Jueves, 14 Mayo 2015 00:00

Comisarías no tienen presupuesto para manutención de detenidos

 
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Hay presos que pagan su condena en las comisarías, a pesar de que son de reclusión temporal Hay presos que pagan su condena en las comisarías, a pesar de que son de reclusión temporal FOTO Pableysa Ostos / Archivo

En el municipio Caroní hay 10 centros de coordinación policial, varios de ellos albergan a personas detenidas.

Las bolsas van totalmente cargadas; unas llevan la comida, otras productos de higiene personal y una última los de limpieza. “Acá nos piden bolsas negras, cloro y todo ese tipo de cosas”, comenta una familiar de una de las detenidas. El motivo: la comisaría donde está recluida su pariente no cuenta con esos insumos. En la de Vizcaíno, por ejemplo, hay familiares que aseguran que la manutención mensual de una detenida llega a costarles 40 mil bolívares en alimentación, higiene, transporte y aportes a los funcionarios.

El presupuesto del 2015 para la Policía del estado Bolívar (PEB) es de 72.470.000 bolívares, de los cuales 10 millones son destinados a la rehabilitación de centros de coordinación policial.

Diariamente parientes no solo deben encargarse de lo que necesita su detenido, sino que también deben colaborar con lo que ameritan en la comisaría en la que permanecen. El presupuesto destinado a la Policía del estado Bolívar ni alcanza ni contempla la manutención de los apresados que purgan condena en estos recintos.

El municipio Caroní tiene 10 centros de coordinación policial (CCP), adscritas a la Policía del estado Bolívar de los cuales Guaiparo, Cachamay, Los Olivos y Vizcaíno albergan detenidos; en el resto del estado Bolívar hay otras 18 comisarías: Marhuanta y Agua Salada, en Ciudad Bolívar también operan como centros de reclusión preventiva.

El CCP Guaiparo tiene dentro de sus celdas alrededor de 300 presos; Vizcaíno 89 mujeres; el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas no menos de 100 reclusos.

El presupuesto de la Policía del estado Bolívar (PEB) para 2015 es de 72.470.000 bolívares: 71,69 por ciento destinado para la inversión social y 28,31 por ciento para gastos ordinarios y fundamentación de la institución gubernamental.

Este presupuesto no incluye comida para los arrestados, a pesar que de muchos pagan su condena en las celdas de comisarías y no en las cárceles. ¿Por qué? El Ministerio para Asuntos Penitenciarios los califica como centros de reclusión preventiva, por ello evade la responsabilidad con los privados de libertad que están en las comisarías.

“Al Estado le sale gratis tener un preso en una comisaría”, sintetiza una autoridad de la Policía del estado Bolívar, que por temor a represalias mantuvo en resguardo su identidad.

¿Qué cubre?

El Estado tiene una asignación para la PEB a través de la Gobernación del estado Bolívar para una distribución equitativa entre las comisarías. Este estipendio es para gastos administrativos.

“Todo corre por cuenta del Estado. Mensualmente nos envían material de papelería y todo lo que usamos”, afirmó uno de los directores de una de las comisarías en Caroní.

“Claro, no incluye comida para los presos, porque somos es un depósito preventivo y se supone que acá no puede haber una persona detenida por más de 48 horas, sin su debido proceso. Ese es el problema, pero creo que ya se está solucionando”.

El funcionario admite que algunos de los insumos tardan en llegar, “pero es por el mismo tema que se vive en el país: la escasez”.

Familias2Las familias son las encargadas de llevarle los alimentos a los presos

Ni para los presos, ni para ellos

Las comisarías no pueden darles comida a los reos porque no cuentan con comedores o cocinas, a excepción de Vizcaíno, donde las reclusas cuentan con una pequeña cocina donde ellas mismas preparan sus alimentos y porque la ley no los califica como centros de reclusión.

“En el presupuesto está incluida una parte para la comida de los funcionarios. Nos envían los alimentos para un mes, el problema es que esta solo nos dura 20 días”, agrega. “Para el resto de los días toca resolver, eso es lo que nos toca hacer. A veces nos toca comprarla”.

