El vicerrector de la institución afirmó que el presidente de la República, Nicolás Maduro debe acatar el llamado de la Conferencia Episcopal Venezolana de no seguir adelante con la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente.

La ONG ofreció un balance de los 100 días de protestas de la oposición en la entidad, reflejando que han sido 200 aprehensiones, de las cuales 50 personas aún permanecen privadas de libertad.

El secretario de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor Víctor Basabe, afirmó que la consulta soberana convocada por un amplio sector de la vida nacional no solo es un proceso legítimo, contemplado dentro de la Constitución y formalizada con la aprobación de la Asamblea Nacional (AN), sino que funge de herramienta canalizadora del gran clamor popular que exige respeto a sus derechos como garantía de su dignidad como seres humanos.

Oswaldo Britt murió la tarde de este martes al ser arrollado por un camión de Hidrobolívar mientras manifestaba contra la fraudulenta convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Y aunque las circunstancias del arrollamiento no están claras, lo cierto es que el gobernador del estado, Francisco Rangel Gómez, mostró más preocupación por el camión incendiado que por la muerte del joven, y por los seis detenidos durante la represión de la Policía y la GNB, que también estuvo presente.

En el día 99 de resistencia contra las tropelías del gobierno de Nicolás Maduro, devenido en tiranía, el Tribunal Supremo de Justicia anunció la  medida de casa por cárcel para el responsable nacional de Voluntad Popular. La sociedad democrática celebró la medida con la cautela de que las metas son: la libertad plena de más de 419 presos políticos, que la calle debe seguir activa, que debe haber justicia para más de 90 asesinados en las protestas y que el plebiscito contra el fraude constituyente debe ser una contundente manifestación del país que quiere cambio.

Con la muerte en Táriba de Engelbert Duque, de 25 años, son 91 los asesinados durante las protestas en contra de la represión del gobierno antidemocrático de Nicolás Maduro.

 Los abogados Ezequiel Monsalve, del Foro Penal, y Mairis Balza de Codehciu coinciden en la violación de DD HH durante las represiones en zonas residenciales, no solo por parte de la GNB, también civiles armados, presumiéndose que puedan tratarse de grupos parapoliciales o personal de inteligencia militar actuando sin identificación.

Los estudiantes alegan que por la situación del país no han podido ver suficientes clases como para aprobar las materias, y solicitan poder retirarlas para no calificar como aplazados cuando se apliquen evaluaciones.

Fue enfático Nicolás Maduro el martes: lo que amenace la revolución será blanco de las armas. Y esa amenaza es, a su juicio, el pueblo que no cree en su proyecto autoritario ni en su Constituyente que anuncia la demolición del Estado. Contra ese pueblo arremetió otra vez esta semana, la que cierra con ocho asesinados. La misma que, en un día, el miércoles, acumuló cinco víctimas. El horror, en forma de colectivos, guardias y policías, acabó con dos vidas este viernes en Barquisimeto. Ese horror que hoy, como nunca, es política de Estado.

La Fiscalía General de la República no solo sigue dando muestras de institucionalidad, sino de su entereza ante las amenazas de linchamiento de la dictadura de Maduro. Por ello, además de imputar al ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), José Benavides Torres, por la presunta comisión de violaciones de derechos humanos durante las protestas de 2017, solicitó a la Asamblea Nacional la ratificación del vicefiscal, Rafael González Arias.

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