La solicitud al Ministerio Público, interpuesta el pasado 19 de mayo, da cuenta de las deficiencias de infraestructura y la falta casi absoluta de medicamentos dentro del recinto.

La asociación civil Defensa por los Derechos Civiles también solicitará al Ministerio Público investigar a la Guardia Nacional y a Antonio Benavides Torres por crímenes de lesa humanidad.

El gobernador de Miranda aseguró que es una estrategia orquestada por Diosdado Cabello para deslegitimar a la fiscal general de la República, quien en los últimos días se ha pronunciado en contra de la represión desmedida de los cuerpos de seguridad del Estado.

Por los delitos de conspiración para destruir la forma política republicana de la nación venezolana y violación de tratados internacionales, con las polémicas sentencias 155 y 156, hecho que obliga a la fiscal general a iniciar una investigación en contra de sus autores y partícipes.

Desde el 19 de abril se han intensificado los ataques en contra de los reporteros en contextos de protestas. Requisas, amenazas, detenciones y hasta robos de equipos han padecido los comunicadores.

Domingo, 21 Mayo 2017 00:00

Carta a la fiscal 35

La profe Luisa le escribe a la fiscal designada por el Ministerio Público para investigar la denuncia de un caso de tortura a un niño wayúu de 11 años.

Este viernes introdujeron un documento en la Fiscalía Superior denunciando “no tener condiciones mínimas para el acto médico” y que se determinen responsabilidades por la sostenida falta de antibióticos, reactivos e inoperatividad de los quirófanos.

En vez de ser garantes del debido proceso a través de una tutela judicial efectiva y el control judicial, los titulares de los tribunales de control de Ciudad Guayana han perjudicado a los imputados obrando en contra de la legislación venezolana, principal pilar de un Estado de Derecho cada vez más desdibujado de lo establecido en la Constitución nacional.

Según números del SNTP, hasta el 5 de mayo se habían registrado 201 agresiones en contra de trabajadores de la prensa a nivel nacional, siendo el 80% de estas perpetradas por la GNB.

El estudiante de la UCAB fue imputado por instigación pública, aplicándosele como medidas de coerción la presentación de tres fiadores y régimen de presentación cada 30 días. Los otros dos detenidos también fueron imputados, requiriendo igualmente la presentación de fiadores, pese a que la Fiscalía no lo solicitó.

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