponga judicialmente al o los responsables no están sujetas a prescripción.

Las autoridades competentes deben dar respuesta de su situación y paradero a su familia que incansablemente y multiplicando su dolor y angustia sigue esperando que el Estado cumpla con sus obligaciones constitucionales.

Es responsabilidad del Estado venezolano el resguardo de la vida de las personas y el respeto de las garantías constitucionales y judiciales conforme a los presupuestos de un Estado de Derecho y de Justicia. De acuerdo con la Declaración Universal y otros tratados suscritos por Venezuela, donde se establece sin lugar a dudas que los Estados no pueden practicar, permitir o tolerar ese tipo de acciones.

Entonces, hay una clara violación a la Constitución, la Declaración Universal y las obligaciones contraídas por la República en este sentido.

El Estado venezolano existe para el resguardo de las personas, no para su desaparición. Esto es un elemento constitutivo del carácter constitucional, democrático y sometido a las leyes que se exhibe y que debe cumplirse.

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