La oposición se esfuerza por reactivar a la ciudadanía y que el descontento del día a día sirva para reforzar la protesta política. Sin embargo, los desaciertos prevalecen todavía en los ciudadanos a quienes les gana la desconfianza, frente a la incertidumbre que ha sembrado el régimen sobre el país.

La semana pasada el diputado Américo De Grazia y organizaciones indígenas responsabilizaron al ELN del asesinato de cinco pemones al sur del estado Bolívar para desplazar a la comunidad de los yacimientos auríferos.

El diputado Américo De Grazia informó en la noche de este jueves que un grupo de indígenas cerró la troncal 10 a la altura de San Luis de Morichal (Sifontes) para exigir la entrega de los cuerpos y el cese de los crímenes contra la etnia.

Desde el martes, un grupo protesta en Guasipati (municipio Roscio) para visibilizar los asesinatos de 20 personas. Apuntan, además, que hay una organización responsable: el Ejército de Liberación Nacional.

La Corporación Eléctrica Nacional prometió este viernes un transformador para reponer el equipo dañado en la subestación que surte a la localidad del municipio Piar, informó la directora general de la Alcaldía. Hoy el apagón llega a su sexto día, evidencian la incapacidad del régimen para enfrentar esta crisis y los efectos de la corrupción.  El diputado Américo de Grazia denuncia que los pobladores de esa localidad se inhiben de protestar por miedo a los pranes, mientras que una falla de internet les impide quejarse por redes sociales.

Cuatro de los 12 fallecidos fueron identificados. Uno de ellos era solicitado desde noviembre de 2016 por homicidio. Aún hay ocho cadáveres que no han sido reconocidos luego de esta masacre que, según el diputado Américo De Grazia, ha desatado protestas de las familias porque niegan la tesis oficial del enfrentamiento. Mientras tanto, hay mutismo por parte del Gobierno y ningún interés del Ministerio Público por investigar este derramamiento de sangre vinculado a la extracción ilegal de oro.

Ante un Nicolás Maduro que declara una guerra a muerte a sus adversarios, trata de chantajear con aumentos salariales y coacciona a los trabajadores a participar en las elecciones de la constituyente, la institucionalidad que representan la Asamblea, el Ministerio Público y las universidades impusieron esta semana la lógica de la civilidad ante la arremetida dictatorial. El gran acuerdo nacional a partir del plebiscito ofrece al país lo que podría ser una de las últimas oportunidades de oxigenar la democracia.

Su imagen, no es exagerado decirlo, recorrió el mundo: ensangrentado en el suelo, Américo De Grazia se convirtió en el herido icónico del asalto del 5 de julio a la Asamblea Nacional por parte de una pandilla oficialista. Ahora en recuperación, reflexiona sobre el escenario a final de mes, en el que concibe el plebiscito no solo como un acto de desobediencia civil, sino de legitimación ciudadana de la intervención de las fuerzas armadas, en el marco de la Constitución, para sentar las bases de un gobierno de transición.

La medida judicial contra los jóvenes guayaneses detenidos en protestas contra la Constituyente y recluidos en un internado judicial de alto riesgo como El Dorado había sido objeto de repudio regional y nacional. Si bien el proceso penal se mantiene intacto, los 31 apresados serán trasladados a unos salones del Centro de Coordinación Policial (CCP) Guaiparo en San Félix, donde estará más cerca de su familia. Las boletas fueron emitidas, confirmaron fuentes del Poder Judicial y el Foro Penal Venezolano.

Alcaldes, diputados y concejales acudieron a la cárcel de El Dorado, acompañando a parientes de privados de libertad por protestar, quienes esperaban poder visitarlos y constatar las condiciones en que se encuentran.

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