Caroní fue de los cinco municipios del país con más manifestaciones de calle, según el último informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.

A un año de las protestas de 2017, madres de expresos políticos recuerdan la agonía que pasaron al tener a sus hijos detenidos arbitrariamente y sin garantías de respeto a sus derechos humanos. Maltratados, juzgados por tribunales militares, enviados a la cárcel de El Dorado, enfermos de paludismo, forman parte de los casos de estudiantes que fueron privados de libertad por protestar: es otra de las aristas a la luz de los doce meses de aquellos días de gestas de calle pero, también, de las sombras que cayeron sobre muchas familias y sobre un país.

A un año de las manifestaciones de 2017, dirigentes juveniles defienden la lucha de calle que lideraron y que logró poner a Venezuela ante la mirada de la comunidad internacional. Reconocen que en su momento hubo una verdadera unidad en la oposición, pero falta de conducción, estrategia y hasta propios intereses enfriaron esa lucha que dejó decepción en el ciudadano. Sin embargo, ante una crisis mucho mayor, no descartan una nueva movilización con el agregado de las protestas espontáneas que se han dado en la colectividad.

La Asociación civil Defensa por los Derechos Civiles cuestionó la dictadura por condenar a los ancianos a mendigar para cobrar lo que, por derecho, les corresponde.

En un documento de 266 páginas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos detalla la forma en la que el chavismo hundió las libertades y las condiciones de vida del pueblo venezolano.

Falta de transporte, salarios paupérrimos y un ambiente laboral hostil, con exceso de trabajo y escasez de implementos para trabajar, son las principales deficiencias que llevan al personal de los hospitales del IVSS a presionar con una medida tan radical, cansados de ser ignorados por el Estado.

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social resaltó en su informe mensual que las manifestaciones de calle se incrementaron 40 por ciento en comparación con el año pasado.

Informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contabiliza 714 protestas en todo el país, cifra que supera en 86% a enero de 2017.

El problema de la falta de combustible al sur del estado Bolívar lleva tiempo. Esta vez la ciudadanía, junto con las comunidades indígenas, trancó la entrada de la localidad para reclamar respuestas por las irregularidades en el servicio y exigir el cambio en la administración.

La CPI inició una serie de exámenes preliminares para determinar las responsabilidades del régimen y de sus funcionarios en los saldos rojos que dejaron las protestas de 2017, reprimidas con bestialidad durante un lapso de cuatro meses. La comunidad internacional y las voces democráticas venezolanas aplaudieron la medida que supone un primer paso para la eventual consecución de justicia y a partir de responsabilidades individuales, algo que difícilmente se logre con la justicia secuestrada por el chavismo.

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