La otra realidad

Otro alto funcionario de la PEB recalca: “A uno lo llaman para que vaya a buscar las cosas y toca agarrar lo que le den. Si hablamos de requerimiento en el municipio Caroní hay 10 CCP, cada una como mínimo debería tener tres patrullas y si acaso se llega a una o dos. Si se acaba lo que te dieron en el mes o no te dieron algo de lo que necesitas uno mismo debe gestionarlo con su bolsillo”.

“De no ser por la ayuda del comerciante ya sea chino, turco, o de cualquier otra nacionalidad o el empresario, uno no sobreviviría, porque prácticamente los gastos los costea uno”.

“Tenemos muchas debilidades y carencias, pero igual damos la cara. Vamos y hacemos lo necesario por brindar seguridad… No todo es bonito en la Policía”.

BARRA6200

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Para contrastar y profundizar en el tema del presupuesto de las comisarías y de la manutención de los presos y detenidos, de la asignación del Estado y del alcance del Ministerio para Asuntos Penitenciarios para cubrir los gastos de los presos en las comisarías, el equipo reporteril de Correo del Caroní se comunicó con el director de la PEB, general Juvenal Villegas, sin entrar en detalles, esta fue su respuesta:

"El pasado año (el presupuesto) fue de 70.875.736,76 bolívares. Este año incluye el plan de inversión para uniformes y calzado, chalecos antibalas, equipos de radio comunicación, mobiliarios y equipos de alojamientos, así como la recuperación de los CCP”.

El sistema

El abogado y criminalista Fermín Mármol García explicó que cuando surgió el Código Procesal Penal el 1 de agosto de 1998, que entró en vigencia el 1 de septiembre de 1999, se esperaba que el sistema policial dejara de tener sitios de reclusión.

“Se considera que el policía por un lado no es carcelero o penitenciarista, y por el otro que el mismo procedimiento penal caía en consecuencia de que en un lapso de 48 horas, en aquel momento, se colocara a disposición de un juzgado de control al privado de libertad para que el tribunal decidiera si iba a continuar el proceso: privado de libertad o con una medida cautelar sustitutiva. De quedar privado de libertad se ordenaba inmediatamente su traslado a un sitio de reclusión previsto en el sistema penitenciario”.

Mármol García expresó que “durante el transitar de la revolución bolivariana, lamentablemente no se construyeron las cárceles que necesita el país. Al contrario, se fueron cerrando centros de reclusión, sin multiplicar los necesarios. En el país existe un hacinamiento de más de 200 por ciento. El sistema penitenciario generó que los cuerpos policiales volvieran a la época de ser carceleros… ser definitivamente sitios de reclusión”.

El abogado enfatizó que esta situación ha generado que los cuerpos policiales tengan en minusvalía a esos privados de libertad, en vista de que en las comisarías no se cuenta con comedores, cocinas, suficientes baños y ventilación, entre otros factores.

Como algunas de las soluciones el jurista propone que las cárceles sean manejadas por gobernadores y alcaldes de cada región, recuperando así el Estado de Derecho, situando al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario como un órgano rector. “Se deben construir cárceles modernas”.

     
 

Vía crucis familiar

“Ya algunas presas no se le acercan porque huele mal”, comentan algunos familiares a las afueras del CCP Vizcaíno, una de las reclusas es una mujer de más de 50 años. Tiene cáncer en estado terminal. No hay esperanzas de que le otorguen una medida humanitaria. Pasa sus últimos días en una de las celdas de esa comisaría junto a 88 féminas más. Está presa por el cargo de droga; sus parientes costean las medicinas que necesita.

En el mismo centro está una joven embarazada de unos seis meses. Su familia vela por ella y por su hijo. “Duermen como chorizos o salchichas, una al lado de la otra, apretaditas, al menos deberían aumentar la capacidad o espacio del sitio en el que duermen”, relatan sus allegados.

 
     
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