La incautación de la principal filial de Pdvsa en Estados Unidos podría ser un primer paso hacia la venta de la empresa, valorada en 10.000 millones de dólares. La minera canadiense reclama 1.400 millones de dólares como parte de una compensación por las pérdidas sufridas tras la expropiación de sus concesiones e inversiones.

La medida, que no se ha concretado aún, se extenderá hasta tanto “se creen las condiciones” para una acogida humanitaria en el estado de Roraima, a donde migran cientos de venezolanos en busca de mejores condiciones de vida. 

El diario está obligado a pagar mil millones de bolívares al primer vicepresidente del PSUV por replicar una información de ABC (de España) sobre sus vínculos con el narcotráfico.

El equipo jurídico de Codehciu denuncia que el juez 1° de Control del estado Bolívar, Carlos Oronoz, otorgó al oficial Christian Santamaría una medida sustitutiva de privativa de libertad violando lo estipulado en el artículo 491 del COPP y también las exigencias del Ministerio Público en el caso de la desaparición forzada del adolescente Nelson Carpio, en San Félix.

La justicia estadounidense condenó este jueves a 18 años de prisión y a pagar una multa de 100 mil dólares a los primos Francki Flores y Efraín Campo Flores. De acuerdo con información recogida por la cadena Univisión, el órgano acusador solicitó 30 años de prisión y la defensa planteó una pena mínima de 10.

ONG Acceso a la Justicia alerta que el Gobierno ha institucionalizado esta práctica mediante otros recursos como la demanda por difamación, para arremeter contra los derechos civiles de quienes son críticos con la gestión estatal.

El Tribunal Quinto de Control Militar otorgó la libertad condicional a los 27 estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Maracay, detenidos desde el 4 de julio por participar en las protestas opositoras.

Ser juzgado por el juez natural es una garantía constitucional consagrada en el artículo 49 numeral cuarto de la Constitución Nacional y reconocida como un derecho humano en diversos tratados o convenios internacionales suscritos por la República.

Supuestas irregularidades en campañas electorales son el talón de Aquiles judicial de Ollanta Humala y de su influyente esposa, Nadine Heredia, quienes recibieron 18 meses de prisión preventiva.

La medida judicial contra los jóvenes guayaneses detenidos en protestas contra la Constituyente y recluidos en un internado judicial de alto riesgo como El Dorado había sido objeto de repudio regional y nacional. Si bien el proceso penal se mantiene intacto, los 31 apresados serán trasladados a unos salones del Centro de Coordinación Policial (CCP) Guaiparo en San Félix, donde estará más cerca de su familia. Las boletas fueron emitidas, confirmaron fuentes del Poder Judicial y el Foro Penal Venezolano.

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